El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha creado un curso virtual sobre el Acuerdo de Paz y su implementación en Colombia al que se puede acceder de manera abierta y gratuita.

 

“Diversos escenarios han advertido sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles del Acuerdo Final para garantizar condiciones para alcanzar la Paz estable y duradera”, así introduce el curso Proceso de paz e implementación del acuerdo final en Colombia ofrecido por CLACSO.

Un poco más de tres años después desde la firma del Acuerdo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reunió a expertos y académicos para poner la lupa sobre su implementación en el país. Según el Consejo, para que esta sea efectiva deben generarse unas bases sólidas para desdibujar factores históricos relacionados con desequilibrios sociales y territoriales generados por el poder y la concentración de la tierra, dinámicas criminales que permean la acción del Estado y el discurso de la guerra.

El curso virtual ahonda en esas dinámicas para dar a conocer la trascendencia de que al día de hoy se presenten incumplimientos en la implementación tales como “la producción legislativa; la desfinanciación de planes y programas; la falta de garantías para la seguridad que ha tenido resultado en asesinatos sistemáticos; las precarias condiciones para robustecer la reincorporación; y las resistencias de la institucionalidad para acoger las reformas mínimas propuestas”.

A grandes rasgos, los temas en los que profundiza el curso son:

  • Balances de la implementación de puntos específicos del Acuerdo Final, en especial la Reforma Rural Integral, cultivos de uso ilícito y apertura democrática.
  • Relaciones y posibilidades entre las problemáticas agrarias colombianas y el Acuerdo Final.
  • Mujeres y Feminismo Insurgente.
  • Comparaciones con otros procesos de paz en temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración, especialmente los llevados a cabo en Centroamérica.
  • Persistencia de la violencia en el país y su relación con la implementación del Acuerdo Final.
  • Reflexiones sobre las causas estructurales del conflicto.

Entre el equipo docente se encuentran Sergio de Zubiría de Universidad de Los Andes; Victoria Sandino, Senadora de la República; Consuelo Corredor, coordinadora del CINEP/PPP en la Secretaría Técnica de la CSIVI; y siete académicos más que comparten sus perspectivas y conocimientos a lo largo de 11 clases en video.

En este enlace se encuentra disponible el curso: https://repositorio.clacso.org/Proceso_de_paz_colombia.html 

Clase 1: Presentación general del curso: Proceso de paz en La Habana (2012-2016): Introducción

 

Clase 2: Condiciones históricas del proceso de paz

 

Clase 3: La integralidad del acuerdo de paz y el estado general de la implementación

Clase 4: La Reforma Rural Integral: una oportunidad para el cierre de brechas

 

Clase 5: Entre la ampliación democrática y la persistencia de la violencia política

 

Clase 6: El tránsito de las FARC-EP a la vida legal y el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

 

Clase 7: La política fiscal y la construcción de paz: reflexiones desde el acuerdo final y los conflictos sociales

 

Clase 8: El sistema de implementación y verificación: entre la perfidia y la potencia transformadora

 

Clase 9: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la resistencia a la verdad

 

Clase 10: Entre la reincorporación integral y el modelo de desmovilización, desarme y reinserción (DDR)

 

Clase 11: Cierre y conclusiones provisorias

  

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

Esto opinaron seis víctimas del conflicto sobre la memoria y la situación de sus comunidades en medio de la crisis social y sanitaria en Colombia por el Covid19. Compartimos resumen y video de la segunda emisión de  #DiálogosEnCuarentena realizada en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.


Desde Tumaco, Chocó, Bojayá, Antioquia y Montes de María, víctimas, líderes y lideresas sociales conversaron sobre "Memoria, líderes sociales y víctimas en tiempos de pandemia" en un diálogo virtual convocado por el CINEP/PPP y el movimiento Defendamos La Paz. La charla abrió espacio a hacer visibles las gran vulnerabilidad de las comunidades históricamente excluidas, en cuyos territorios, además del confinamiento sanitario, se ha recrudecido el confinamiento armado. 

Desde el Chocó, Luz Marina Becerra, miembro de Afrodes Colombia, insistió en la carencia de servicios básicos como el agua afirmando que “para nosotros por la exclusión histórica el confinamiento es más difícil”.  Luz Marina mencionó, con jocosidad y preocupación a la vez, que les mandan a lavar las manos con frecuencia cuando en muchas poblaciones afro ni siquiera tienen acceso al agua. 

A la vulnerabilidad creada por la emergencia sanitaria, se suma la violencia latente a la que se han visto expuestas históricamente estas comunidades. Las amenazas, desplazamientos y asesinatos a los pueblos empobrecidos, entre ellos 6 líderes que han sido asesinados durante cuarentena, no paran. Tal fue el caso de John Restrepo, líder de la comunidad Lgbt en Medellín quien fue atacado en su propia casa en un barrio popular de Medellín durante el confinamiento. Otros no corrieron con su suerte y perdieron la vida como ha sido el caso también de firmantes de paz de Farc asesinados en este periodo. 

