Con preocupación por la expansión del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social se lanzó este jueves 21 de abril la revista Noche y Niebla No. 64 “El estigma como política de Estado”, informe producido por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.
Con la participación de Martha Márquez, directora de Cinep; Javier Giraldo S.J. y Alejandro Angulo S.J. del Banco de Datos del Cinep; Olga Silva de Humanidad Vigente; y Alcibiades Rodríguez, líder indígena sikuani; se presentó la Revista Noche y Niebla No. 64 con el balance de Derechos Humanos, DIH y violencia política del año 2021. Además, se manifestaron las preocupaciones por la crisis humanitaria que vive actualmente el país.
“El Cinep/PPP asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIHC a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”, explicó la directora del Cinep / PPP, Martha Lucía Márquez, al iniciar la conversación que se transmitió vía web.
Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), fueron los departamentos con más violaciones a los Derechos Humanos, siendo la Policía Nacional (con 1102 hechos registrados) y los grupos paramilitares ( con 286 victimizaciones) los mayores responsables en el territorio nacional.
En cuanto a la violencia político social, Cauca (con 331 hechos) sigue siendo el departamento con mayores niveles de victimización, seguido por Norte de Santander (116), Valle de Cauca (75), Huila (58), Nariño (57) y Antioquia (48). En esta categoría los hechos victimizantes que más se presentaron fueron los asesinatos, amenazas y lesiones físicas; y los presuntos responsables fueron en su mayoría.
Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) ocurrieron principalmente en Cauca, que registró 153 hechos de este tipo; y Antioquia, con 42; Guaviare, con 27; Valle del Cauca, con 25; y Bogotá D.C con 23. Los grupos guerrilleros ELN, EPL y disidencias de las FARC fueron los principales infractores del DIH en 2021 con 188 hechos, seguidos de los paramilitares con 74 y los combatientes sin identificar con 54. El Ejército Nacional (38 hechos) y la Policía (16) también violaron el DIH.
“Los más preocupante de 2021 es el avance y desarrollo muy grande del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social, una persecución que ha ido dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia”, explicó el padre Javier Giraldo SJ. fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep/PPP.
? En 2021 Santander, Bogotá y Cauca fueron los departamentos con mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos según @NocheyNieblaBD. ? https://t.co/0FArghsvKG#DDHH ?? pic.twitter.com/WanLkrSKYP
— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) April 22, 2022
El Banco manifestó su preocupación porque, explican, tras las movilizaciones sociales del año pasado “se ha demonizado exacerbadamente a los jóvenes de la Primera Línea (…) La justicia que aplican los jueves viola sin consideración los principios que el derecho internacional ha conquistado durante siglos como debido proceso”.
Martha Lucía Márquez agregó que:
“Presentamos Noche y Niebla 64 en un contexto en el que se fortalecen los vientos de guerra, siguen los cuestionamientos al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana (Cuba), la ejecución de excombatientes de las FARC-EP (más de 300 desde 2016), así como la sistemática persecución, estigmatización, judicialización y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humano y miembros de la Primera Línea”, agregando que Cinep / PPP reitera hoy su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia.
Qué está pasando en la Orinoquía
La crisis humanitaria y social en la Orinoquía, región que ocupa un 30% del territorio colombiano, también se manifestó en esta rueda de prensa. De acuerdo con el boletín producido por el Banco “los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, habitantes ancestrales de estos territorios, viven hoy la tragedia causada por la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. A eso se suma la presencia y el accionar de los grupos paramilitares y las disidencias”.
Además, los constantes operativos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación que han estado inscritos en la política de consolidación territorial, marcada por la “estabilización” son, de hecho, la imposición de mega operaciones como la denominada “Artemisa”, que han causado mayor empobrecimiento de las comunidades, su expulsión y el desplazamiento de personas de aquellos territorios que hacen parte de las áreas de manejo especial, Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas, según describe el Banco de Datos del Cinep.
Por su parte, Alcibiades Rodríguez, autoridad indígena que se desplazó de Vichada a Bogotá para compartir su testimonio, expresó que “la falta de compromiso gubernamental desconoce los derechos constitucionales de las comunidades campesinas e indígenas. La concentración de la tierra está asignada a los grandes empresarios del país. Declarando a las autoridades indígenas y campesinas como invasores de sus propios territorios”.
Alcibiades enfatizó en que el desconocimiento a la propiedad provoca el despojo de sus propios territorios. “Reclamar nuestros derechos, proteger la naturaleza y defender nuestro pueblo. Somos 102 pueblos indígenas en la Orinoquia colombiana, muchos de ellos en vía de extinción. Y el gobierno desconoce su existencia sin importarle sus derechos fundamentales”.
Entre tanto, Olga Silva, directora de Humanidad Vigente enfatizó en “la relación entre las violaciones a los DDHH, el desplazamiento y el crecimiento del monocultivo de palma aceitera”. Según Olga, “los grandes proyectos institucionales han despojado 7600 hectáreas, causando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas”.
Olga Silva presentó además a la Red Llano y Selva con la cual el Banco de Datos produjo el artículo regional de esta edición de Noche y Niebla. Silva aseguró “hay una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso (…) En la Orinoquía, el Estado ha impuesto a través de una estrategia de terror mediante el paramilitarismo y grandes proyectos industriales vaciando territorios de las comunidades ancestrales”.
Por su parte, el padre Alejandro Angulo S.J. afirmó al cierre del conversatorio y rueda de prensa que la revista muestra una realidad que nos obliga a reflexionar sobre el estado de la sociedad. “Las violaciones de derechos humanos han llegado a un nivel de impunidad impresentable”, aseguró el jesuita para quien existe “una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso”.
Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 64 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1814
Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:
Por: Katalina Vásquez G. Periodista Cinep / PPP
