El inicio de año ha estado marcado por la violencia en Colombia, en especial en Arauca que suma 455 familias desplazadas, 33 homicidios y la explosión de un carro bomba en Saravena. Abandono estatal, olvido de la frontera y disputa ilegal tras dejación de armas de la ex guerrilla de Farc serían algunas razones.
Este miércoles 19 de enero en la noche un carro bomba explotó en Saravena, Arauca, dejando a cuatro personas heridas y una más fallecida, hecho que se suma a los asesinatos de los líderes Miguel Alexi Amado en Arauquita y José Abelino Pérez en ese departamento. Según la Defensoría del Pueblo a la fecha se registran 455 familias desplazadas, afectando a 1.486 personas en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Apure (Venezuela), configurando una crisis humanitaria por “las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza”.
A estas acciones se suma el secuestro de nueve personas en lo corrido del año, tres de ellas raptadas el domingo 23 de enero, mismo día en que otras cuatro habían sido liberadas. Según el defensor del pueblo Carlos Camargo, las cifras de desplazamiento podrían ser superiores dado los subregistros en este tipo de afectaciones.
“Solo esta semana han sido asesinados dos líderes sociales en los municipios de Arauquita y Arauca. Miguel Alexi Amado y José Avelino Pérez, líderes campesinos, culturales y defensores de derechos humanos fueron perseguidos y asesinados por defender la vida”, señala el Congreso de los Pueblos en comunicado. El carro bomba estalló frente a la sede de esta organización en Saravena.
Víctor Barrera, investigador del Cinep / PPP, explica que la situación de Arauca es producto de una sucesión de retaliaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) relacionadas con el incumplimiento o la ruptura de un acuerdo de distribución de poder que existía entre estas dos organizaciones. Según Barrera, este grupo disidente hacía parte del frente décimo y hoy se reclaman como las verdaderas FARC.
Las disidencias de la Segunda Marquetalia “han entrado en un juego de alianzas para derrotar a las disidencias del frente décimo que no han querido plegarse a la Segunda Marquetalia sino que están un poco a la sombrilla de Gentil Duarte”, explica Barrera. Esta guerrilla fue fundada por los otrora negociadores del Acuerdo de paz y luego líderes del rearme de Farc “Iván Márquez” y otros que se presumen ya asesinados como “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”.
Barrera resaltó que aunque se ha dicho que esta confrontación se debe a la lucha por el control de las rentas ilegales, también debe tomar en cuenta la puja por el control territorial que ejercen estas organizaciones con presencia histórica en la región. Esto ocurre, explica, en un territorio en el que “si el Estado existe, lo hace en una altísima presencia militar” y con una oferta de seguridad limitada a proteger la infraestructura petrolera.
Por su parte, hay quienes aseguran que la grave crisis en Arauca tiene que ver con las políticas del gobierno Duque. De acuerdo con Humanidad Vigente, “la ola de violencia que vive la población de Arauca y el movimiento social, es producto del abandono Estatal y social, la crisis humanitaria, la militarización y las zonas de guerra llamadas ‘zonas futuro’; lo que viene antecedido históricamente por hacer del departamento un laboratorio de guerra contra su población”.
Frontera olvidada
Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Arauca es uno de los once departamentos que la integran. Según Martha Márquez, directora del Cinep / PPP y experta en relaciones binacionales Colombia – Venezuela, “desde 1830 hay un abandono de las fronteras y cuando se hace presencia es de forma militar”, lo que ha permitido que estos territorios “sean controlados por actores armados que se dedican a las economías ilegales”.
“El Estado venezolano permite actores armados como los de la Segunda Marquetalia, el ELN pelea por territorios con las disidencias y el Estado colombiano hace presencia militar”, concluye Martha Márquez.
En el complejo departamento fronterizo de Arauca, el ELN buscó extenderse “a lo largo de la cuenca del río Orinoco y penetró con mayor profundidad al interior de Venezuela” tras la firma del Acuerdo de Paz que provocó la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) del territorio, de acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada publicado por Cinep / PPP en 2021. Según sus autores, el frente Domingo Laín que hace presencia en Arauca se ha permitido mostrar un “modelo organizacional, pero también un apoyo material para otras estructuras” de la guerrilla. Arauca ha sido fortín histórico de esta guerrilla que aún no deja las armas y que habría denunciado recientemente en sus redes sociales que la cruda confrontación obedece al patrocinio de Estados Unidos a las disidencias de las Farc.
Guerras locales
En otras regiones la situación no es mejor: El 14 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, joven indígena ambientalista de tan solo 14 años de edad, en Cauca; el 17 de enero, Mario Jonathan Palomino, profesor y ambientalista, en El Carmen de Viboral, Antioquia; y el mismo día se encontró el cuerpo de Luz Marina Arteaga, lideresa y reclamante de tierras que había sido desaparecida desde el 12 de enero en Casanare. A ello se suman las denuncias por las situaciones de riesgo que denuncian comunidades de Chocó, Montes de María y Magdalena producto de la presencia y acciones de actores armados ilegales en sus territorios.
Para Víctor Barrera en este difícil inicio de año se continúa la tendencia de recrudecimiento del conflicto que viene del año pasado. Él recordó que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado a inicios de 2021 llamando la atención sobre la situación de violencia exacerbada contra firmantes de la paz y defensores de DD.HH.
Hay un “deterioro paulatino, sostenido, pero diferenciado a nivel territorial de las condiciones de seguridad”. Este contexto se produce debido a la reconfiguración y fragmentación organizacional tras el desarme de las FARC que sigue en curso, y genera una “competencia armada por saber quién se impone sobre quién o qué tipo de alianzas pueden estabilizar las dinámicas de la violencia sin que ello implique la desaparición de las organizaciones armadas”.
Para el investigador, este deterioro está marcado por las historias regionales de la violencia que había previamente en los territorios y que dan cuenta de guerras locales que ya no se inscriben en un relato nacional y que todavía tienen “ese fuerte localismo que hace que estas disputas sean mucho más exacerbadas”.
El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo serían los actores más visibles de esta confrontación:
“Estamos observando un ELN que está buscando posicionarse como una amenaza frente al Estado a través de ataques terroristas pero también con una capacidad bélica importante en regiones donde ha tenido una presencia como en el Catatumbo y Arauca”, sostiene el experto, añadiendo que esta será una dinámica que probablemente continuará este año.
De otra parte, afirma que hay una gran diversidad de disidencias que serían, entre 22 y 30, “dependiendo de las fuentes” y que están fragmentadas.
Por último, tras la captura de su máximo líder, “Otoniel”, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia también conocidas como Clan del Golfo o Urabeños) presentan “más continuidad que un cambio”. Aunque Barrera apunta que hay varias hipótesis que sostienen que se convertirán en estructuras autónomas que competirán entre sí, “al menos lo que estamos viendo es que este grupo armado tiene una organización que les permite ir mucho más allá de un liderazgo individual y en algunas regiones hemos visto que estas estructuras conservan un control significativo e importante”.
Se demuestra así, según Barrera, que “una ausencia total de una política de seguridad consistente respecto al nuevo contexto de estas guerras locales que demandan transformaciones que este gobierno no está interesado en tomar”. Adicionalmente, la violencia deja de ser selectiva contra personas defensoras de DD.HH. y “se convierte en una violencia indiscriminada que pone a la población civil en el centro de la confrontación en algunos territorios del país”.
Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP
