En audiencia pública el pasado 8 de julio los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe junto a organizaciones defensoras de derechos humanos: Colectivo Fals Borda, Corporación Claretiana, Corporación Avre, Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el CINEP/PPP abrieron un espacio de denuncia para dar a conocer la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.
Desde el equipo del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP en cabeza del padre Javier Giraldo, S.J. se denunció la situación de los cementerios de los llanos orientales. “Se han exhumado 856 cuerpos pero en 5 años solo se han entregado 66 a sus familias. Si hacemos un cálculo, para entregar los 856 cuerpos se necesitan 65 años y, ¿cuánto vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los más de 20.000 registrados?” reflexionó Giraldo en su intervención. Junto a otras ONG, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ha acompañado el proceso de exploración y exhumaciones en los cementerios de la Macarena, Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran 2.314 cuerpos sepultados.
Durante la audiencia intervino el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quién señaló que la Fiscalía continuará adelantando los procesos de ubicación e identificación a través del Grupo de Exhumaciones con los que cuenta a nivel nacional. A su vez el director del Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses, Doctor Eduardo Valdés expuso la grave situación de los cementerios del país al no existir una adecuado tratamiento de los cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, “devolverlos a los cementerios al identificarlos es volverlos a desaparecer” señaló.
Las organizaciones han hecho un esfuerzo de reconstrucción histórica desde el año 2009 en la región del Ariari, incluso involucrándose directamente en el proceso de exhumación. En algunos territorios se han presentado dificultades para que el equipo de la Fiscalía se instale y realice las exhumaciones, para facilitar el proceso se llevaron a cabo exhumaciones humanitarias: grupos de ONG’s, acompañados de expertos técnicos, hicieron las exhumaciones para entregar los restos a la Fiscalía en zonas más tranquilas.
De acuerdo con datos de la Fiscalía existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales del país. Luego de una denuncia interpuesta por los habitantes de La Macarena, Meta por la contaminación del agua que relacionaban con la multitud de cadáveres que veían descargar frecuentemente en la base militar; la entidad judicial solicitó a 1.103 alcaldías municipales un reporte de los casos de PNI. De éstas, 454 reportaron NN’s inhumados, 360 aseguraron que no registran y 261 no respondieron el requerimiento.
“El no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y, el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura para miles de familias en Colombia”, asegura Giraldo, quien insiste en la necesidad de respetar las normas de inhumación de restos humanos. Desde CINEP/PPP, se insta al gobierno a tomar medidas, además de las ya expresadas, sobre los procesos posteriores a la exhumación e identificación como el traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno, el acompañamiento psicosocial a las familias y la investigación imparcial sobre las circunstancias de muerte.