Según Leyner Palacios quedarse en casa es incluso aumentar el riesgo. Palacios insistió en la necesidad de crear un corredor humanitario en el Pacífico donde preocupa la violencia que no se detiene ni con la pandemia.

Menderson Mosquera, en Antioquia, se refirió a las poblaciones confinadas por la guerra en el Bajo Cauca, Dabeiba y Mutatá, en donde las directrices nacionales han sido débiles y no se han integrado todas las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Para Mosquera es necesario que las ayudas alimentarias no se dejen en manos de “politiqueros” sino que se entreguen con prioridad. Ellos y ellas como integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas no han contado, explica, con posibilidad alguna de incidir en la escogencia de la entrega de ayudas en sus municipios.

Además, Jhon Jairo Romero, desde España, explicó la fragilidad de las víctimas que se encuentran en el exterior y solicitan con urgencia medidas de protección. John Jairo también destacó la solidaridad que ha recibido de otros colombianos y las muestras de afecto y apoyo que observa en Colombia. Para él, la pandemia también está “sacando lo mejor de nosotros”. 

Entre tanto, José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de Memoria de Tumaco, enfatizó en las preocupaciones de muchos -no solo de las víctimas- por la “oficialización” de la memoria de parte del Estado. 

“La memoria no es del Estado es de las poblaciones vulnerables, las víctimas y los colombianos, debe ser un espacio autónomo, no debe ser un instrumento para que el gobierno de turno cuente lo que quiera”.

Desde Tumaco, Foncillas señala que varios grupos ilegales en el Pacífico Nariñense han estado distribuyendo panfletos amenazantes y recordó que horas antes incluso atacaron una misión médica dejando una persona muerta.

Por su parte, Claudia Cueto, en Montes de María, habló de la importancia de la memoria desde las comunidades recordando la experiencia del Mochuelo en los Montes de María. En dicha región varios líderes sociales han sido amenazados en medio de la pandemia y están sorteando su seguridad además de la sobrevivencia.

"Una lección que nos está dejando el COVID-19 es que el Estado debe avanzar en prevención y no solo en reacción a la coyuntura. No tenemos un sistema de salud adecuado menos aún en territorios afro", afirmó Luz Marina Becerra.

Para las víctimas hay una debilidad del Estado para responder a la emergencia sanitaria y social generada. Para varios, la pandemia develó la corrupción y la fragilidad del sistema económico y político de Colombia que, sumadas a la violencia histórica, podrían llevar a la desaparición de comunidades como el caso de los Wayuú en La Guajira.

Los presentes estuvieron de acuerdo también en el rechazo a los posibles actos de corrupción para entregar alimentos o bonos por parte del gobierno nacional, y exigieron protección para sus territorios. Además, se sumaron a la propuesta de la Red Colombiana de Lugares de Memoria de lograr que el Museo Nacional de la Memoria (promovido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero que es un escenario de reparación a las víctimas según la ley) tenga una dirección independiente del gobierno. 

Las víctimas mostraron, una vez más, su fuerza y su valor e invitaron a los colombianos a estar de pie exigiendo la garantía de sus derechos y apoyándose mutuamente en lazos de fraternidad y solidaridad. A continuación el conversatorio completo: 

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

El equipo de Derechos Humanos presentó hoy ante la opinión pública la revista Noche y Niebla n. 59º en donde se expuso el panorama de derechos humanos y violencia política para este primer semestre de 2019 enfocada en el departamento de Antioquia. En el evento participaron el director del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero; Winston Gallego y Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad del Banco de Datos de Antioquia; Javier Giraldo, S.J., investigador de Derechos Humanos del Cinep/PPP y Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

Los voceros hicieron un balance de las violaciones de derechos humanos y violencia política que recoge la revista a lo largo de sus páginas. Luis Guillermo Guerrero resaltó el propósito de la publicación, “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de estos crímenes”. Una de las miradas del balance de esta publicación es el fortalecimiento del paramilitarismo, la revista recogió 157 amenazas de muerte por parte del grupo armado entre enero y junio de 2019. Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales fueron 19 para este mismo periodo. Las detenciones arbitrarias de la Policía Nacional suman 32 personas y hay testimonios de 6 ejecuciones, además de otras violaciones por parte del Ejército Nacional.

Javier Giraldo, S.J., destacó el nuevo enfoque para esta publicación, “mirar cómo se están realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social de base”. La revista recopiló 48 asesinatos de líderes sociales en todo el país entre enero y junio de este año, también se presentaron 37 atentados y 54 amenazas entre líderes, lideresas y comunidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, además 12 asesinatos de desmovilizados en su mayoría de las FARC. Una de las mayores problemáticas de estos casos es que se desconocen los victimarios, “hay un máximo nivel de clandestinidad, que hace imposible investigar y saber la identidad del victimario”.

Carolina Moreno se refirió a las relaciones que existen entre las violaciones de derechos humanos con el modelo de desarrollo del departamento de Antioquia, “estas visiones atienden a intereses particulares de grupos económicos y algunos políticos, que además hacen presencia en las diferentes regiones”. Según Carolina, megaobras y megaproyectos como el Túnel de Oriente, la hidroeléctrica Hidroituango, entre otros, son los causantes de desplazamientos, masacres y asesinatos. Por otro lado, el desempleo, la seguridad, la pobreza y la informalidad en Medellín han aumentado durante este año convirtiéndola en una de las ciudades más desiguales de América Latina.

Winston Gallego expuso el caso del Bajo Cauca antioqueño planteando, “es la región más pobre del departamento de Antioquia” y resaltó, “han asesinado 26 líderes sociales. La mayoría eran del PNIS(Plan Nacional Integral de Sustitución)”. Después de la desmovilización de las FARC, el Bajo Cauca vivió un incremento de la violencia por parte de otros grupos armados que llegaron a ocupar la zona como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos, además de disidencias de las FARC. Según Winston, el incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz impide que la situación del territorio mejore.

“La asociación y las comunidades de paz son las herramientas para combatir esa lucha contra el militarismo y el paramilitarismo en las comunidades que están cansadas de la guerra” fue el llamado que hizo Alejandro Angulo S.J.  De esta manera, Luis Guillermo Guerrero recalcó que Noche y Niebla no es una revista estadística sino para la memoria de las víctimas y que esta publicación se da en un contexto de nuevas salidas violentas y cuestionamientos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

Lee aquí el informe regional Antioquia, la guerra en desarrollo

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

 

El contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años ha llevado a que se presenten numerosas consecuencias que han afectado a la población colombiana de diferentes maneras. Los constantes combates entre la fuerza pública y los grupos armados, han sido el escenario donde las acciones de ambos actores han afectado a la población civil; de esta manera surgieron en Colombia los crímenes por agentes del estado, donde funcionarios públicos han cometido violaciones de los derechos humanos.

Hay que aclarar que la figura del crimen de estado no tiene su origen en Colombia, pues como nos cuenta Luis Alfonso Castillo, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “con el fin de la segunda guerra mundial se empieza a ver de manera sistemática la criminalidad estatal, aparece la figura del enemigo interno, que era la amenaza de la estabilidad del funcionamiento de los estados amigos”. Es así como estas acciones empezaron a presentarse sin ningún control, y con la excusa del enemigo interno en muchos países se han cometido asesinatos de personas que no hacen parte de un contexto de guerra.

De acuerdo con David Suárez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, “cuando hablamos de Crímenes de Estado pareciera ser una paradoja, porque el Estado es quien está destinado por su posición a proteger la vida, la honra, los bienes y la integridad de cada uno de los asociados que hacen parte de ese presunto pacto social en el que el Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas, y las personas contribuyen a que el Estado se sostenga”. Más allá de que el Estado se encuentre inmerso en un conflicto armado, su principal preocupación debe ser velar por la seguridad de las personas que se encuentran amenazadas por ese conflicto, sin embargo, diferentes motivos han llevado a que funcionarios públicos atenten contra la vida de la población que confía en ellos.

Las cifras en Colombia no son exactas, pero se habla de más de 10.000 crímenes de estado, algunos de los cuales han sido llevados ante la justicia para poder sancionar a los responsables. Aun así, se han presentado casos donde las instituciones no han cumplido con su labor y se ha tenido que acudir a instancias internacionales, como explicaba Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas, “la jurisdicción internacional se activa en circunstancias muy particulares, y es cuando se surte el proceso interno o cuando los medios de los que dispone el país no son suficientes y la investigación no es profunda, cuando habiendo los recursos y los medios hay un tiempo donde queda muerto el proceso.”

Es difícil que los casos de crímenes de estado desaparezcan, cuando en medio de la búsqueda por la verdad de todo lo que ha pasado en el conflicto colombiano, persisten los grupos armados ilegales y se siguen presentado muertes de civiles y líderes sociales. No obstante, desde la Comisión Colombiana de Juristas creen que existen los mecanismos para reducir el número de víctimas, ya que según Julián González “el acuerdo (de paz) tiene a la comisión nacional de garantías de seguridad, cuyo fin único es desarticular bandas criminales que surgen al final del proceso de paz. La manera más sencilla y clara que debería juntar a todas las fuerzas sociales y a los actores más escépticos del estado es el cumplimiento del acuerdo de paz, es la manera como se puede proteger de forma más idónea a los líderes sociales. Las herramientas están solo falta tomar la decisión política”.

Finalmente, el mensaje de los expertos a la población colombiana es a persistir, como afirma David Suárez “Hay que perseverar, ser valientes en medio de la muerte, de las amenazas y de las agresiones. La sociedad civil, los reclamantes de tierras, los líderes, indígenas, campesinos y afrodescendientes están luchando por lo que han luchado siempre, la única manera de avanzar es perseverar.”

En este Rompecabezas nos acompañaron:

  • David Suárez. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana
  • Luis Alfonso Castillo. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
  • Julián González. Comisión Colombiana de Juristas



Deivyd Manrique
Periodista Rompecabezas