Profesores rurales de territorios PDET están siendo desplazados de sus puestos por cuenta del concurso docente creado por el Acuerdo de Paz que, según denuncian, quedaría viciado tras ser modificado en el actual gobierno y no tomó en cuenta el arraigo territorial. Con el acompañamiento de Educapaz instauraron acción popular para proteger sus derechos.
Sorlinda Bocanegra es profesora de primaria en Planadas, Tolima, hace 16 años. Su plaza es una de las 123 que quedaron vacantes en ese municipio gracias al concurso impulsado por el decreto 882. Según relata, para ocupar su puesto se presentaron personas desde Cundinamarca y Huila principalmente, pero también de Cúcuta y Santander, muchos podrían ser apenas bachilleres. Ahora teme que, por cuenta de los cambios normativos al decreto que implementa uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, pueda quedar sin puesto, y que sus estudiantes queden en manos de quienes no conocen la región. La preocupación de Sorlinda es compartida hoy por miles de maestros en las zonas de Colombia más aporreadas por el conflicto.
El primer punto del Acuerdo de Paz -Reforma Rural Integral (RRI)- traza la ruta para mejorar las vida de campesinos y campesinas incluyendo el acceso a la tierra, la salud, la educación, entre otros derechos. Allí se contempla la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el que “se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”. El decreto 882 de 2017 forma parte del marco jurídico para el funcionamiento del PEER, pero según los maestros, es también el culpable del desplazamiento laboral del que están siendo víctimas.
El decreto propone un concurso de méritos que se realiza por única vez para la contratación de docentes en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) si en dichos lugares no había la suficientes profesores para cubrir las plazas, asegura Alejandra Ramírez, profesional del CINEP/PPP en el equipo de Educapaz.
“El propósito del concurso es que llegara capacidad humana para impartir educación. El problema es que impartieron el concurso como si todos los territorios tuvieran la misma ausencia de docentes idóneos para brindar esa educación. Entonces pasa que en el sur de Tolima tenemos docentes demasiado formados: normalistas superiores, profesionales, o que tienen maestrías y doctorados pero que perdieron su prueba”, afirma Ramírez.
Un concurso sin enfoque territorial
La normativa cambió entre 2017 y 2020, creando un concurso para ocupar plazas que ya tenían profesores del territorio, bajando los estándares para que se presentaran personas bachilleres y no solo normalistas, como era costumbre, y permitiendo la participación de personas en todo el territorio nacional, explica Alejandra.
“Lo que ellos argumentan es que los acuerdos de paz tienen un enfoque territorial; pero la paz territorial no es igual para todos. Tienen que considerar las dinámicas del territorio, entonces el concurso debió darse de manera particular según cada zona PDET, y no todas las plazas debieron darse por igual. Tenían que haber unas particularidades”.
El decreto “es una distorsión al espíritu y letra del Acuerdo”, cuyo efecto inmediato implica que “están eligiendo profesores que no tienen arraigo en las regiones, y desplazando a educadores y sus núcleos familiares”. Así lo denunció la senadora Sandra Ramírez en sus redes sociales.
Un concurso viciado
La profesora Sorlinda explica que el concurso no valoró con mayor puntaje el arraigo y experiencia en el territorio, y asegura que se presentaron fraudes en las pruebas de 2019. Por más de una década, ella ha acompañado la formación de niñas y niños campesinos en Planadas, que junto a Ataco, Chaparral, y Rioblanco, hace parte de los cuatro municipios PDET en Tolima. En total, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (criticados por organizaciones sociales desde su puesta en marcha por el gobierno Duque) incluyen 170 municipios de Colombia.
Sorlinda asegura que la filtración de respuestas de la prueba comenzaron a llegar a través de redes sociales en el primer receso de la jornada. “Personas manifestaron que los cuadernillos se estaban vendiendo”, agrega. Esta situación llevó a que el concurso se anulara solo para primaria. La Comisión Nacional del Servicio Civil declaró “irregularidades y dejó sin efectos las pruebas de docente primaria aplicadas en 23 ciudades en el marco del Concurso Especial Docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.
Entonces continuó el proceso para coordinadores, rectores y bachillerato. Luego, en 2020 se realizó el concurso de primaria, pero “se venden cuadernillos a un costo más alto y si la persona tenía dinero, podía comprarlo con una semana de anticipación pero si no tenía tanto, se lo daban con un día de anticipación”, sostiene Sorlinda. “Pero no a todos nos ofrecen el cuadernillo, sólo a aquellos que les falta ética. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta”, concluye.
Pese a esta situación, ella y sus compañeros se sintieron tranquilos tras la prueba “porque preguntaba cosas que hacíamos en el aula”, pero llegaron los resultados y comenzaron las decepciones: en Planadas solo pasaron 14 maestros de primaria, 20 de áreas especiales y 4 coordinadores.
“A nosotros no nos hacen docentes unas pruebas, sino los años que hemos tenido aquí siendo profesores”, dice Sorlinda, quien camina por las vías sin pavimentar del Sur del Tolima bajo las lluvias y en botas de caucho para llegar hasta el aula y, así, intentar arrebatarle niños a la guerra.
Además de la función propiamente docente, los profesores rurales también forman tejido social en las comunidades, explica Sorlinda, pues, por ejemplo, crean la confianza para recorrer el territorio. “No se trata de poner en tela de juicio las capacidades de quienes pasaron el concurso, sino el impacto de desplazar al docente que en muchas ocasiones es el único representante del Estado en las zonas más apartadas”, agrega preocupada Alejandra Ramírez del Cinep / PPP.
Tras varios derechos de petición y oficios a distintas entidades, los profesores del sur del Tolima crearon la Mesa Nacional de Docentes Provisionales que, con el acompañamiento de Educapaz, logró instaurar una acción popular en la que también se pidió una medida cautelar para pausar el concurso docente en los municipios PDET en diciembre de 2020.
Alejandra Ramírez explica que con esta acción popular se pretende defender el cargo docente, así como evitar las problemáticas que afectarían las comunidades si se produce el desplazamiento laboral. Para ello, acuden al testimonio de padres de familia, líderes comunales y JAC quienes piden al unísono que sus docentes no sean retirados. Por ahora, la acción fue firmada por 127 docentes y reposa en el Tribunal del Tolima. Aún se desconoce cuántos maestros rurales en el país se quedaron sin puesto gracias al decreto 882. La Mesa creada por los docentes avanza en conocer el panorama nacional que, como el de Tolima, tiene preocupadas a las comunidades educativas y rurales.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, al concurso se inscribieron 121.113 aspirantes para proveeer 6.564 vacantes ofertadas para 119 municipios Pdet.
Por Juanjosé D. Gutiérrez R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP
