Cinep/PPP y otras organizaciones sociales de latinoamérica y Colombia expresan su rechazo a los casos de abuso policial presentados en el marco de la protesta social en Colombia, y exigen el respeto a los DD.HH. 

“Que la solidaridad entre los pueblos sea una garantía en la defensa de la vida y la justicia, que defender nuestros derechos no nos cueste la vida”

Las organizaciones sociales y personas firmantes, desde varios países nos unimos en solidaridad con el pueblo colombiano, con las y los manifestantes, que desde diferentes voces y sectores ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica. Jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, maestros, estudiantes, trabajadores, indignados e indignadas que hacen uso de la movilización social pacífica para elevar su voz, en el marco del Paro Nacional que vive Colombia desde el 28 de abril.

1. Rechazamos la militarización de las calles colombianas. El uso excesivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable, esto se constituye en una violación de derechos humanos.

2. Denunciamos los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos. La respuesta a la movilización social que resulta de múltiples crisis que afronta Colombia y nuestra América Latina no puede ser el abuso, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la violencia sexual y las masacres. Exigimos se respeten los protocolos de intervención y de acción en medio de la protesta social, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

3. Resaltamos la importancia de evitar estigmatizaciones de las y los manifestantes, en especial por parte del funcionariado público y llamamos a todos a desistir de la violencia. Las exigencias en el marco del Paro Nacional en Colombia son legítimas, en tanto buscan la vida digna en el país, la protección de los territorios, la lucha contra las causas que han agudizado el empobrecimiento en estos tiempos de pandemia y el incumplimiento de los acuerdos de paz.

4. Pedimos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al movimiento internacional de Derechos Humanos, a la comunidad diplomática, a las instancias de la ONU y la OEA que le exijan al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a su deber de garantía y protección de la vida, integridad, libertad y derechos de quienes hacen uso del derecho legítimo a la protesta y la movilización social.

5. Instamos a todos los actores políticos colombiano y, en particular al gobierno, trabajar por una salida democrática e inmediata a la crisis, en estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es fundamental atender las justas exigencias de las poblaciones, que no se reducen al retiro o aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria y de impedir la avanzada de proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos.

6. Abrazamos a las víctimas de la violencia y de los crímenes de Estado, exigimos que se haga justicia y que no queden en la impunidad. Es urgente una misión humanitaria en los territorios más atropellados, como en Cali, Bogotá y el suroccidente colombiano.

Para quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente como fuentes esenciales de la vida, es nuestro deber alentar a que se tomen medidas en favor de la dignidad humana y que se rompan los ciclos de violencia, criminalización y estigmatización.

Hoy nuestra solidaridad es con el pueblo colombiano, porque mañana puede ser con el pueblo guatemalteco, boliviano, brasileño, hondureño, nicaragüense, peruano y con toda Nuestra América Latina y el Caribe.

Que el clamor e indignación de los pueblos no nos sea indiferente y que defender nuestros derechos no nos cueste la vida.

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Artículo 1, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, ONU).

Fundación Ecuménica Para El Desarrollo y La Paz - FEDEPAZ (Perú)

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA (Perú)

Comissão Pastoral da Terra (Brasil)

Apoio - associação de auxílio mútuo da região leste (Brasil)

Associação Semeando Saúde e Vida (Brasil)

Frente de Luta por Moradia (Brasil)

Grito dos Excluídos Continental Movimento se defesa do Favelado regiao episcopal belem (Brasil)

Rede Jubileu Sul Brasil Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil (MST)

María Elizabeth Moreno (Colombia)

Fundación San Alonso Rodríguez SIEMBRA

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Colombia)

Derechos Humanos Sin Fronteras - Perú

Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP- (Colombia)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas - FGER

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ)

CAFOD

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región.  

En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos en La Guajira por parte de las empresas que extraen carbón. Así lo explica Jenny Ortiz, investigadora de CINEP/PPP. En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19. 

Allí más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, y se han contaminado y/o desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento—,  entre las muchas afectaciones de la actividad extractiva en La Guajira. Por esta razón, GLAN, Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el CINEP/PPP  denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas.

Para conocer la situación de violaciones de derechos humanos en La Guajira le invitamos a consultar la Revista Noche y Niebla N°61: Minería de Carbón y Des-Arroyo.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el Programa Somos Defensores y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)  presentaron el 10 de diciembre el informe "El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos". Informe sobre su persecución, amenazas, ataques, homicidios y desapariciones forzadas” a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). El objetivo del documento es aportar insumos para promover políticas públicas y decisiones judiciales que garanticen la no repetición de hechos violentos en Colombia, además de contribuir a la verdad y ser un testimonio de las causas y efectos del conflicto armado, político y social en el país.

El informe, que tiene como fuente principal expedientes judiciales nacionales e internacionales, así como fuentes primarias y secundarias, documenta seis casos de graves vulneraciones a los derechos humanos de ocho personas defensoras y un familiar de una de ellas. Se trata de los homicidios del profesor Luis Felipe Vélez Herrera (1987), de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, junto al padre de ella, el señor Carlos Alvarado Pantoja (1997), del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo (1998) y del periodista y humorista político Jaime Hernando Garzón Forero (1999).

Además de los asesinatos mencionados, también se recopila información sobre las desapariciones forzadas del abogado sogamoseño Alirio de Jesús Pedraza Becerra (1990) y de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa (2000), integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Todos estos casos han sido acompañados por la CCJ en la justicia ordinaria nacional e internacional durante largo tiempo, como consecuencia de las solicitudes que han hecho las demás organizaciones participantes de este informe para que la Comisión los asumiera.

El documento, que aborda el contexto sociopolítico de las últimas dos décadas del siglo XX en Colombia, deja en evidencia los altos niveles de conflictividad social para el momento, así como los riesgos y la exposición de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La coexistencia de grupos armados de todo tipo, algunos de ellos articulados con el establecimiento y el bloque político y social dominante, también es un aspecto relevante a considerar sobre los hechos registrados en el texto.

El informe recopila cuatro hallazgos que resultan esclarecedores sobre la dinámica macrocriminal que rodeó la comisión de estos delitos en ese contexto. El primero de ellos demuestra que los hechos documentados constituyen crímenes de lesa humanidad en los cuales el Estado colombiano tuvo un papel activo. El segundo hace referencia a la importancia de las actividades llevadas a cabo por las víctimas, como móvil para sus asesinatos y/o desapariciones. Se identificó que ellas cumplían un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos, toda vez que denunciaron públicamente la exacerbación de la injusticia social, el incremento de los episodios de violencia generalizada y las arbitrariedades cometidas por agentes del Estado.

El tercer hallazgo demostró que existen elementos comunes en los seis casos, pues el propósito de los perpetradores era desarticular o afectar los procesos sociales, movimientos, organizaciones o redes en los que participaban las víctimas de estos crímenes. El cuarto y último hallazgo da cuenta del modus operandi del terrorismo estatal.

En los seis homicidios analizados en el informe hubo perfilamientos, persecuciones y hostigamientos que no se quedaron en la estigmatización, sino que escalaron a amenazas, atentados y aportaron información precisa de la víctima, cuya fuente eran los aparatos de inteligencia estatal y los destinatarios eran otros agentes estatales o paramilitares.

De otro lado, se encontró que en las investigaciones por los seis crímenes hubo mecanismos de impunidad, precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntaran en tal sentido y a identificar a máximos responsables, sumado a una inadecuada metodología en la investigación.

Contacto de prensa:

Paola Sánchez, área de comunicación y relaciones públicas de la Comisión Colombiana de Juristas, 321 8749523.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

Quizá le puede interesar: La JEP y la Comisión de la Verdad recibieron informe sobre despojo y racismo en el Chocó.