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Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Una Amenaza para la estabilidad de Colombia

La extradición de Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”, líder del Clan del Golfo, produjo un paro armado que durante cinco días confinó a la población civil en once departamentos del norte de Colombia. Análisis sobre lo que mostró este paro armado en esta nota Cinep.

A once días de las elecciones presidenciales en Colombia el paro armado que realizaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sigue dejando preguntas y reclamos de la sociedad civil al Estado. El paro armado se realizó por la extradición de Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”, jefe de este grupo, el pasado 4 de mayo. Desde el día siguiente y hasta el martes 10, las calles de veredas, municipios y ciudades como San Onofre permanecieron vacías producto del confinamiento. En este periodo la Defensoría del Pueblo “monitoreó 170 conductas vulneratorias contra los DD.HH. de la población civil” en 12 departamentos entre las que se cuentan 5 homicidios, 21 amenazas e intimidaciones, 39 casos de incineración de vehículos y 55 restricciones a la movilidad.

Según el Informe de Seguimiento No. 010-22 a la Alerta Temprana No. 004 de 2022 realizado por la Defensoría, Antioquia (46 conductas), Bolívar (44), Magdalena (31); Sucre (16) y Cesar (14) fueron los departamentos en los que se presentaron la mayoría de las conductas monitoreadas.  

? Para las comunidades de estos territorios el confinamiento representa estar “presas en nuestros propios territorios”. #Comunicado ? https://t.co/amNQV6iefJ pic.twitter.com/ZRYxH1J7bE

— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) May 12, 2022

Como lo recuerda Victor Barrera, investigador de la Línea de construcción de paz y Estado en regiones conflictivas del Cinep/PPP, este paro se produce en un contexto de “franco deterioro de las condiciones de seguridad en muchas regiones del país donde el paro armado del ELN ya había dado un campanazo muy fuerte sobre la ineficiencia del Estado y el gobierno actual para responder a las diversas amenazas que existen en el territorio”. 

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“Al extraditar a Otoniel extraditaron la verdad”

Según una lideresa del Urabá, el paro armado en la región significó hambre porque no hubo abastecimiento de alimentos y pronto acabaron el gas para cocinar, “quemaron buses, motos y hubo personas asesinadas”, sostuvo. Adicionalmente, ella señaló que la orden dada por las AGC también fue cumplida por la Fuerza Pública de la región, que solo se vio en las calles cuando el grupo ilegal permitió el abastecimiento de la población por un margen de 6 horas. 

Para Barrera “es altamente improbable” que el gobierno desconociera que el paro armado iba a ocurrir tras la extradición de Otoniel, porque el Clan del Golfo “ya había organizado paros con ocasión de la captura de sus cabecillas”.

Al respecto, la lideresa del Urabá aseguró que al extraditarlo también “extraditaron la verdad”, y concluyó que el fin era que “no se conozca lo que pasó en el marco del conflicto, no querían que hablara”.

Las AGC, una amenaza a la estabilidad del país

Para el investigador del Cinep/PPP durante el paro armado el Clan del Golfo mostró un poder “muy superior del que muchos habían supuesto”, y evidenció que lo ejerce en zonas rurales “marcadas por una larga historia de debilidad institucional pero también en zonas plenamente integradas a los circuitos económicos y la política nacional” como Barranquilla, Sincelejo o Montería.

Adicionalmente, Barrera manifestó que es una muestra de capacidad incluso mayor a la que había demostrado durante los paros armados de 2016, 2012 y 2008, que hace de las AGC una organización consolidada territorialmente y “la convierten en una amenaza a la estabilidad del país muy importante”.

El analista subrayó las tres facetas que actualmente asume el Clan del Golfo y fueron mostradas durante el Paro Armado: Primero, como un aparato armado estructurado en diferentes frentes que se mantiene con dinámicas de reclutamiento vía presión armada pero también mediante incentivos económicos y sociales, y que se abre paso en territorios como Chocó, Bajo Cauca, el sur de Tolima o Magdalena; segundo, como un agente que gobierna territorios desde zonas periféricas hasta integradas, “lo que le da una dimensión política en la medida en que ha construido dominios territoriales estables y ha controlado población para viabilizar operaciones del narcotráfico”; y tercero, como una sofisticada red de organizaciones menores que le facilita llegar muy rápidamente a nuevos lugares cuando lo demanda, y además posibilita el lavado de activos y corrupción de funcionarios públicos, lo que le permite sobrevivir y sostener esas prácticas de gobierno que ejerce.

¿Cuál es el papel del Estado frente a esta amenaza?

Para responder al peligro que significan las AGC Barrera afirmó que el gobierno debe “dejar de minimizar esta amenaza”, reconocer las facetas en las que opera, y orientar las acciones del Estado a “emprender acciones masivas y coordinadas para combatir cada una de estas facetas, no únicamente perseguir sus cabecillas, que sabemos que es una estrategia que no va a desestructurar ni debilitar drásticamente la organización”.

Por su parte, la líderesa del Urabá dijo que “al Estado le pedimos que nos brinde las garantías para estar en nuestro territorio y que se sepa la verdad de lo que pasó en el conflicto y por qué hay tantas víctimas”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez Rodríguez

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