“Una juventud que históricamente ha sido vulnerada”, así tipificó Julián Rodríguez Sastoque, candidato joven a la lista del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, el papel de los jóvenes en la política colombiana en la Mesa de Trabajo: “Los jóvenes se toman la política”, un encuentro de jóvenes políticos con jóvenes investigadores del Cinep/PPP en el que intercambiaron visiones sobre la política y reflexionaron sobre la situación de los jóvenes políticos en Colombia.
Esta vulneración se demuestra con las cifras de desempleo, asesinato y estigmatización, en específico, en los jóvenes rurales. Según Diego Bulla, Tatiana Bahamón y Camila Carvajal, investigadores del Cinep, los jóvenes ruralles alcanzan las tasas más bajas de escolaridad donde la mitad no alcanza a superar el quinto grado, poseen condiciones precarias de trabajo, el 8% de los hombres y el 42% de las mujeres hacen parte de los llamados nini (ni estudian ni trabajan), 40% vive en situación de pobreza y el 16,7 % en condiciones de indigencia. Adicionalmente, sufren condiciones de inseguridad y desprotección que los hacen dejar su territorio, debido a distintos factores como la persecución por consumo de sustancias psicoactivas, los repertorios de violencia selectiva y la estigmatización.
Para subsanar este hecho, se creó la Ley 1622 de 2013 que buscó establecer un marco institucional de la ciudadanía juvenil, el goce efectivo de los derechos, la adopción de políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades y condiciones de igualdad de acceso que favorezcan su participación e incidencia en la sociedad. Sobre este asunto intercambiaron opiniones los distintos candidatos que participaron del espacio que coincidieron en que la Ley ha sido insuficiente.
En este sentido, Julián Rodríguez afirmó que “la ley creó el sistema nacional de juventudes, creó todas las instancias para reivindicar los derechos sociales y culturales, pero dejó el vacío legal en el tema de cómo elegir los concejos [de juventud]”. Esto generó, según el joven político, que estos cargos dependieran de relaciones clientelistas del político de turno “entonces ponen al hijo del alcalde a que maneje el tema de juventudes o al hijo o sobrino de un político que tiene mucho poder”.
Ahora bien, la aplicación de la ley también presenta complicaciones, pues se necesita la creación de políticas públicas que hagan posible el paso del papel a la realidad. Para Jorge Calero, candidato al Concejo de Buga, Valle del Cauca, “el rol y la tarea importante que tenemos como jóvenes es intentar establecer en las agendas municipales y departamentales, incluso desde las campañas, la construcción de políticas públicas que entren a solucionar problemas de fondo y no se den únicamente en la dimensión de indicadores [como pasó en su departamento donde] se estableció una política para medir cuál era el rol de la participación de los jóvenes y eso es simplemente un trabajo de investigación”.
Con la ley también se brindó la oportunidad de acceder al goce efectivo de los derechos a los jóvenes de manera independiente; sin embargo, para Felipe Ramírez, integrante de la Red Juvenil Cuma de Soata, Boyacá, la aplicación de esta es inefectiva si no se conoce, “cómo van a pelear sus derechos, cómo van a saber sus deberes si no hay una socialización y, sobre todo, en zonas rurales de los departamentos”.
Por su parte, Gabriel Prada, dos veces concejal y candidato a la alcaldía Zipacón, Cundinamarca, concuerda con la visión de Calero, “de nada nos sirven las políticas públicas si en la realidad estas no se aplican”; sin embargo, Diego Valero, candidato a edil en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, piensa que la política pública es un “ejercicio de doble vía, no únicamente el ejercicio de voluntad política por parte del Estado que tiene la obligación de que se materialice la política pública, sino que también por parte de la ciudadanía”.
Para Valero, “lo realmente importante es hacer un ejercicio participativo en la construcción de esa política pública que cambie realmente la voluntad de la gente [para que] sientan que el Estado a ellos también les toca”. Desde su ejercicio práctico en Ciudad Bolívar, donde los jóvenes no están pensando participar en política, el reto es también cómo involucrar a la juventud para que participe y empiece a pensar en cambiar su realidad y la de su localidad.
La participación política, entre el clientelismo y la corrupción
“A los 23 años quería ser alcalde de Fusagasugá y lo que me decían es que yo tenía que hacer fila y esperar 20 años. La única opción que tuve en ese momento fue salir a recolectar firmas porque no encaje en las estructuras políticas que obligan a los jóvenes que tienen que bajar la cabeza”, así relata Jairo Hortua, candidato a la alcaldía de Fusagasugá por el Alianza Verde, su participación en la política.
La estructura política es una de las dificultades que encuentra el joven al momento de participar, “a no ser que tenga que encajar en la estructura, hacerse amigo del alcalde, senador, representante regional”, aclara Hortua; sin embargo, eso genera un problema para el joven que ve la política desde otro ángulo y piensa diferente a las personas de su partido, pues en este se “obliga absoluta obediencia”.
