Al cierre de la visita, se conoció que Carbones del Cerrejón ignorará la sentencia de la Corte Constitucional que protege el arroyo Bruno, anunciando que darán paso a la explotación de carbón que continuará depredando el ecosistema y aumentando el daño y riesgo de extermino del territorio y los pueblos indígenas y afros.
Este 6 de abril, en medio de la visita de los parlamentarios europeos a La Guajira, la Directora Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, comunicó mediante mail que la Mesa Técnica Interinstitucional -de la cual hace parte la empresa Carbones del Cerrejón- determinó que el arroyo Bruno permanecerá desviado en el canal artificial dando así paso a que se ejecute el plan de la compañía transnacional de dinamitar el ecosistema de un tramo del cauce natural del arroyo para expandir la explotación de carbón. Los pueblos indígenas y afros, organizaciones defensoras de derechos humanos y los delegados políticos del parlamento de Reino Unido rechazan esta decisión que desconoce la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017.
En la visita de delegados de países europeos a Colombia se comprobó cómo el cerro Cerrejón pasó de lugar sagrado a zona de sacrificio de los pueblos indígenas: Los impactos territoriales ocasionados por Carbones del Cerrejón Limited dejan a 35 comunidades indígenas y afroguajiras desplazadas por la expansión del proyecto minero; cerca de ocho viven en confinamiento, otras despojadas y desarraigadas de sus prácticas culturas y redes de solidaridad.
“Los impactos acumulados y sufrimientos cotidianos que padecen las personas y la naturaleza en zonas de sacrificio terminan en una muerte lenta y silenciosa del territorio de la cual nadie asume responsabilidades”, explicó el equipo de investigadores del Cinep a los parlamentarios.
Que liberen el arroyo Bruno desviado de su curso original casi cuatro kilómetros, que cesen los territorios de sacrificio y que haya respeto por la vida son el clamor de las comunidades étnicas a los Parlamentarios británicos e irlandeses que están de visita en La Guajira para conocer el accionar de Cerrejón Colombia. Además, los líderes y pueblos hacen un llamado a la comunidad internacional para que se implementen proyectos que mejoren la calidad de vida para las mujeres wayúu y afro y sus comunidades, que haya reparación integral de los territorios ancestrales, cumplimiento de acuerdos e impulso a proyectos productivos.
“Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones le dio sustento a las comunidades que aquí habitan, y cómo estas comunidades se relacionan con el medio ambiente, también soy consciente de las decisiones que tomamos en Irlanda y el carbón que hemos consumido de El Cerrejón durante 20 años. Tenemos una responsabilidad con estas comunidades, no podemos ser indiferentes, por eso estamos aquí”, afirmó durante el recorrido Gary Gannon, del comité de asuntos exteriores de Irlanda.
Acompañados de las organizaciones indígenas: Consejo Territorial de Cabildos Indígenas-CTC, la Organización Indígena Kankuama, Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona Owybt, OWYBT del Pueblo Wiwa, Pueblo Arhuaco Confederación Indígena Tayrona, CIT y el Pueblo Kogui; así como de ABColombia, Cinep / PPP, Cajar, Censat, las comunidades han expresado su dolor y su lucha. Los afrodescendientes de Tabaco buscan la reparación de sus tierras en las mismas condiciones productivas en las que estaban hace más de 20 años; las mujeres de la comunidad del resguardo Provincial luchan por garantizar la salud de sus niños y niñas y mejorar sus condiciones económicas. Laura Brito, mujer wayúu, lideresa del resguardo Provincial, pide “a la sociedad nacional e internacional que se piense de dónde está saliendo el carbón con el que se iluminan y calientan sus casas”.
Mientras los países europeos están implementando procesos de descarbonización de sus economías, en Colombia, se sigue promoviendo la expansión de la frontera minera y en particular del carbón. La operación minera de Cerrejón va hasta 2034, lo que tendrá incidencia en el cambio climático, aumentando enfermedades relacionadas con el calor y la contaminación, afectando la soberanía alimentaria y dificultando aún más el acceso al agua en La Guajira. Modificar esta situación y realizar compensaciones es una responsabilidad de múltiples actores, entre ellos, los que se han beneficiado del mercado del carbón: Coal Marketing Company -CMC comercializadora de Cerrejón con sede en Dublín o la empresa estatal irlandesa Electricity Supply Board -ESB compradora del carbón colombiano por años.
