El 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones de 296 parlamentarios, entre ellos 10 congresistas del Partido Comunes y 16 representantes a las circunscripciones especiales de paz, todos cargos creados gracias al Acuerdo de Paz. Los retos de la participación política en ese escenario no son pocos ni fáciles de superar. El mayor de los riegos, la violencia directa, aniquila literalmente al ciudadano que ejerce y reclama sus derechos. Sin embargo, a la luz del proceso iniciado en 1990, es innegable que se han abierto mayores espacios institucionales de participación, lo que permite afirmar que Colombia transita un largo proceso de transición hacia la democratización política, desde la promulgación de la Constitución de 1991. En este proceso, en el que también se producen retrocesos autoritarios, el Acuerdo de Paz es un hito decisivo y la implementación de algunos de sus puntos se juegan en estas parlamentarias.
Históricamente, las elecciones para Cámara y Senado han estado marcadas por un alto nivel de abstención (más del 50%) debido a factores como la preeminencia que tienen las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la menor cantidad de recursos lícitos (publicidad) y no lícitos (clientelismo y compra de votos) que se mueven en estos comicios. A esto se suma el descrédito del poder legislativo, la ausencia de senadores oriundos que hagan campaña en sus departamentos, tal como ocurre en Amazonas, Guaviare, Vaupés y Vichada entre otros y, por supuesto, por la violencia. Como lo ha señalado la Misión de Observación electoral (MOE), los municipios con menor participación se ubican en zonas de conflicto, a saber, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Putumayo.
La MOE divulgó el 6 de febrero un informe en el que señalaba que, aunque hay menos municipios en riesgo electoral hoy que en 2014 y 2018, los riesgos persisten. Específicamente, si en 2014 y 2018, 260 y 170 municipios respectivamente acusaban riesgos, hoy son 131 los que afrontan amenazas por cuenta de la violencia, el fraude electoral, el clientelismo, la falta de mecanismos de control, la falta de acceso a la información adecuada, entre otros. A esto se suma que esa misma organización señala que entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de enero del 2022 se registraron 147 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, en la totalidad de las 16 CITREP (Circunscripciones territoriales electorales de paz), representando el 32% de todos los hechos violentos ocurridos en el país (455) y el 60,5% de los asesinatos (49 de los 81). Esto supuso un incremento de 150% en las agresiones contra líderes sociales en estos territorios[1]. Todo lo anterior puede anticipar la continuación de la tendencia a la baja participación o a la participación obligada por actores armados o corruptas maquinarias políticas. Lo primero, seguramente se reforzará por cuenta de la ausencia de grandes electores que motivaron el voto en las contiendas legislativas pasadas: Álvaro Uribe Vélez, Antanas Mockus, Jorge Robledo, David Barguil y Roy Barreras.
En el escenario actual, el cierre de los espacios de participación electoral tiene graves consecuencias. Por un lado, dificultará que quienes ocupen las 16 curules de Paz sean efectivamente víctimas del conflicto, como se pretendía con el Acuerdo de La Habana, con el fin de fortalecer el enfoque territorial para la construcción de paz. Ya se sabe del intento de cooptación o de suplantación de candidatos de estas regiones más afectadas por el conflicto, por parte de políticos tradicionales y de actores armados.
Por otro lado, en estas elecciones y en las presidenciales, se juega el segundo quinquenio de implementación del Acuerdo de Paz. En este marco, la elección del legislativo es fundamental, pues tiene facultades de control sobre el ejecutivo, lo que le permitiría presionar para avanzar en la implementación de lo acordado. A este respecto es importante señalar el fracaso de este gobierno en garantizar la seguridad de los reincorporados, lo que derivó en la declaración del estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, así como los atrasos en la Reforma Rural Integral, particularmente en la Constitución del Fondo de Tierras y en Catastro Multipropósito. Si se analiza la implementación desde el capítulo étnico, el retraso es mayor, como lo deja ver el tercer informe de verificación del enfoque étnico, realizado por la La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional.
Adicionalmente, el Congreso elegido será clave para garantizar que no se obstaculice el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y, muy especialmente, para asegurar la apropiación por parte del gobierno y de la sociedad del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Por último, y no por ello menos importante, el nuevo Congreso que se instalará el 7 de agosto deberá legislar para hacerle frente a los costos sociales que ha dejado el modelo económico excluyente que ha convivido con los procesos de democratización política. No olvidemos que la Constitución de 1991 se aprobó en el mismo gobierno que anunció las medidas neoliberales como puerta de entrada al futuro y que la paz del Acuerdo de La Habana es la paz liberal que descansa sobre la posibilidad del país de insertarse en los circuitos económicos internacionales[2].
En este complejo escenario, desde el Cinep / PPP trabajamos para que los espacios que se puedan abrir con la participación electoral se fortalezcan desde todas las orillas posibles. De allí que no solo denunciemos la violencia política, la violación de los Derechos Humanos e infracciones al DIH, la criminalización de la protesta social y el despojo, sino que acompañemos a las comunidades en el desarrollo de capacidades que les permitan exigir sus derechos y participar en formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas que los garanticen.
[1] Misión de Observación Electoral, MOE 2022. Quinto informe preelectoral de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (13 de marzo de 2022). Disponible en https://www.moe.org.co/quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-lideres-politicos-sociales-y-comunales/
[2] Márquez, Martha Lucía; Muñoz, María del Carmen; Wilches Viviana; Acosta Andrés y Barrera, Daniel 2021 “Visiones sobre la paz y la violencia en territorios fronterizos de Colombia”; en Gabaldón, Luis Gerardo (editor) Homicidio, riesgo, significado y castigo Universidad Católica Andrés Bello ISBN 978-980- 244-971-2
Por: Martha Lucía Márquez, directora general CINEP/Programa por la Paz.
