El próximo 13 de marzo serán los comicios para elegir los próximos congresistas. En los territorios PDET se elegirán además los 16 representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Así es cómo funcionarán estas circunscripciones.

Luego de 5 años de curso en el Congreso, en agosto de 2021 se aprobó el Acto Legislativo que permitió a las víctimas y sus organizaciones tener representación en el legislativo a través de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sebastián Beltrán, investigador de la Línea de construcción de Estado y paz en regiones conflictivas e integrante de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (STCIV) explicó la historia, funcionamiento y riesgos que enfrentan estas curules. 

¿Qué son las curules de paz y cómo lograron convertirse en Ley después de cinco años de firmado el Acuerdo de Paz?

SB: Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron creadas por el Acuerdo Final de Paz, contemplado en el punto 2 de participación política como una forma de garantizar la representación política en los territorios afectados por el conflicto armado y con una precaria presencia estatal. Su rol era lograr una mayor inclusión política y electoral de aquellos territorios afectados y por eso quedó en el punto 2 y no en el punto 5 de víctimas. 

Su desarrollo estuvo bastante trancado, como sabemos en el Congreso su votación fue aprobada pero la mesa directiva del Senado de ese entonces no quiso avalarla porque decía que no había suficiente cuórum mientras que los sectores afines a la paz afirmaban que sí alcanzaba la mayoría. 

Debido a esto se interpusieron distintos recursos como una tutela en 2018 a cargo del senador Roy Barreras que establecía que efectivamente se habían alcanzado los votos y se estaban vulnerando los derechos de reparación a las víctimas, durante 3 años no pasó nada hasta que en mayo de 2021 la Corte Constitucional le dio la razón a esta tutela reactivando así las Circunscripciones y el Acto Legislativo 002 le dio el marco jurídico y normativo que hoy conocemos.

Para que un Proyecto de Ley se convierta en Ley tiene que llevar la firma del Presidente, en su momento hubo una resistencia del Presidente, que dijo que iban a demandar la decisión pero no prosperó esta iniciativa, se retiró esta acción del Gobierno y procedió a firmar el Acto Legislativo convirtiéndolo en Ley.

¿Cómo se eligen las curules, dónde se eligen y quiénes pueden votar por ellas?

SB: Son un total de 16 circunscripciones que sumarán 16 escaños en la Cámara de Representantes, estas coinciden con las zonas donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los candidatos son dos por circunscripción: una mujer y un hombre. La idea es que aquellos territorios rurales dispersos, excluidas las cabeceras municipales, puedan acercarse a sitios de votación para elegir los candidatos de esa circunscripción especial. 

Esto tiene que ajustarse al censo electoral que tenga la Registraduría para el momento que se haga la votación y así será la elección. Se trata de 167 municipios en las circunscripciones, así:

1. Cauca

2. Bajo Cauca 

3. Chocó

4. pacífico y Nariño

5. sur de Meta y Guaviare

6. Caquetá

7. Catatumbo

8. pacífico, Valle del Cauca, Cauca y el Distrito Especial de Buenaventura

9. Montes de María

10. Putumayo

11. sur de Bolívar

12. Urabá

13. sur de Córdoba

14. Magdalena, La Guajira y Cesar

15. Arauca 

16. sur de Tolima

En las mesas de estos lugares habrá un tarjetón con los candidatos de cada circunscripción, así cada persona se acercará con su cédula a la mesa y podrá acceder a los tarjetones de las circunscripciones ordinarias y de las especiales de paz.

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz?

SB: La Misión de Observación Electoral (MOE) ha hecho un gran seguimiento al tema de riesgo de seguridad como de fraude electoral y yo quisiera mencionar a grandes rasgos los problemas que veo, el primero es la falta de financiación y la poca claridad en las reglas de juego, esto se deriva de lo rápido que fue todo: el Acto Legislativo salió en agosto, la reglamentación de la Registraduría salió a finales de septiembre al igual que la del Consejo Nacional Electoral. Entonces todo fue tan rápido que hay muchas personas que no tenían claro cómo iban a funcionar las Circunscripciones, no hubo una pedagogía para capacitar tanto a las organizaciones sociales como de víctimas en la reglamentación que implicaba el desarrollo de estas elecciones en diferentes municipios del país. 

También están las limitaciones en la participación: hay que entender que algunos de estos municipios son de difícil acceso, y la cabecera municipal está muy alejada de las zonas rurales, puede que esté a varias horas en río, varias horas en carretera, por trocha. Entonces las personas también tienen una dificultad de desplazamiento para acceder a estas mesas de votación y esto puede limitar la participación.

Sumado a esto también tenemos un problema de cedulación: hay un porcentaje importante de personas que no cuentan con la cédula y ese es un requisito indispensable para acceder a la mesa de votación. Esto era una tarea de la Registraduría que hizo varías campañas de cedulación pero queda la duda sobre el impacto real en la participación. Este problema quedó reflejado en el Décimo informe de la STCIV, donde hicimos un seguimiento al tema.

Otra cosa que puede afectar la participación claramente es la presencia de grupos armados, hay territorios en los que tienen un fuerte control sobre el movimiento de las poblaciones, desplazamientos y confinamientos que pueden llegar a afectar la participación real. Sumado a esto desde el Gobierno también se pueden suspender las elecciones en algunos municipios por temas de orden público, esto quedó consignado en el Acto Legislativo.

Y por otra parte está el tema de la seguridad física, especialmente la presión de actores armados como la falta de presencia del Estado, sabemos que se ha desarrollado el “Plan Ágora 2” y el “Plan Democracia” para proteger a los candidatos y los distritos electorales, pero la respuesta ha sido lenta, sabemos que durante las elecciones la violencia aumenta y eso lo vemos en territorios como Arauca.