En la comunidad afrodescendiente de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (La Guajira), la empresa turca Best Coal Company, filial de Yilmaden Holding, está avanzando en un proceso de licenciamiento para explotar carbón a 750 metros de su centro poblado. “Este conglomerado contempla dos minas a cielo abierto y una subterránea, junto con la construcción de una línea férrea de 150 km que conectaría al complejo minero con un puerto en el municipio de Dibulla, por donde se exportarían anualmente treinta y cinco millones de toneladas de carbón”, explica Cinep.
La avanzada de la compañía turca pondría en riesgo un manantial que se encuentra en una zona de reserva forestal protectora y que sus aguas son usadas para el consumo y permite la producción de alimentos para la región. La empresa BCC ha empezado a comprar tierras usadas tradicionalmente para la producción agropecuaria. La comunidad ha prendido las alarmas sobre los daños socioambientales que llegarán. Huges Martínez, líder y cantautor, denuncia “el ecogenocidio y desarraigo llegará a las 79 mil hectáreas, afectando no solo a la comunidad sino a las 113 especies que habitan los ecosistemas y sus recursos hídricos” .
En los próximos días, la delegación conversará con los pueblos indígenas sobre la falta de implementación del Decreto 1500 de 2018: no se ha instalado la mesa de seguimiento y coordinación, y se continúa la afectación de los espacios sagrados de la línea negra, como la destrucción del espacio sagrado la Mina -Minakalwa- Manalwe Ati Selomina Laminaja, o Cerro Hurtado, detrás de casa Indígena en la ciudad de Valledupar.
INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Tras cuatro décadas en funcionamiento, la mina Carbones del Cerrejón acumula sentencias judiciales que la condenan por convertirse en el principal agente depredador del ecosistema del sur de La Guajira, y responsable del exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos de la misma región.
“Carbones del Cerrejón ha sido condenada en más de siete oportunidades por tribunales judiciales1, así como sancionada por instituciones de control en varias oportunidades. La transnacional fue responsabilizada cuatro veces como empresa contaminadora del agua, cinco veces por degradar gravemente el ambiente, cuatro más por las afectaciones que su actividad causa en la salud de las poblaciones aledañas en especial de los niños y niñas, dos veces por haber despojado comunidades vulnerables indebidamente, y por lo menos otras cuatro donde se estableció que omitió deliberadamente la realización del derecho fundamental a la Consulta Previa” , explica el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que también acompaña la Visita por la Vida.
La mina, hoy en manos de la multinacional suiza Glencore, utiliza en su operación 24 millones de litros de agua al día, lo que sería suficiente para alimentar a 150 mil personas. Cerrejón ha desaparecido más de 17 arroyos e intervenido unos 30, entre ellos el arroyo Bruno que, para Misael Socarras Ipuana líder de la comunidad La Gran Parada, es vida, y por eso pide que se retorne el cauce y que “levanten el tapón porque necesitamos el agua para retomar la vida, la de los animales y la nuestra”.
En la media Guajira es cada vez más difícil acceder a agua dulce, hoy en día se debe cavar hasta 30 metros de profundidad cuando años antes el líquido aparecía a cinco metros. Aura Robles, de la comunidad Wayuu de Paradero, narra como a las comunidades “nos toca consumir agua contaminada, que no es apta para el consumo humano, por eso las enfermedades y la desnutrición, pero el gobierno no ha sido capaz de ayudar y ha sido permisivo con los controles, con las grandes empresas”.
1. Sentencias Corte Constitucional SU-698/17, T-704/16, T-256/15, T-528/92; Corte Suprema de Justicia 13/09/12, 0014-01 del 07 de mayo de 2002; Consejo de Estado: 2016- 00079 del 13 de octubre de 2016; Juzgado Promiscuo de Barrancas: 2015-00473.
A continuación el comunicado:
Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.
