Colombia es un país rico en biodiversidad, con un once por ciento de su territorio en parques naturales, rico en flora y aves, con una gran reserva hídrica. Un país con diversidad de climas y paisajes, con Amazonía, con desiertos a orillas del Caribe y selva tropical en la costa pacífica. Pero, simultáneamente, un país que, en los últimos diez años, ha sido concesionado en cerca del cuarenta por ciento a empresas mineras y de hidrocarburos.
A simple vista pareciera una gran oportunidad de desarrollo, pero no es así, el problema grave reside en que existe un número importante de hectáreas, difícil de especificar, que se encuentran en zonas protegidas como: páramos, parques nacionales, territorios indígenas y territorios colectivos afro-descendientes.
El «boom» minero, iniciado en dos mil dos en el país, se hizo público por el presidente Santos al declarar la minería como una de las locomotoras de crecimiento que llevaría a la prosperidad de todos. Consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala, fue una bandera del gobierno Uribe. Lo que puso en desventaja a los pequeños mineros frente a las multinacionales. Pero en el fondo, lo que genera esta dinámica en los últimos años, es que el precio del carbón y del oro han alcanzado máximos históricos: la tonelada de carbón pasó de noventa dólares en dos mil cuatro a ciento sesenta en dos mil once y, la onza de oro, aumentó su valor de setecientos dólares en dos mil ocho a los mil trescientos en dos mil diecisiete.
En este contexto, mientras las grandes compañías tienen muchas garantías, los pequeños mineros se encuentran marginalizados y en algunos casos perseguidos por su labor tradicional, como se ha podido ver en Segovia y Remedios, durante las últimas semanas. No obstante, las empresas multinacionales no son las únicas interesadas en este negocio. Los actores armados ilegales encuentran en él una vía para incrementar sus ingresos.
Analizando el mapa de Colombia, se observa que la ubicación de estos grupos coincide con las áreas de explotación minera; en consecuencia, los niveles de violaciones de derechos humanos: desapariciones, asesinatos, amenazas y desplazamiento forzado son alarmantes en zonas mineras. Colombia, siendo el primer productor mundial de esmeraldas, el primer productor de níquel y carbón de Sur América y el décimo productor mundial de oro, en las poblaciones donde se explotan esos recursos se registran los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional.
El Papa Francisco, en el número cincuenta y uno de la Encíclica Laudato Si, expresa que una vez acabadas las operaciones mineras “dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener”.
En consecuencia, debemos ser conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin es el lucro, es una acción que implica asumir el riesgo de la acción profética a la que nos invita el evangelio de Jesús.
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz
