El 7 de octubre, la Misión SOS Colombia entregó su informe final exigiendo garantías a la protesta en Colombia y denunciando las violaciones a derechos humanos que viven los manifestantes en el marco del Paro Nacional desde abril del presente año.

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia SOS Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, de 12 países, entregó su Informe Final donde sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad.  

La Misión visitó 11 regiones el 3 y el 12 de julio de 2021 y recibió 180 testimonios directos y más de 70 informes de organizaciones sociales.  Uno de los comisionados internacionales, Félix Ovejero, responsable de las Américas del Sindicato Comisiones Obreras de España afirmó en la rueda de prensa que, gracias a los testimonios recogidos por la Misión y las reuniones que sostuvieron con entidades territoriales y organismos de control, pudieron establecer que:

“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”

El informe relata once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:

  1. Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
  2. La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
  3. Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
  4. Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
  5. Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
  6. Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
  7. Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
  8. Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
  9. Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
  10. Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
  11. Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

En su Informe Final por las garantías a la protesta y contra la impunidad, la Misión identificó tres grupos a quienes eventualmente se les puede atribuir responsabilidad penal: 

Agentes del Estado: Fuerza Pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares), Ministerio de Defensa y Presidencia de la República

Grupos paramilitares: los cuales en algunos casos habrían actuado en connivencia con la Fuerza Pública

Personas civiles armadas: las cuales, en connivencia con la Fuerza Pública como se evidencia en el material probatorio y audiovisual reunido por la Misión, perpetraron acciones violentas.

Impunidad y daño a quienes se movilizan son intencionados

Jessica Arellano, integrante de ALUNA Acompañamiento Psicosocial de México, expresó la preocupación de la Misión ante la impunidad demostrada en “las pocas investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública”, así como en el seguimiento a la actuación de agentes estatales, empresariales y “del fenómeno paramilitar”.

¿Para qué disparar a los ojos de los y las manifestantes?, ¿cuál es el objetivo de que no puedan ver?, ¿para qué torturar sexualmente a las mujeres y dejar huellas en sus cuerpos físicos y emocionales?, cuestionó Arellano quien comentó 

“La hipótesis de esta Misión es que la actuación de las fuerzas del Estado tiene como objetivo causar un daño profundo a modo de castigo ejemplar”.

Las recomendaciones 

Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos, concluyó el evento presentando las recomendaciones de la Misión SOS Colombia al Estado y entidades internacionales en cinco áreas: 

La garantía en el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de DD.HH. en el marco de las protestas; que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en en el Paro Nacional para abordar sus causas estructurales; la realización de una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.

El informe contiene también 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones solicitadas a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas.

Encuentre el Informe acá: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20211008_Informe_Mision_SOS.pdf 

  

 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en español acá: https://fb.watch/8vehCeweMk/ 

Encuentre la transmisión del lanzamiento en inglés acá: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo Comunicaciones Cinep / PPP

El 7 de octubre a las 9 am será entregado el informe con la participación de delegados de México, España y Estados Unidos.

A 5 meses del Paro Nacional en Colombia la impunidad sigue reinando en las violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes que exigen al gobierno de Iván Duque respeto al derecho a la protesta, cesar las reformas tributarias y laboral que empobrecerán aún más la clase media y popular, y garantías para la vida y la implementación del Acuerdo de Paz, entre muchas demandas históricas de los jóvenes, y los pueblos indígenas, campesinos, populares, afros y mujeres colombianas.

El informe final de la Misión SOS Colombia con estas preocupaciones y recomendaciones para el Estado colombiano y entidades internacionales será presentado a prensa mundial y público general. Y por eso queremos invitarles a agendarse y participar de la presentación el próximo jueves 7 de octubre desde las 9 de la mañana (hora Colombia).

La transmisión en español será por Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz y las páginas de las demás organizaciones convocantes. En inglés se trasmitirá por Youtube en: https://youtu.be/gbc3ec3cuS0. Para periodistas y medios de comunicación se permitirá el acceso a la sala*.

Participarán de este evento como voceros de la Misión SOS Colombia Félix Ovejero, responsable de las américas del Sindicato Comisiones Obreras de España; Jessica Arellano López, integrante de ALUNA acompañamiento psicosocial de México; y Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group de Estados Unidos. La moderación estará a cargo de la periodista mexicana Laura Carlsen, integrante de Asociadas por lo Justo.

La Misión SOS Colombia documentó 11 patrones de violaciones de DD.HH. durante el Paro Nacional

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia se desarrolló del 3 al 12 de julio con la participación de más de  41 delegados internacionales de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá, y visitó 11 regiones de Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander.

Tras escuchar los testimonios de víctimas, familiares y autoridades, la Misión presentó el pasado  lunes 12 de julio su informe preliminar en el que documentó 11 patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional entre los que se encuentran los homicidios selectivos, lesiones personales, tortura, lesiones oculares, violencias basadas en género y desapariciones forzadas.

*Si tiene acreditación de prensa, favor escribir un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para enviarle el enlace de acceso a la sala de prensa.

Encuentre el comunicado en español a continuación:

  

Encuentre el comunicado en inglés a continuación:

  

 

Por Comité de Comunicaciones Misión SOS Colombia.

María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Ante la expectativa de la firma final de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana (Cuba), hecho que representaría el inicio de la implementación de los acuerdos, el CINEP/ Programa por la Paz, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, presenta el Informe Especial Movilización por la paz en Colombia: una infraestructura social clave para el posacuerdo.

El informe evidencia que durante los tres años de negociaciones en La Habana (2012-2015) se incrementó el número de movilizaciones por la paz, respecto a las presentadas en el gobierno anterior, con un total de 599 acciones. En el primer año de negociaciones (septiembre 2012 - agosto 2013) se registraron 193 acciones, mientras que el segundo año (septiembre 2013 – agosto 2014) registró 189 acciones, y en el tercer año se presenta un aumento en la movilización con 217 acciones.

¿Quiénes son los que más se movilizan por la paz?

Con el 44 % de convocatoria y el 56 % de participación, los sectores y organizaciones sociales han sido el actor principal de la movilización por la paz en los tres años de negociación; siendo así el principal sustento de la infraestructura social de paz. Los órganos gubernamentales ejecutores son el segundo actor que más se moviliza, presentando una característica particular: convocan el 30% de las veces, pero solo participan el 14 % de las mismas.

Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP, el hecho que sectores y organizaciones sociales sean quienes lideren las movilizaciones muestra que hay sociedad civil respaldando el proceso paz y dispuesta a trabajar por la construcción de paz en los territorios. “Esto en perspectiva de paz territorial significa que en los territorios hay varias organizaciones con quienes se puede”, señaló Sarmiento.

Tipo de acciones colectivas y motivos

Las marchas y concentraciones han sido el tipo de acción colectiva más recurrente e importante de la movilización. Otras acciones relevantes para el trienio han sido los encuentros, foros y seminarios que para el segundo año equipararon a las marchas y concentraciones, y los actos deportivos y/o culturales, que aumentaron significativamente durante el tercer año. Estas iniciativas se han concentrado en los departamentos de Bogotá, D.C., Antioquia y Valle del Cauca, y en las ciudades capitales como Bogotá, D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta, Córdoba, entre otras.

Un resultado interesante del informe es que las iniciativas de paz en denuncia o rechazo del conflicto armado, la violencia y las violaciones a los DD. HH. y el DIH (paz negativa) ocuparon el 45 % de las iniciativas, mientras que en el tercer año se redujeron hasta un 23 %. En contraste, las acciones a favor de alternativas de paz aumentaron del 55 % al 77 % (respecto del primer año),  lo que muestra que cada vez es mayor el interés de los actores de la movilización en apoyar la paz desde su rol dentro de la sociedad.

De acuerdo con Sergio Coronado, subdirector del CINEP/PPP, el aumento en la movilización por la paz en Colombia es un indicador de las amplias capacidades sociales para la construcción de la paz en el posconflicto.

Finalmente, el CINEP/ Programa por la Paz pone en conocimiento algunas recomendaciones generales dirigidas al Gobierno nacional, la guerrilla, la sociedad civil y la cooperación internacional:

Generar espacios de concertación y mecanismos de participación social para el diseño legislativo, institucional y de política pública para la paz en los distintos niveles territoriales.

