Pareciera que últimamente nos mecemos entre la esperanza que produce saber que el cese bilateral se mantiene, y el escepticismo que deja presenciar las manifestaciones de la inestabilidad política y social del país. En medio de esta fluctuación cotidiana, la Mesa de Quitó realizó las Audiencias Preparatorias, que buscaban insumos para definir los términos de la participación del primer punto de la agenda del Acuerdo de Caracas, en el marco del cuarto ciclo de negociaciones que, en líneas generales, culminó “satisfactorio” a pesar de todo.
Resulta paradójica nuestra fluctuación anímica.
En principio, un estímulo para la participación fue el primer paso dado por ambas delegaciones con la declaración del cese al fuego, que apareció como una esperanzadora muestra de humanidad y voluntad bilateral luego de la visita del Papa. Sin embargo, del dicho al hecho, ha habido mucho trecho, y la responsabilidad en esto ha sido de parte y parte.
El proceso de paz dejó de estar relegado en la agenda de la opinión pública gracias a seguidilla de ciertas noticias que ahondaron la incertidumbre: la renuncia de Juan Camilo Restrepo y del general Eduardo Herrera, así como el anuncio de la reestructuración del equipo negociador del gobierno, si bien parecen una oportunidad, son un reto en el camino de llevar a la mesa al anhelado “punto de no retorno” antes de las elecciones. La tarea parece mayor, teniendo en cuenta que ya Ordóñez, Holmes y Duque se sumaron a la opción de Cambio Radical de suspender las negociones, de triunfar en las presidenciales.
Por desgracia, aunque fue el ELN quien puso la necesidad de frenar los ataques contra los líderes como uno de los compromisos del cese bilateral y como garantía necesaria para el ejercicio de participación, el correlato de su exigencia fue la muerte del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, producto de un “error” cometido por los hombres del Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla, aún sin representación en la Mesa. Este suceso y el éxodo consiguiente de las comunidades indígenas de la región, sumado a la alarmante crisis humanitaria que se atiza cotidianamente en el Pacífico –pruebas de eso la masacre de Llorente y la masacre de Magüí Payán-, refuerzan la intuición que indica que la persistencia de las condiciones que han causado y avivado la confrontación en lugares concretos, es lo que determina los factores que hacen más vulnerables a líderes sociales y comunidades específicas, y es precisamente en la existencia de estas condiciones donde puede verse el carácter sistemático de una tendencia que el gobierno se niega a reconocer.
Los acuerdos de la Habana aparecieron como un primer paso en el proceso de superación de estas condiciones. Sin embargo, el incumplimiento y las dilaciones en la implementación de los acuerdos agravan cada día más el escepticismo existente porque, en general, profundizan la desconfianza de la gente en el Estado, y en su capacidad efectiva de tramitar los compromisos que adquiere. Esto, entre otras cosas, disminuye los ya precarios incentivos que existen para participar, en la medida que debilita la frágil credibilidad que la sociedad colombiana atribuye a las instituciones de su democracia. Esta desconfianza puede ser, entre otras cosas, una de las causas de la apatía que el grueso de la sociedad colombiana demuestra ante los procesos de construcción de la paz que ya emprendimos.
Además del grave historial de incumplimientos de acuerdos por parte del Estado –que es el motivo más recurrente de los eventos de movilización social de los últimos años, como lo indica el seguimiento que hace a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz– existe miedo y prevención de participar en los mecanismos diseñados para la implementación de los acuerdos[1]. Se suponía que llevar a cabo estos procesos de manera participativa y concertada en los territorios, permitiría dar tratamiento progresivo a los problemas y a las reivindicaciones históricas de las poblaciones excluidas, ampliando los alcances de la democracia colombiana. No obstante, es claro que esto no está sucediendo.
Entonces, así como pájaro viejo no entra en jaula, las circunstancias dificultan para muchos la posibilidad de no ceder a las inercias del conflicto. Prolongar la postura de aquellos que manifiestan que no hay argumentos para rechazar de manera tajante la violencia, parece condenarnos tristemente a la espiral de una falacia simple, que dice que el histórico recurso a la guerra explica su prolongación, dado que no hay argumentos suficientes para rechazarla convincentemente. Quizá una institucionalidad convincente podría ser, por ejemplo, un primer paso en el camino de liberarnos progresivamente de esta espiral. Algo así como un Estado convincente.
Mientras, la Minga Nacional Indígena por la Vida, o el paro de campesinos cultivadores de coca son una expresión, por un lado, de los límites de los espacios de concertación y participación realmente existentes, y por el otro, de que la movilización social continúa siendo el mecanismo de participación más eficaz para posicionar las iniciativas y reivindicaciones de los movimientos, sectores sociales y poblaciones en la agenda pública. Ahora, la situación es más difícil dada la inexistencia de garantías para la movilización social, cuya expresión más funesta es el tratamiento violento y represivo que la fuerza pública continúa dando a la protesta.
A pesar del éxito proferido de las Audiencias realizadas, difícilmente la conversación sobre los alcances de la participación propuesta para este proceso de paz escape a este contexto. Los retos no son menores ante la posibilidad de realizar un proceso de participación que en efecto guíe la construcción de consensos sobre los temas que se discutirán en Quito. Esto porque lo que ha sucedido en estos días enseña que el ejercicio de participación debe ser suficientemente acotado, con la intención de que no genere nuevas expectativas que formen nuevas frustraciones. También es imperioso que el ejercicio tenga una incidencia real en la conversación, así como que las personas que participaron puedan saber hasta dónde va dicha incidencia. Adicionalmente, urge implementar de manera articulada los alcances y desarrollos que de ahí deriven con lo que se implemente de los acuerdos de La Habana.
Por ahora, que el cese y la mesa permanezcan, recuerda que es humanamente imperativo insistir en la necesidad de persistir, ahora que en teoría hay un consenso relativamente generalizado sobre la necesidad de desligar el ejercicio de la política y el trámite de los conflictos sociales del uso de las armas. En este sentido, la existencia del proceso de paz en sí mismo es una razón para la esperanza. Para acordar en qué términos y bajo qué circunstancias podrá concretarse el alcance de este proceso de paz existe una negociación en Quito. Para que ésta permanezca se requiere que la sociedad rodee el proceso y participe, y para que la participación de la sociedad se dé, se necesitan garantías y voluntad reales.
[1] Sólo a modo de ejemplo, pese a que los planes de sustitución voluntaria brindarían un tratamiento alternativo a los campesinos acogidos programa, que el gobierno haya priorizado la erradicación forzada claramente no da seguridad a quienes suscriban los acuerdos de sustitución; tanto en relación con los riesgos que corren sus vidas al participar de los programas, como en términos de las garantías de cumplimiento en acceso a derechos y en la sostenibilidad de los proyectos alternativos. Mientras esto sucede, es bien sabido que grupos armados continúan ofreciendo incentivos para la siembra a comunidades que nunca habían sembrado coca -como sucede hoy en el bajo Atrato-, generando formas nuevas y complejas de relacionamiento entre estos actores armados y las comunidades.
Camila Carvajal
Investigadora Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo
