Cada tres días asesinan un líder, una lideresa o un defensor de Derechos Humanos en Colombia. En los últimos dos años y medio, hasta el diez de julio, la Defensoría del Pueblo publicó 322 asesinatos. Ellos y ellas eran personas que buscaban el respeto a los derechos: salud digna, educación de calidad, empleo decente y estable, acceso y buen uso del agua. Líderes y lideresas que buscan con sus organizaciones que les devuelvan las tierras usurpadas por quienes de manera violenta e insaciable se apropian de las riquezas minerales, de las energías naturales o por quienes necesitan dominar la producción, transformación y comercio de la cocaína.
Mujeres y hombres, líderes comunales, jóvenes, indígenas, negros, campesinos y pobladores urbanos que hacen parte de partidos políticos, en particular, personas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ellas y ellos defendían los derechos de sus comunidades con la palabra, con los argumentos y propuestas de paz. Como lo expresa el Padre de Roux “en otros países, estas mujeres y estos hombres serían héroes nacionales. Aquí los matamos”. Según la Defensoría del Pueblo son 265 municipios y 337 organizaciones sociales que están en peligro, especialmente en Cauca, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño.
Hace dos semanas el gobierno presentó medidas frente a esta realidad, entre otras: acelerar y ampliar un plan urgente de medidas colectivas de seguridad. Poner en marcha unidades básicas de protección de la policía. Destinar más recursos para la Unidad Nacional de Protección. Fortalecer en el Ministerio de Defensa instrumentos de alertas tempranas y reacción rápida. La creación de una ventanilla y línea única de denuncia en el Ministerio del Interior. Conformar en la Fiscalía General la unidad especial de investigación para apoyar las regiones más afectadas. Esperemos que estas medidas sean asumidas por el nuevo gobierno, que no mueran entre la demagogia y la negligencia. Por su parte, Naciones Unidas y la comunidad internacional han expresado su condena y alta preocupación por los altos grados de impunidad.
El seis de julio la Conferencia Episcopal expresó: “Manifestamos de nuevo nuestra profunda consternación por los asesinatos de hermanos y hermanas en los últimos días; nos unimos al dolor de sus familias. Toda vida es sagrada y toda muerte violenta es inaceptable. Hacemos una llamada a la sociedad colombiana a mantener la estabilidad de las regiones y de la democracia y a continuar avanzando por los caminos que garantizan la vida, la libertad y la justicia. Pedimos a las autoridades elevar los niveles de protección y los mecanismos establecidos legalmente para garantizar la vida de quienes están bajo amenazas”.
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la Paz
