Liderazgos sin miedo

  • Oct 25, 2020
  • Publicado en Prensa

Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales sigue siendo el reto de la sociedad colombiana. Compartimos una reseña del conversatorio Liderazgos sin miedo.

Ausencia estatal, inseguridad, violencia y erradicación forzada son algunos de los riesgos que enfrentan líderes sociales en Colombia, según el conversatorio: Líderes sociales: desafíos para su protección. La campaña que lleva el mismo nombre y consiste en acompañar y darle un espacio a los líderes y lideresas sociales de Colombia es una alianza de medios y ongs, entre ellos CINEP/PPP que, desde hace más de 50 años, registra y analiza la tragedia de los defensores de Derechos Humanos en este país, históricamente estigmatizados, atacados y aniquilados. 

Entre muchos retos, la protección y defensa de la vida son los principales pues, según se comentó, hasta el momento las medidas tomadas por el gobierno –como la militarización– han generado más afectación y violación a los derechos humanos como es el caso de asesinato de campesinos durante operativos de erradicación forzada o violación sexual de niñas por parte del Ejército. Además, los asesinatos a líderes y lideresas sociales siguen incrementando, especialmente en los territorios en los que hay presencia de cultivos de uso ilícito. Cauca, Antioquia y La Guajira son algunos de los departamentos con mayor riesgo. 

Según Sirley Muñoz de Somos Defensores, este año los asesinatos aumentaron en un 61% en relación con el año anterior; la comunicadora enfatizó en que se está presentando una reconfiguración del conflicto ‘‘Todavía no sabemos cómo llamar esta etapa; esto apenas está comenzando, las agresiones van en aumento. Lamentablemente, todavía viene una situación muy difícil para el país’’. 

Por su lado, los líderes e integrantes de radios comunitarias se han unido como colectivo en aras de crear sus propias herramientas de protección, teniendo una comunicación constante y activa, siempre trabajando junto a la comunidad, así lo afirmó Liverman Rengifo, integrante de la Red de radios comunitarias Cantoyaco del Putumayo. En este contexto, la función de las radios comunitarias ha sido clave para fortalecer a los líderes en el proceso de resiliencia. ‘‘Si reflexionamos, vamos a entender por qué es importante para esta democracia que las radios comunitarias tomemos posición y acompañemos los procesos de desarrollo de los territorios”, según Dione Patiño, de La Esquina Radio.

Unirse como comunidad y colectivo ha sido fundamental; de lo contrario, optar por el trabajo individual generaría más exposición y peligro, un arma de doble filo en un proceso de posconflicto, concluyó el conversatorio. 

Ha sido un proceso de construcción compartida. En palabras del Presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC, William Muñoz: 

‘‘Una cosa es hablar de paz y otra cosa es construir paz, y eso es un eje fundamental que nos atraviesa’’.

A pesar de los riesgos y la situación a la que hoy se enfrentan los líderes y lideresas, ellos y ellas aún apuestan por ‘‘no bajar la moral’’ y seguir siendo un apoyo entre entidades como una red que se protege entre sí. El papel de los medios en articular y visibilizar sus luchas también es fundamental, así como para increpar al Estado en su papel de protección a ellos y ellas.

El conversatorio completo puede ser visto en: https://www.facebook.com/watch/?v=353827009095300 

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

Yanilda González, doctora en ciencia política de Princeton, dedica sus días a investigar a la Policía en contextos democráticos, e insiste en que se necesita consenso social. Esta es su lectura de una coyuntura que sacude a Colombia y a otros países.

El reciente e histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que señaló que hay “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas”, puso sobre la mesa una discusión que ya se venía dando: ¿qué hacer para evitar al máximo los excesos de la Policía, especialmente en manifestaciones? Yanilda González es doctora en ciencia política de la prestigiosa Universidad de Princeton y profesora asistente en Harvard, desde donde investiga el papel de la Policía en contextos democráticos atravesados por altos niveles de desigualdad. Esta es su visión.

