Ante la opinión pública presentamos el pasado 13 de abril el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.
Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.
Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo,S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.
Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.
Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos.
