A partir del 28 de abril de 2021, se dio inicio a una gran movilización social, convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Ante las justas protestas de la sociedad colombiana, el gobierno nacional implementó un sistema represivo profundamente antidemocrático que trató a los ciudadanos como delincuentes o enemigos de la seguridad del Estado, sustentado en la idea de concebir a la ciudadanía que propende por los derechos de todos y todas sean respetados, garantizados y los bienes y el poder equitativamente compartidos —con la idea de una utopía solidaria— como delincuentes y como objetivos de señalamiento y seguimiento; ejemplo de ello fue y es la estigmatización, la amenaza, la detención y la judicialización arbitraria de los y las jóvenes de la Primera Línea.

La estigmatización como política de Estado da cuenta de la multiplicación de judicializaciones y detenciones contra quienes se movilizaban, del miedo a la exigencia de derechos fundamentales y a la deslegitimación de la protesta social a través del reforzamiento de la política estatal represiva y criminal.