Los hechos recientes en Colombia han venido a sumarse a una ola de protestas que han ocurrido en otros lugares del mundo, en los que las demandas ciudadanas para reformar instituciones como la Policía cada vez cobran mayor importancia. ¿Cómo interpretar este estallido?

El momento que vivimos debemos verlo en el contexto más amplio de las grandes manifestaciones que sucedieron el año pasado. El estallido social que se dio en países como Colombia, Chile y Haití, donde no eran protestas en principio en contra de la Policía, pero en muchos casos vimos que la Policía se puso en el centro de la historia a través de abusos cometidos en contra de algunos manifestantes.

En el caso de Colombia, lo vimos con las intervenciones del Esmad. Y eso no pasa con otras burocracias del Estado. La Policía es la cara más visible del Estado en este tipo de eventos y, en muchos contextos, como por ejemplo lo que pasa en Bielorrusia, lo que se ve es que están defendiendo los intereses de un Gobierno y no los de los ciudadanos que están manifestándose.

Entonces no nos debe sorprender que ahora lo que observamos sean estallidos centrados en la cuestión policial que se expresan precisamente cuando se presentan escándalos muy específicos, como los de George Floyd, en Estados Unidos, o Javier Ordóñez, en Colombia. Ahora, la pregunta es por qué sucedió esto con el caso de Ordóñez y no con el de Ánderson Arboleda, en Puerto Tejada. Esto demuestra cuestiones más profundas y estructurales como la desigualdad y el racismo, y el papel que tiene la Policía en la reproducción de este tipo de situaciones.

En esta tensión inherente entre el modelo de control y el modelo de protección del rol que tiene la Policía en la sociedad, ¿qué lugar tienen los abusos policiales?

Es difícil decir que el problema se genera por un solo factor. Diría que hay que ver cómo se refuerzan distintos factores: intereses políticos, demandas de la sociedad y rutinas burocráticas. Esa interacción es la que hace que tengamos policías con pocos controles civiles y externos.

En algunos casos como Trump en Estados Unidos vemos que hay políticos que quieren controlar ese brazo armado para sus propios intereses. Y eso genera unos incentivos perversos en los que algunos sectores civiles no tienen interés de restringir las funciones de policía por cuestiones políticas.

Por otro lado, tenemos sociedades desiguales en las que el discurso que domina en la cotidianidad se basa en el miedo y genera demandas fragmentadas donde la protección de los sectores más privilegiados muchas veces implica la represión de los sectores menos favorecidos. Entonces muchas veces desde la misma sociedad surge esta presión que impide que la Policía pueda brindar una protección más universal.

Finalmente, en el interior de la Policía hay condiciones más micro, como las políticas de cuotas que induce a los policías a requisar y buscar sospechosos y el policía en su mente, por lo general, no contempla los estándares legales, sino que busca cómo cumplir con estas metas para avanzar en sus carreras.

Al ver esas dinámicas de refuerzo entre estos tres factores que señala, ¿bajo qué circunstancias es posible impulsar reformas?

Aquí uno de los puntos claves es superar la fragmentación de las demandas sociales. Si bien todos pueden compartir una baja confianza respecto a la institución, esto no necesariamente se traduce en un consenso sobre la dirección en que se espera avanzar. Mientras algunos pueden demandar mayores controles a la Policía, otros sectores sociales pueden estar más interesados en otorgarle mayores facultades para que resuelva problemas, como son los altos niveles de violencia o criminalidad. Muchas veces los mismos sectores que no confían en la Policía son quienes terminan exigiendo una Policía de mano dura. De modo que sin consenso social no puede haber un consenso político sostenible para llegar a una reforma policial.