De esta manera, la estructura política se ve como un desafío para la participación en la política debido a que su sistema genera una relación clientelista en los partidos o un reto económico si la persona decide lanzarse independiente. Por ello para Hortua, se necesita “empezar a generar otro tipo de relación en los partidos políticos para hacer que más jóvenes ingresen a la política, que suban a los escenarios de poder sin necesidad de que haya parte de una estructura política permitiendo una incidencia real en las políticas públicas”.
En ese sentido, Daniel Caro, candidato a edil de la Comuna 12 de Villavicencio, Meta, ve que la falta de participación política en su departamento tiene que ver con diferentes realidades: primero, “no hay oportunidades en los municipios, no hay en qué emplearse, por lo tanto, los jóvenes se obligan a acompañar a candidaturas de antaño que hacen parte de las estructuras clientelistas”; segundo, “son amenazados” y, tercero, “los jóvenes no tienen la oportunidad para terminar una media básica en el colegio”. Adicionalmente, señala Caro que, en municipios como Mapiripán, Uribe o zonas apartadas, donde hay presencia de grupos armados ilegales, los jóvenes, al no encontrar oportunidades, se vean obligados a desplazarse de sus territorios o unirse a grupo armado al margen de la ley.
La mujer y la política
“Alguien en algún momento me dijo ‘usted debería estar en una cocina, no acá metida en lo que no le interesa’”, relató Margarit Briseño, asesora de tres campañas políticas y defensora de derechos humanos, su participación como mujer joven en la política. Según Angela Lesmes, en Participación de la mujer en el escenario político colombiano, la representatividad en las mujeres en los cargos regionales para elecciones de 2015, no superó el 20% de personas elegidas y “es evidente que se está muy lejos de alcanzar la paridad en organizaciones públicas” a este nivel.
Para Margarit Briseño, las causas de la falta de participación política en las mujeres son varías: primero, un proceso histórico que sitúa a la mujer como encargada del hogar, “el hombre puede salir a hacer campaña porque tiene el tiempo y la disponibilidad, la mujer dice ‘bueno yo me voy a hacer política y ¿quién va hacer almuerzo en mi casa? ¿quién va a cuidar los hijos?’”; segundo, las mujeres en los partidos políticos aún son rellenos en las listas de candidatos para poder cumplir la Ley de Cuotas, y tercero, existe un miedo a participar, “porque entre nosotras sabemos que no nos apoyamos”, en especial, en la mujer del campo.
La ley 581 del 2000, conocida como la Ley de Cuotas, obliga a los partidos partidos a tener dentro de sus listas el 30% de participación femenina, esta ha generado también un debate interno de los partidos y las mismas mujeres. Si bien los asistentes al encuentro coincidieron en que esta participación es necesaria, Gabriela Torres, integrante de la Red de Jóvenes Kolumbien, afirma que esta cuota se convierte en una carga para la mujer y el partido y opina que “a mí no me parece que tengan que ‘obligar’ a las mujeres, si no quieren. Qué mejor que las que realmente participen sean las que quieren y están interesadas”.
Otros políticos jóvenes reconocen la falta de participación de las mujeres en la carencia del fortalecimiento en los procesos de base, como por ejemplo Diego Valero, candidato a edil de la localidad de Ciudad Bolívar, quien indicó que “hay que hacer de alguna manera que las mujeres pierdan el miedo de liderar los procesos en el territorio, de nada nos sirve una lista con el 30% de mujeres si al momento de hacer el ejercicio político siguen intimidadas por ese contexto machista que lo que hace es señalarlas”.
Según Sebastián Sánchez, candidato a edil de la localidad de Kennedy por el Centro Democrático, comenta que su partido es un gran ejemplo para observar la participación política de la mujer desde el ángulo de las dinámicas del poder. “El Centro Democrático es el partido con más mujeres dentro de su bancada y no es porque precisamente se haya trabajado en el empoderamiento de las mujeres, sino simplemente porque las dinámicas del poder han permitido que mujeres que tienen detrás suyo un gran padrinazgo, una gran cantidad de dinero o una gran familia hagan parte de esa participación”.
El rol del político joven
Desde la visión de estos jóvenes que participan activamente en la política electoral es claro que la reflexión sobre su participación está ligada a la vulneración que han sufrido. Esta se ve inmersa en dinámicas de clientelismo intrínseca dentro de los partidos y la falta de oportunidades laborales que tienen los jóvenes, en especial de la Colombia profunda, para buscar alternativas para su incursión en el mundo político.
Es de reconocer, que ser joven político en Colombia representa un reto, pero al ser mujer política joven el desafío es mayor por las dinámicas machistas presentes actualmente en la sociedad y que permean el ejercicio político. Es por eso que, para John Montoya, S.J., investigador del Cinep/PPP, “los políticos en este país deberían ser un puente entre el Estado y la sociedad civil para que hagan políticas públicas, expidan normas y manden atendiendo al bien público, el bien común”.
Adicionalmente, la función del joven político es “servirle a los más pobres, a los más desvalidos, a los más marginados de la sociedad”. Por ello, “un político que llega a un cargo de elección popular, es sobre todo un pedagogo, que ayuda a construir sociedad civil fuertemente participativa; en últimas, la función de un político es construir democracia”.
Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones
