“Encontramos varios elementos desestabilizadores de paz en el Chocó, que obstaculizan la consolidación de un proceso de paz y la construcción de desarrollo desde la cosmovisión de las comunidades” afirma Juan Pablo Guerrero, coordinador del proyecto Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP. Desde la experiencia investigativa, Guerrero analiza el contexto al que se enfrentarían los posibles acuerdos de paz.
Entre 2011 y 2014 alrededor de 35.640 personas fueron desplazadas de los municipios de este departamento del pacífico. En el proceso de restitución de tierras resulta indispensable brindar condiciones para el regreso de estos ciudadanos que, según dice Guerrero, “son comunidades que pretenden retornar al territorio pero no existen garantías por parte del Estado”.
Para garantizar la distribución justa y equitativa del territorio, la Unidad de Restitución de Tierras contactó al CINEP/PPP para caracterizar las afectaciones territoriales a los títulos colectivos de comunidades negras cometidas desde 1991. Este es un paso para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, referida entre otros a la reparación integral de las víctimas.
Este trabajo pretende caracterizar las afectaciones territoriales de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (subregión del Bajo Atrato, Chocó) como herramienta de política pública de restitución de derechos territoriales étnicos en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. Los territorios que demandan están compuestos por 107mil hectáreas y por alrededor de 48mil hectáreas respectivamente para cada Consejo.
Este proceso de restitución se dificulta por los elementos desestabilizadores de paz que explica Guerrero. Para empezar, se han otorgado 160 títulos para explotación minera hasta el 2012, lo que representa 250.000 hectáreas de las que se pretenden extraer metales preciosos como oro, cobre y molibdeno. Económicamente, “la participación del sector minero del PIB departamental es de un 40% y no se ve ese incremento en temas de educación ni productivos, sino en temas de explotación”, explica el investigador Guerrero. En el año 2000 la minería representaba alrededor de 25.000 millones de pesos del PIB de Chocó, ahora es de 1,8 billones de pesos respecto a 3,2 billones del total del departamento.
Por otro lado, se ha generado un incremento en la siembra de cultivos ilícitos y la comercialización de hoja de coca y marihuana prensada. En el año 2008 había 1.200 hectáreas de coca que ahora ocupan 5.000 hectáreas. El aumento se produjo especialmente en la subregión de Baudó y Bajo Atrato, lugares donde se distribuyen hacia Centroamérica o Ecuador. Sin embargo, explica Guerrero, “el asunto complicado es lo que está detrás: las alianzas estratégicas de actores armados como bandas criminales (o paramilitares), el ELN, las FARC, o incluso, cuerpos de investigación judicial y miembros de comunidades locales”.
Los 31 municipios de Chocó tienen presencia de actores armados ilegales. Particularmente, las bandas criminales se ubican en las cabeceras municipales y los grupos guerrilleros en las zonas rurales. Además, la presencia del ELN es bastante marcada en varios territorios de la región como en Baudó (alto, medio y bajo) y San Juan (alto, medio y bajo).
Dentro de los elementos que no permiten consolidar la construcción de paz, se destacan los indicadores de pobreza y de corrupción. El 63% de los habitantes de Chocó son pobres y 150.000 personas viven en pobreza extrema. Además, las altas cifras de corrupción reflejan la baja eficiencia institucional, lo que explica que el departamento haya tenido cuatro gobernadores en el pasado periodo electoral.
Pasada la etapa de sistematización y divulgación de la caracterización realizada, en un escenario posterior a la adjudicación de terrenos, CINEP/PPP se propone generar un monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales para una restitución integral de los derechos colectivos.