Y eso fue lo que vimos en el proceso de 1993 en Colombia donde se juntaron muy diversos sectores políticos y sociales para pensar unas reformas de fondo. Ahí convergieron los sectores que usualmente se manifiestan en contra de los abusos de la policía con otros inesperados como Fenalco, o la Cámara de Comercio de Bogotá, y esto fue clave para que varios sectores políticos atendieran estas demandas. Sin embargo, ese compromiso que se expresó en el 93 se perdió rápidamente con el Gobierno de Samper lo cual comprometió su viabilidad porque esa articulación de demandas sociales se perdió rápidamente y llevó a que ese esfuerzo reformista se desmantelara.

¿Qué papel tienen los gobiernos subnacionales en países unitarios como Colombia, donde el Gobierno Nacional tiene papel preponderante en las posibilidades de reforma de la Policía?

Esa es precisamente una de las características del caso colombiano. Uno pensaría que en esas condiciones sería más sencillo introducir reformas que en países federales como Brasil o Argentina, donde los Estados son los que tienen la autoridad legal sobre la policía. En el caso colombiano es más complicado porque, si bien la Constitución de 1991 y la Ley de Policía de 1993 definió algunos parámetros sobre cuáles son los instrumentos que disponen alcaldes y gobernadores para que la Policía coopere con sus políticas de seguridad a nivel práctico, no disponen de mayores recursos administrativos o legales para definir las acciones de esta institución. De modo que es al Gobierno nacional al que le corresponde esa tarea y acá hay mucha mayor claridad de lo que nos llevaría a pensar el actual debate político que se desarrolla en el país.

Pero aquí vuelvo al punto y es que, si hay una mayor convergencia social sobre las demandas de reformar, habría una mayor presión para que políticos y autoridades en diferentes niveles coordinaran sus acciones. Pero el hecho cierto es que muchas de estas autoridades locales ni siquiera se preocupan por este tipo de situaciones y argumentan la falta de instrumentos para justificar su desinterés.

Ahora, cuando hay interés en estos temas como ocurrió por parte de la alcaldesa de Bogotá, vemos que no tiene otra opción que recurrir a su capacidad de denunciar y visibilizar lo que está sucediendo, porque no tiene otros recursos legales para limitar este tipo de comportamientos por parte de la Policía.

¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en espacios que, en el caso colombiano, se diseñaron en principio para tener unas políticas de seguridad y una Policía que responda mejor a las demandas de la sociedad?

Es una idea que tiene mucho potencial y que responde a estos principios democráticos para controlar la acción policial. Pero lo que he visto en mis investigaciones sobre este tema es que la aspiración de tener un espacio abierto para recoger distintas visiones no se corresponde con la realidad, pues suelen excluir precisamente a aquellos sectores que sufren en una mayor proporción los abusos policiales. Entonces son los sectores más privilegiados los que lo aprovechan. Paradójicamente, muchas veces estos espacios sirven para promover una agenda antiderechos que va en contravía de su espíritu inicial, y eso es precisamente lo que estoy investigando ahora en varios países de América Latina.

¿Qué hacer para mantener viva esta agenda reformista y las demandas de transformación? ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos?

Acá hay algunas ideas. Está la democratización de la información y de los medios de comunicación. Un gran obstáculo para quien desea impulsar reformas policiales es que los datos sobre la actuación policial son muy escasos. De modo que no tenemos información que nos muestre claramente cómo esto reproduce los patrones de desigualdad. Brasil es una excepción, pues ahí te puedo decir el perfil de las víctimas de violencia policial según su edad, su color de piel y el barrio donde vive. En Colombia no tenemos esa información. En estas circunstancias la democratización de la información sí ayuda a que más personas adquieran conocimiento de lo poco que sabemos, lo que puede contribuir a que las demandas de reforma traspasen ciertas brechas sociales. Y en esta dirección la transparencia de datos tiene que ser una demanda clave para comprender qué es lo que está pasando.

Por supuesto, esto no hace todo. El caso de Brasil lo evidencia: hay buena información, pero no se ha consolidado una reforma sustantiva. Pero sí hay que comenzar por ahí. ¿Por dónde seguir? Es difícil decirlo, pero creo que lo que estamos viendo con la movilización de jóvenes en distintos lugares del mundo exigiendo un cambio es una señal alentadora para explorar en qué sentido debemos seguir avanzando.

 Por: Víctor Barrera, investigador de CINEP/PPP. 

*Esta entrevista fue publicada originalmente en El Espectador

El próximo viernes 20 de marzo íbamos a llevar a cabo el conversatorio ‘Por una frontera con seguridad humana libre de miedo y con dignidad’, promovido por el proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana de la línea Educación para la ciudadanía y la paz. Dicho evento ha sido aplazado. Les recomendamos estar atentos a nuestras redes para conocer la nueva fecha que daremos a conocer en cuanto re programemos.


La dinámica actual de la frontera colombo venezolana refleja una degradación en la calidad de vida de sus habitantes por múltiples factores como tensiones diplomáticas, cierre de los consulados, impacto de la movilidad humana, violencia exacerbada por la diversidad de actores, e impactos medioambientales. Este contexto motiva la apertura de espacios de diálogo, reflexión conjunta y análisis crítico sobre temas que afectan la vida digna de los pobladores. Al tiempo que supone un reto para buscar soluciones compartidas. En el conversatorio Por una frontera con seguridad humana, libre de miedo y con dignidad, se discutirá la necesidad de que la ciudadanía de la frontera se movilice a favor de la comprensión de la dinámica del territorio para el fortalecimiento del tejido social y la materialización de acciones positivas para la democracia. Para el Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep/PPP al cual pertenece el proyecto de Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, este conversatorio es un espacio de encuentro fundamental.


La discusión girará en torno a cuatro paneles:
Panel 1: Contexto histórico: Se abordarán los principales hitos de la historia de Venezuela, el hermanamiento entre los dos países, y las razones que han llevado al sistema político venezolano a un estado de vulneración. Ponente: Luz del Socorro Ramírez Vargas, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.

Panel 2: Seguridad asociada a la soberanía: Se analizarán los diferentes conceptos de seguridad con énfasis en la visión militar. Se reflexionará sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela, y sobre cómo lograr una perspectiva de seguridad humana integral. Ponente: Luis Manuel Esculpi, ex diputado por Caracas, especialista en seguridad, defensa y relaciones entre civiles y militares.

Panel 3: Movilidad humana: ¿Qué es movilidad humana? ¿Qué es migración? ¿Cuáles son las condiciones de quien migra? ¿El fenómeno de la migración es un asunto local o tiene alguna conexión con los movimientos poblacionales globales? Ponente: Martha Lucía Márquez Restrepo, directora de Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Panel 4: Ambiente y sostenibilidad: Colombia y Venezuela mantienen una relación ecosistémica compartida con lugares privilegiados. El potencial de recursos naturales debería ser un activo para la generación de riqueza en ambos países, pero no sucede así. Este análisis es clave en el marco de la seguridad ambiental porque afecta las siete ramas de la seguridad humana propuestas por PNUD. Ponente: Vladimir Aníbal Aguilar Castro, docente de diferentes postgrados como el doctorado en Ciencias Ambientales de Universidad Nacional Experimental de Guayana.

La seguridad humana incluye a todas las personas en la garantía y protección del disfrute efectivo de sus Derechos Humanos, en el vivir libres de miedo, de necesidades, con dignidad y en un ambiente sano. Su consecución “es una tarea constante, que se alcanza, no solo mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la promoción del desarrollo humano” (Pérez de Armiño & Areizaga, 2000).

Convocan: Cinep/PPP, Escuela de Paz y Convivencia, Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Diócesis de Arauca y Diócesis de Guasdualito. Con el apoyo de: Adveniat.

Para mayor información escriba a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o comuníquese a los teléfonos: (+57) 321 2014321 y (+57) 3203718278.

 

     

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.