  • Reconocer el liderazgo de los distintos sectores sociales en los territorios, que han movilizado y articulado actores, han discutido y aportado tanto a las agendas de paz territoriales como a la agenda de paz en La Habana y han acumulado experiencia pedagógica para la construcción de una cultura de paz.
  • Fomentar en las instituciones públicas y en las organizaciones sociales la capacidad de diálogo y concertación como mecanismo prioritario para la resolución de conflictos sociales y políticos en los distintos niveles territoriales
  • Reconocer que la infraestructura social de paz es una plataforma que facilitaría la reincorporación de los excombatientes a la vida civil
  • Involucrar a los sectores y organizaciones sociales en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego y de la implementación de los acuerdos de paz.

Descarga el informe 

 

 

Ante la expectativa de la firma final de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana (Cuba), hecho que representaría el inicio de la implementación de los acuerdos, el CINEP/ Programa por la Paz, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, presenta el Informe Especial Movilización por la paz en Colombia: una infraestructura social clave para el posacuerdo.

El informe evidencia que durante los tres años de negociaciones en La Habana (2012-2015) se incrementó el número de movilizaciones por la paz, respecto a las presentadas en el gobierno anterior, con un total de 599 acciones. En el primer año de negociaciones (septiembre 2012 - agosto 2013) se registraron 193 acciones, mientras que el segundo año (septiembre 2013 – agosto 2014) registró 189 acciones, y en el tercer año se presenta un aumento en la movilización con 217 acciones.

¿Quiénes son los que más se movilizan por la paz?

Con el 44 % de convocatoria y el 56 % de participación, los sectores y organizaciones sociales han sido el actor principal de la movilización por la paz en los tres años de negociación; siendo así el principal sustento de la infraestructura social de paz. Los órganos gubernamentales ejecutores son el segundo actor que más se moviliza, presentando una característica particular: convocan el 30% de las veces, pero solo participan el 14 % de las mismas.

Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP, el hecho que sectores y organizaciones sociales sean quienes lideren las movilizaciones muestra que hay sociedad civil respaldando el proceso paz y dispuesta a trabajar por la construcción de paz en los territorios. “Esto en perspectiva de paz territorial significa que en los territorios hay varias organizaciones con quienes se puede”, señaló Sarmiento.

Tipo de acciones colectivas y motivos

Las marchas y concentraciones han sido el tipo de acción colectiva más recurrente e importante de la movilización. Otras acciones relevantes para el trienio han sido los encuentros, foros y seminarios que para el segundo año equipararon a las marchas y concentraciones, y los actos deportivos y/o culturales, que aumentaron significativamente durante el tercer año. Estas iniciativas se han concentrado en los departamentos de Bogotá, D.C., Antioquia y Valle del Cauca, y en las ciudades capitales como Bogotá, D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta, Córdoba, entre otras.

Un resultado interesante del informe es que las iniciativas de paz en denuncia o rechazo del conflicto armado, la violencia y las violaciones a los DD. HH. y el DIH (paz negativa) ocuparon el 45 % de las iniciativas, mientras que en el tercer año se redujeron hasta un 23 %. En contraste, las acciones a favor de alternativas de paz aumentaron del 55 % al 77 % (respecto del primer año),  lo que muestra que cada vez es mayor el interés de los actores de la movilización en apoyar la paz desde su rol dentro de la sociedad.

De acuerdo con Sergio Coronado, subdirector del CINEP/PPP, el aumento en la movilización por la paz en Colombia es un indicador de las amplias capacidades sociales para la construcción de la paz en el posconflicto.

Finalmente, el CINEP/ Programa por la Paz pone en conocimiento algunas recomendaciones generales dirigidas al Gobierno nacional, la guerrilla, la sociedad civil y la cooperación internacional:

Generar espacios de concertación y mecanismos de participación social para el diseño legislativo, institucional y de política pública para la paz en los distintos niveles territoriales.

  • Reconocer el liderazgo de los distintos sectores sociales en los territorios, que han movilizado y articulado actores, han discutido y aportado tanto a las agendas de paz territoriales como a la agenda de paz en La Habana y han acumulado experiencia pedagógica para la construcción de una cultura de paz.
  • Fomentar en las instituciones públicas y en las organizaciones sociales la capacidad de diálogo y concertación como mecanismo prioritario para la resolución de conflictos sociales y políticos en los distintos niveles territoriales
  • Reconocer que la infraestructura social de paz es una plataforma que facilitaría la reincorporación de los excombatientes a la vida civil
  • Involucrar a los sectores y organizaciones sociales en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego y de la implementación de los acuerdos de paz.

Descarga el informe