El Acuerdo de Paz que se negoció en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, durante más de cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc – Ep fue firmado, finalmente, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, tras sufrir la derrota en el plebiscito por la paz, y haber sido firmada una primera versión del documento en Cartagena en septiembre. Tras el triunfo del No al acuerdo en las urnas, el mismo fue modificado en mesas con los sectores opositores, entre ellos el equipo político del actual gobierno nacional de Iván Duque, en cuyo periodo presidencial se ha concentrado la mayor parte de la implementación del Acuerdo que resultó ser uno de los más aplaudidos internacionalmente y, al mismo tiempo, con abundantes contradictores y ataques entre los colombianos y colombianas.
Según los investigadores de Cinep / PPP en la en la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (ST), uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del gobierno sobre las políticas del Acuerdo que apoya o no. Eso explica, según ellos, que haya puntos del Acuerdo Final con mayor desarrollo respecto a otros.
El panorama que presenta el Décimo y más reciente informe general de la ST incluye punto a punto los logros destacados, así como los retrasos, preocupaciones y retos a superar para cumplir la meta pactada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón: alcanzar una paz estable y duradera.
Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
Respecto al primer punto del Acuerdo Final, la Secretaría destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial, dado que hasta el 20 de junio de 2021 han ingresado 14.571 predios con un total de 1.385.066 hectáreas de las 3 millones que había previsto del Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que “a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado”.
La Secretaría también destaca el avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que contaron con “una alta participación comunitaria” tanto en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como en la elaboración de las Hojas de Ruta Única (HRU); sin embargo, señala que las comunidades ahora perciben una disminución en su participación. Tal es el caso de la subregión Pacífico Medio, donde las comunidades hace pocas semanas suspendieron su participación en las actividades PDET en exigencia de garantías.
Punto dos: Participación Política, apertura democrática para construir la paz
En cuanto a la participación política se destacan los avances en cuanto a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política con el Estatuto de la Oposición, así como la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz.
Sin embargo, la ST cuestiona que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad haya sido convocada “en pocas ocasiones, lo cual es preocupante frente a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país”. En materia de garantías de seguridad la Secretaría “no identifica ningún logro significativo”, pues si bien hay avances normativos, persisten retrasos los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
“La magnitud y persistencia de las agresiones a líderes, lideresas y excombatientes representa un riesgo para la apertura democrática, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil”, asegura la ST. “Cada líder social asesinado es una voz silenciada en la democracia que fractura la confianza en la institucionalidad y obstaculiza la participación política”, concluye.
Punto tres: Fin del Conflicto
Aunque la Secretaría sostiene que hay avances en la entrega de tierras a excombatientes, “la deficiencia de tierra sigue siendo uno de los principales retos para la sostenibilidad a mediano y largo plazo del proceso” de la reincorporación. A ello se suma el asesinato de total de 291 ex combatientes desde la firma del Acuerdo hasta el 20 de septiembre, según registros de Cerac, la otra organización que integra la ST.
“No garantizar la protección de los excombatientes impacta la implementación del A.F., y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad”, sostiene la Secretaría.
Además, la ST asegura que “la permanencia de grupos armados en los territorios, los enfrentamientos y los intereses económicos y políticos a nivel local han hecho que, a pesar de la reducción de las acciones ofensivas, el país presente un preocupante nivel de agresiones a excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos junto con un incremento en los casos de desplazamiento masivo y de masacres”.
Punto cuatro: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas
La Secretaría destaca el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). También se dio “la generación de oportunidades laborales para recolectores y recolectoras quienes fueron empleados en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y mejoramiento ambiental”.
Por su lado, a lo largo de los 5 años de la implementación organizaciones sociales y campesinas del territorio han denunciado los incumplimientos del PNIS y equipos como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep han registrado las agresiones que llegan incluso hasta la muerte de los cultivadores de la hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada en medio de operativos donde videos y registros evidencian el uso desproporcionado de la fuerza como ocurrió en Tumaco, Nariño, vereda El Tandil, el 5 de octubre de 2017 cuando fueron asesinados 7 campesinos que protestaban ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y exigían no erradicar forzosamente ni con glifosato.
Según la ST, las condiciones de seguridad en los territorios juegan un papel contra la implementación dado que “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS, ya sean líderes que lo promuevan, técnicos de apoyo al programa o beneficiarios”. A ello se suma que algunos de los beneficios que otorga el Programa están condicionados por la verificación del levantamiento de los cultivos, misma que está obstaculizada por las condiciones de seguridad.
Punto cinco: Víctimas
La Secretaría Técnica subraya que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -hoy llamado Sistema Integral para la Paz- continuaron el desarrollo de su labor pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.
Los avances destacados de cada una de las entidades son:
- La Comisión de la Verdad: “la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto”, acciones que se tendrán que materializar en el informe final y recomendaciones que serán presentados en junio de 2022.
- La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “el logro principal es la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda y la puesta en marcha de varios planes regionales de Búsqueda”, además del hallazgo de varios cuerpos.
- La Jurisdicción Especial para la Paz: “i) la estructuración de un modelo restaurativo de justicia transicional; ii) la expedición de medidas cautelares como un mecanismo idóneo, ágil y efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas” en el marco de su mandato.
Punto seis: Implementación, Verificación y Refrendación
Se avanzó en la inauguración de 11 de las 20 Emisoras de Paz que funcionarán hasta 2026. Sin embargo, en cuanto a la financiación se señala que si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo, “a este ritmo de ejecución la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.
Organizaciones de víctimas y sociedad civil que acompaña el Proceso han manifestado su preocupación por la baja en la pedagogía del Acuerdo en los últimos años.
Los informes de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://bit.ly/SecretariaTecnicaCSIVI
Los Seminarios de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw/featured
Las opiniones de los investigadores de la Secretaría pueden ser consultadas en: https://soundcloud.com/verificacion-de-los-acuerdos
Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP
