Con una movilización repleta de expresiones culturales la comunidad de La Boquilla, Cartagena, respaldó al Consejo Comunitario de esa localidad en su lucha por defender la titulación de 39 hectáreas que les fueron adjudicados años atrás y que un Tribunal de Bolívar pretende quitarles con un acto administrativo. Compartimos la mirada de la investigadora del Cinep/PPP Leidy Laura Pernet.
“Viene la ola
La Boquilla está en la zona
Tierra nuestra, la defendemos ahora
¡Gente negra!
¡Resistencia!
Ponte pilas que se quedan con la tierra”.
Estrofa adaptada de la champeta “La Marea”.
La Boquilla es una comunidad negra al norte de Cartagena. Entre la Ciénaga de La Virgen y el mar Caribe se ubica esta población que, históricamente, ha sido integrada por pescadores, masajistas, restauranteros y restauranteras, entre otras personas que desempeñan oficios vinculadas al mar y la cría de animales. En 2012 el Consejo Comunitario de La Boquilla logró la titulación colectiva de 39 hectáreas baldías, adjudicadas a 10 mil familias. La entrega de esta titulación hizo parte de la agenda de la Cumbre de las Américas, que en ese año tuvo lugar en Cartagena.
Sin embargo, el pasado 31 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró, en primera instancia, la nulidad de la resolución 0467 a partir de la cual se otorgó dicha titulación. Esa sentencia constituyó un retroceso para los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras que han sido reconocidos a partir de la acción política de los movimientos sociales. Además, desconoce que estas comunidades son sujetas de especial protección.
El derecho a la propiedad colectiva del territorio parte de reconocer la presencia ancestral de estas comunidades en el mismo, haciéndolo habitable, construyendo colectivamente relaciones productivas, reproductivas e identitarias que han posibilitado su vida ahí; de manera que, de ser expulsadas, su pervivencia material y cultural se pondría en riesgo. La titulación colectiva opera también como una forma de protección para garantizar la permanencia en el territorio, conforme a los planes de vida y la autonomía organizativa de las comunidades, ante la arremetida de los megaproyectos.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, niega este avance en derechos para las gentes negras, sujetas de especial protección constitucional, y desconoce toda la normatividad internacional y nacional. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, en su artículo 13 al 16 establece, entre otros aspectos, que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos tiene su relación con la tierra o territorios, reconocer la propiedad sobre el mismo, así como sus derechos sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley 70 de 1993, en su artículo 55 transitorio, también reconoce el derecho al territorio colectivo.
El fallo citado da cuenta del racismo estructural con el que ha operado el desarrollo turístico e inmobiliario en la ciudad, que hoy amenaza con despojar a la comunidad negra de La Boquilla, que se encuentra rodeada de grandes hoteles y edificios residenciales con vista al mar, interesados en adquirir los baldíos titulados para comercializar este suelo. Esto no es nuevo en Cartagena, que ha aplicado la segregación racial del espacio como parte del ordenamiento urbano y la modernización de la ciudad; todo un proyecto de higinienización y estetización tremendamente racista. Muestra de ello fue la desaparición en 1939 de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, los primeros barrios afro y populares extramuros, ubicados alrededor de la muralla; esto con la intención de construir la hoy llamada Avenida Santander. Igual suerte corrieron las familias negras asentadas en Chambacú –barrio ubicado a menos de 100 metros del centro histórico- que en 1971 fueron desplazadas hacia diferentes barrios periféricos al sur de la ciudad.
Pese a esto, las comunidades negras siguen resistiendo a estas políticas racistas de la planeación del “desarrollo” en Cartagena. El 2 de septiembre el Consejo Comunitario radicó la apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta acción se acompañó de una Gran Expresión Cultural, que movilizó a la comunidad boquillera, así como a los consejos comunitarios de otras comunidades negras y raizales, movimientos y organizaciones sociales, que agenciaron una juntanza para defender el territorio contra el despojo, el acaparamiento de tierras y la gentrificación. A través de tambores, cantos, y con usos creativos del cuerpo, las voces se unieron para afirmar ¡Yo no me voy, aquí me quedo! entonando la canción de Yadira Gómez, la cantautora de La Boquilla reconocida como Chamaría de los Manglares:
Yo no me voy, aquí me quedo
Esta tierra es mía, aquí me quedo
A cría gallinas, marrano y carnero
En esta movilización, que apeló a la potencia política de lo festivo, los cuerpos –cuidándose entre sí en medio de la pandemia- se vincularon a través de una cabuya que simbolizó la tralla utilizada por los pescadores: todas y todos jalando hacia una misma apuesta política. Este fallo de nulidad ha constituido una oportunidad de seguir fortaleciendo las articulaciones en Cartagena en favor de la permanencia digna en el territorio.
