Un estudio reciente realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, titulado Reflexiones innegociables en educación básica y media, muestra las grandes diferencias existentes entre la educación rural y la urbana. Según el estudio la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño que la urbana y esta ha sido tendencia desde que el país inició su proceso de urbanización por los años cincuenta del siglo XX.
Las mediciones en el 2016 dicen que un estudiante de las zonas rurales recibe solo un 57% de la educación que se le provee al niño promedio de las ciudades, esto crea un ciclo negativo y una gran desventaja en la calidad educativa. De otra parte, el diagnóstico muestra que la asistencia tanto a la primaria como a la secundaria es mucho menor en el campo que en las ciudades y que la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que en las ciudades. En el año 2013 el 13.8% de los niños rurales entre doce y quince años no asistían a la escuela secundaria.
Según el estudio, las causas de esta brecha entre la educación rural y la urbana obedece a dificultades como la falta de oportunidades en formación y garantías de bienestar para los maestros, la débil inversión en la infraestructura escolar en servicio de gas, agua potable y energía eléctrica; sumado a estas graves condiciones, un factor de profundo impacto negativo en la educación rural es el conflicto social y armado que ha golpeado las comunidades de campo de manera inclemente. Pero, especialmente lo que incrementa el bajo nivel de la educación en el campo es la ausencia de una política educativa para la ruralidad.
Colombia necesita el diseño, aplicación y consolidación de una política pública rural hecha desde y con las comunidades del campo, pero de igual forma se necesita construir una institucionalidad pública que desde el contexto local en las alcaldías, el regional con las secretarías de educación y en el nivel nacional, con el Ministerio de Educación, asuman con responsabilidad la promoción y el mejoramiento de la educación rural a través de la implementación de los Planes Educativos Municipales, los programas de educación propia de las comunidades indígenas, los planes de etnoeducación de las comunidades afrodescendientes y la creación, impulso y financiación del Plan Especial de Educación Rural consignado en el Acuerdo Final de Paz.
Actualmente, en la Colombia profunda, viven más de once millones de personas, la población de estos territorios, sigue a la espera de la transformación rural que aguardan desde Gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a educación. Lamentablemente, en las actuales condiciones políticas el panorama no parece muy alentador.
En el comunicado de noviembre del año pasado el episcopado colombiano expresó: “La iglesia católica aprecia la educación como pilar fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad y para lograr la inclusión; considera que no es posible alcanzar la paz si no ofrecemos una educación integral y que el futuro de todos depende en buena medida de cuanto se haga por cualificar los procesos educativos. Si queremos encaminar el país hacia el bien común, construir una nación reconciliada y en paz, y mantener viva la esperanza, es necesario que volvamos la mirada a la tarea educativa y que todos nos sintamos comprometidos con su renovación haciendo de ella una prioridad”
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz
