Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.
El veinte de julio pasado inició una nueva legislatura del Congreso de Colombia, con la esperanza de que realmente tenga un papel pertinente en tiempos de covid-19. Pues, hasta el momento, como lo analiza la Misión de Observación Electoral -MOE-, en un reciente informe, el Congreso se volvió un espectador de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, no actuó como un órgano de control político y se limitó a ser un apéndice del Gobierno.
El Informe de la MOE agrega que, durante la última legislatura, el Congreso no contó con una adaptación rápida al contexto generado por el Covid-19, lo que no permitió una formulación de propuestas dirigidas a enfrentar la emergencia.
Nos recuerda este informe que, adicional al control judicial realizado por la Corte Constitucional, el Congreso de la República está llamado a realizar un control político al Gobierno nacional respecto a la declaratoria del estado de emergencia y el correcto ejercicio de las facultades excepcionales que le son otorgadas por la Constitución Política. Sin embargo, debido a las controversias generadas sobre la forma en que debía sesionar el Congreso, si eran válidas o no las sesiones virtuales o si necesariamente tenían que ser presenciales, se perdió tiempo valioso para ejercer un control dinámico y efectivo a las medidas adoptadas en el estado de excepción y no generó respuestas a la crisis desde las demandas de la ciudadanía. No hay duda que, el momento que atraviesa nuestro país requiere más que nunca del correcto funcionamiento del Congreso. Más que nunca su trabajo debe ser eficiente y eficaz, pero todo quedó reducido al formalismo y a los mecanismos metodológicos de cómo sesionar, desatendiendo lo que los ciudadanos necesitan: legislar para solucionar los problemas acuciantes de semejante pandemia.
A esto se agrega los debates sobre los acuerdos interpartistas para elegir al nuevo presidente del Congreso y de cómo en esto se favorece más las conveniencias que las calidades profesionales, políticas y éticas de los candidatos. Para el caso actual, el acuerdo interpartidista para elegir la presidencia del Congreso, promocionó el nombre de Arturo Char. Según el analista León Valencia, el señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Igualmente, la Corte Suprema adelanta una indagación. A pesar de ser un impedimento ético indiscutible su opción está en pie. Pero si esto fuera poco, añade Valencia, la organización “Trabajen Vagos” le registra, a Char, ciento cuarenta y nueve inasistencias al Congreso entre los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es decir, ¿una persona que no tomó en serio su responsabilidad como congresista, metido en deshonestas investigaciones judiciales, es quien ha sido tenido muy en cuenta para orientar las labores del Congreso? En Colombia seguimos utilizando los cargos públicos para alimentar los bolsillos propios y para desarrollar el más desvergonzado clientelismo político; mezclado con negocios legales e ilegales, que a su vez están defendidos por las armas de grupos ilegales y algunos sectores armados legales.
Necesitamos en Colombia una nueva visión y práctica del papel del Congreso como el espacio de poder que legisla, que elabora las leyes que nos gobiernan. En consecuencia, debería ser el escenario por excelencia de la participación y de la democracia de una nación. Por eso, es indispensable y estamos en mora, desde hace ya décadas, de corregir el rumbo del Congreso, ponerlo al servicio de la construcción de un país diverso e incluyente, limpiarlo de las elites clientelistas y corruptas que lo utilizan para sus beneficios egoístas.
El Papa Francisco en el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz del año pasado expresó: “Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción”.
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/Programa por la Paz