Una gran pregunta es cómo con la situación actual puede haber garantías para salir a votar.

También hay una cuestión sobre cómo se seleccionan los candidatos, el Acto Legislativo pone unos principios de no pertenecer a partidos tradicionales, pertenecer a una organización social o de víctimas, entonces serán claves las comisiones de seguimiento electoral, que pueden ser un paso importante para salvaguardar el espíritu que tengan las Circunscripciones. Sin embargo, también creo que la amenaza latente de que partidos tradicionales o gente afín a otros sectores puedan participar, esto se deriva de lo rápido que fue el proceso y que algunos líderes en zona, como las Circunscripciones no arrancaban, para poder luchar por sus agendas se involucraron con partidos para ir en estas elecciones lo que llevó a que se les quitará la posibilidad de participar en estas Circunscripciones y en algunos territorios eso obligó a tener que elegir nuevas caras visibles para participar.

También la falta de experiencia de algunas de estas organizaciones llevó a que busquen o puedan buscar un apoyo en las personas que saben hacer políticas en estas regiones y creo que esa es la gran dificultad que afrontamos, y es ahí donde debe haber una capacitación de las organizaciones sociales como una acción real por parte de las autoridades electorales en mirar cuales son las certificaciones de esa candidatura y si efectivamente puede aplicar a estas Circunscripciones.

Otra de las dificultades que tienen las organizaciones que están participando en esta campaña es el acceso a medios, el Acto 002 lo limita un poco porque solo permite acceder al espectro electromagnético del Estado, entonces, las candidaturas no tienen espacio en radio o televisión y se han movido mucho a través de las redes sociales de los candidatos, de las organizaciones y esto nos lleva a pensar a futuro, en próximas elecciones, a brindarles más visibilidad. También el tema de pedagogía es fundamental para que los candidatos se puedan proyectar hacia afuera.

Encuentra en este enlace la lista de personas candidatas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: https://www.cinep.org.co/Home2/images/2022Noticias/20220131_candidatos-congreso-citrep_18012022.xlsx 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

Hasta el 20 de septiembre están abiertas las inscripciones para la Escuela de Formación Política Poder y Paz, en la que se fortalecerán con herramientas y debates las candidaturas de las y los líderes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

Hasta el 20 estarán abiertas las inscripciones de la Escuela de formación política para candidatas y candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz “Poder y Paz”. Un total de 30 cupos están disponibles para apoyar a quienes se presentarán en la próxima jornada electoral por estas Circunscripciones, especialmente en las regiones del Caribe ampliado y Pacífico colombiano.

La escuela se desarrollará entre los meses de octubre (de forma virtual) y noviembre (de forma presencial) de 2021. 

Estos son los requisitos:

  • Ser colombiana/colombiano de nacimiento.
  • Tener más de 25 años.
  • Ser víctima del conflicto armado acreditada por la UARIV.
  • Ser lideresa, líder o defensora, defensor territorial en temas de paz, ambiente y/o mujeres dentro de una organización social, campesina o étnica. 
  • Haber nacido, vivir o estar viviendo en alguna de las regiones de la circunscripción transitoria especial por tres años consecutivos (las circunscripciones del Caribe y Pacífico son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bajo Cauca, Chocó, Montes de María, Magdalena, César, La Guajira, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Urabá). 
  • No haber sido candidato a cargo de elección popular por un partido o movimiento político con personería jurídica o representación en el Congreso de la República, o haber ocupado cargo directivo de estos.
  • No haber sido beneficiario de programas de reintegración o reincorporación. 
  • Llenar el formulario y adjuntar perfil en: https://co.boell.org/es/form/escuelo-ctep

En la escuela habrá espacios de aprendizaje colectivos sobre la estructura del Estado, el proceso electoral de las circunscripciones, y las principales demandas de las organizaciones sociales para garantizar los derechos de las víctimas, las mujeres y a la tierra y el territorio. También se entregarán herramientas para el diseño de campañas políticas. 

Las 30 personas seleccionadas serán notificadas a más tardar el 24 de septiembre de 2021. 

La Escuela Poder y Paz es organizada por Broederlijk Delen, el Cinep / PPP, el Centro de Pensamiento Áncora y la Fundación Heinrich Böll.

Más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Encuentre el PDF con más información de la Escuela a continuación: 

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

En estos meses finales de 2020 se están cumpliendo cuatro años de la firma del Acuerdo Final con las Farc-EP para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. A pesar del reconocimiento nacional e internacional de la firma de la paz en Colombia, su implementación ha sido un proceso tortuoso, debido a la derrota por estrecho margen del plebiscito aprobatorio, a cambios en el contexto político en el país y a los complejos trámites propios de la institucionalización de lo acordado. Cuatro años es un lapso de tiempo razonable para hacer balances ponderados de los logros y las dificultades en la implementación de dichos acuerdos bien en conjunto o bien en cada uno de los seis grandes puntos pactados: 1) Reforma Rural Integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución a cultivos ilícitos; 5) víctimas; y 6) implementación, verificación e implementación.  

Para el Cinep, la verificación de la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final es una tarea que ha adelantado periódicamente en estos años junto con Cerac como parte de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional de los acuerdos, establecida en el punto 6.3.

En esta ocasión, por medio de su revista emblemática Controversia, convoca a estudios que evalúen críticamente la implementación de dichos acuerdos como también a reflexiones sobre procesos similares en el país, en América Latina y en otras regiones del mundo.

Fechas:

  • Apertura: 1 de noviembre de 2020.
  • Cierre: 28 de febrero de 2021.
  • Publicación: segundo semestre de 2021.
  • Editor del dossier: Mauricio Archila Neira.
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.