Recurso 1

Audiencia con la CIDH por los derechos de las víctimas

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo “en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos”. 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un “alivio judicial” a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder “alivio judicial” significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.