Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.
El año pasado, los cultivos de coca y la producción de cocaína aumentaron en Colombia. Fueron doscientas doce mil hectáreas y novecientas cincuenta toneladas de cocaína, una cifra récord, según mediciones del gobierno estadounidense. Desde esta cifra el presidente Trump incitó al mandatario colombiano Iván Duque a retornar a la fumigación con glifosato, suspendida desde hace cinco años por el gobierno Santos, ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que consideró este herbicida como probablemente cancerígeno. La meta es reducir a la mitad los sembrados en tres años, incluyendo la erradicación manual forzada y un desarrollo alternativo, mil veces prometido, pero nunca bien diseñado.
¿Pero qué están viviendo hoy las comunidades cocaleras en Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Tolima, norte del Cauca, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, sur de Córdoba y del Pacífico?
El gobierno está aplicando la erradicación forzosa de los cultivos de coca, apoyado en la militarización y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, a esto se suma la presión de los grupos armados ilegales del narcotráfico y las guerrillas por el control de la producción y de las rutas del narcotráfico, lo que ha causado hechos violentos, judicialización de la movilización social y deplorables asesinatos en varias regiones.
Por otra parte, ciento treinta mil familias de estas comunidades, con la esperanza de transformar su economía, se acogieron al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), producto del Acuerdo de paz, una alternativa de erradicación voluntaria que propone un proceso de transición económica, legalización de tierras, construcción de vías, servicios públicos, fomento, asistencia técnica y bancarización agropecuaria, productos comercializables y rentabilidad. Sin embargo, el gobierno, no está cumpliendo con el desarrollo del PNIS, los procedimientos en esa dirección son lentos, no hay voluntad política ni financiación ni las estrategias para perseguir a los narcotraficantes, reales dueños del negocio, son eficientes. En su lugar, el gobierno está aplicando prioritariamente la erradicación forzada y abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato. Paradójicamente, ya está probado por años que estas estrategias son más costosas, ineficientes, impulsa la acción de los ilegales, no resuelve los profundos problemas de las comunidades y, al contrario, las hunde más en sus agobiantes problemas.
Hace un año los obispos del Pacífico y del Suroccidente del país expresaron un rotundo no a la fumigación con glifosato, al afirmar: “Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de la República de Colombia de reanudar las negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es, en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones. Invitamos al gobierno a que se exploren mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática que afecta a nuestros pueblos. Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante; reiteramos el llamado al gobierno a que se priorice la protección de la vida humana, del medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos”.
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general CINEP/Programa por la Paz.
