Recurso 1

La corrupción enemiga de la paz

Según los últimos informes de la Fundación Transparencia por Colombia, el cincuenta y seis por ciento de contralorías departamentales, encargadas de controlar el manejo eficiente y honesto de los recursos municipales, están en un nivel de corrupción entre alto y muy alto, más que sus vigilados. Los diseños y controles institucionales, varios de ellos débiles, llenos de fallas y establecidos formalmente pero sin cumplir su misión efectiva, dejan espacio para que las entidades de control no cumplan con su misión, lo que genera oportunidades para la avidez de los corruptos. Este drama crece cuando se calculan las cifras de dinero que quedan en las cuentas bancarias de los corruptos funcionarios del Estado en complicidad con mafias del sector privado, alrededor de veinte billones de pesos al año, según la Procuraduría General de la Nación. El dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia queda en manos de las estructuras mafiosas que, vía proyectos de infraestructura y programas sociales, asaltan al Estado y lo conciben como un botín para lucrarse de manera impúdica. Son tantos, y tan frecuentes los casos de corrupción en la administración pública, que hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro y de indignación. Desde el año dos mil nueve hasta mayo del presente año, los datos de la Procuraduría General de la Nación revelan que sesenta y seis gobernadores, mil seiscientos treinta y cinco alcaldes y mil ciento ocho concejales fueron sancionados de diferentes maneras en el país. A pesar de esto, en Colombia, sólo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel y el veinticinco por ciento logra detención domiciliaria, mientras que las condenas efectivas no superan dos años. Los departamentos que ocupan los primeros lugares en corrupción de la administración pública son, en su orden: Santander, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Antioquia, La Guajira, Chocó, Caquetá, Casanare, Amazonas y Guainía. Estos resultados son todo un desafío para un país que intenta caminar hacia la creación de nuevas instituciones para la paz deseada, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Administraciones públicas que, si no son organizadas y manejadas por reales servidores públicos, transparentes, íntegros y honestos, no será posible que realicen los programas necesarios para la consecución de una paz sustentable, duradera y con justicia social.

Deuteronomio capítulo dieciséis nos dice: “No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás el soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Dios te da”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director CINEP/Programa por la Paz
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