La crisis social y humanitaria en Cauca aumentan tras el asesinato de la líder indígena Sandra Liliana Peña y el carro bomba en Corinto, el ataque a la Minga en La Laguna y operativos militares y combates que dejan muertes, víctimas de minas antipersonal, desplazados, miedo y zozobra. Comunidad caucana e internacional y defensores de derechos humanos claman por protección urgente al pueblo del Cauca.
El jueves 22 de abril, mientras se desarrollaba una Minga de control territorial en el resguardo indígena La Laguna-Siberia de Caldono, Cauca, hombres armados dispararon causando heridas a por lo menos 31 comuneros. Entre los afectados se encuentra una autoridad que tuvo que ser trasladado junto a otras 2 personas a Cali.
La “Minga hacia adentro” fue convocada en respuesta al asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué (autoridad del resguardo La Laguna-Siberia, el pasado 20 de abril mientras se dirigía a una reunión en Popayán) e incluyó actividades de retiro de cultivos de coca. En retaliación, un grupo ilegal abrió fuego. Después del ataque, la guardia indígena logró detener a 12 hombres armados este 22 de abril.
Detenidos doce agresores fuertemente armados durante Minga de control territorial https://t.co/gdEHqOjizK
— CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) April 22, 2021
Las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en máxima alerta y asamblea permanente ante las amenazas y riesgos contra su vida, y rechazaron las declaraciones del comandante de la III división del Ejército, general Marco Mayorga Niño, quien aseguró que están en “coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se encuentra en la zona” y que se buscaría “hacer un diálogo con la guardia indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”.
Las comunidades sostuvieron que la erradicación de cultivos de uso ilícito la realizan desde su autonomía y jurisdicción propia “porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos” que son “base de la financiación de los actores armados”. Y rechazaron la coordinación que se espera lograr con la Guardia de parte del uniformado, afirmando que ellos son “un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas a las que ésta apoya en actividades relacionadas con la jurisdicción indígena”.
Cauca, en primer lugar de infracciones al DIHC y violencia política
En la presentación de la revista Noche y Niebla No. 62, el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del Cinep alertó sobre la difícil situación en este departamento. En 2020, Cauca fue el lugar con más infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (232 victimizaciones) y también el más afectado por hechos de violencia político social (300 victimizaciones).
Y en lo corrido de 2021 la situación parece no estar mejorando: En este mes se registró un desplazamiento masivo de más de 250 personas en Argelia el pasado 17 de abril producto de enfrentamientos entre el Ejército y actores armados ilegales; ocurrió un atentado con artefacto explosivo contra la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, Caldono, el pasado 14 de abril; y se dio una masacre de 4 personas en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, el pasado 8 de abril; además, el el comunero indígena Fernando Lozada Franco había sido asesinado el pasado 8 de abril en Caloto.
A esta difícil situación se suman la explosión de un carro bomba el pasado viernes 26 de marzo frente a la alcaldía de Corinto, y el desplazamiento de más de 2 mil personas a la cabecera municipal de Argelia ocurrido ese mismo fin de semana tras combates.
Ante tales situaciones, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales como Oxfam han rechazado la violencia llamando a proteger “la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca”.
El Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.
“El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales”, asegura el equipo de Cinep. Compartimos comunicado a continuación:
A continuación encontrará el comunicado:
Por Juanjosé Gutiérrez / Comunicaciones CINEP.
