La restitución de derechos territoriales étnicos en Chocó es poco alentadora. Así lo demuestra la publicación “¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de restitución indígena en el municipio de Unguía, Chocó”, que evidencia cumplimiento de apenas 35% en 4 sentencias.

La Línea de gestión y recuperación integral de territorios del Cinep/PPP presentó el pasado primero de abril ante instituciones públicas y autoridades indígenas el libro ¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de restitución indígena en el municipio de Unguía, Chocó, en el que se evalúa el impacto de estas medidas para la protección de los derechos territoriales de los resguardos Arquía, Cutí, Tanela y Eyáquera de Unguía, en el bajo Atrato (Chocó).

A la presentación asistieron autoridades de pueblos indígenas embera eyabida, dóbida y katío tule, así como representantes de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Procuraduría General de la Nación.

Rogelio Izquiero Echeverri, líder del resguardo indígena Arquía (Unguía, Chocó) y quien asistió a la reunión, afirma que la implementación de las órdenes impartidas por la sentencia ha sido demorada y manifiesta una “falta de comunicación de las instituciones con la comunidad”. Según datos de la investigación el promedio de cumplimiento de las sentencias es del 35%, la sentencia que mayor porcentaje de avance tiene (37%) es la 017 de 2018 sobre la comunidad de Rogelio.

Izquierdo sostiene que la falta de titulación de tierras para las comunidades étnicas “es una debilidad muy grande” porque el territorio es parte de su vida: su cultura, su alimentación, y su educación, por ejemplo. “El incumplimiento sistemático de lo ordenado por las sentencias contribuye negativamente a la grave situación humanitaria y de derechos humanos que afecta a las comunidades indígenas, puesto que no pueden hacer uso de su territorio y diariamente ven cómo sus derechos étnico-territoriales son vulnerados”, asevera la investigación.

José Barreto Medina, procurador judicial uno de restitución de tierras y delegado por la Procuraduría General de la Nación para asistir a la presentación del libro, asegura que el encuentro con otras entidades y comunidades es valioso “porque uno de los problemas es que al usted recibir una sentencia cada entidad va por su lado, pero hay muchas entidades que deben trabajar en conjunto”.

De acuerdo a la investigación “el 28% de entidades (10) tienen una orden o más por cumplir”, hecho que resalta la desarticulación de procesos entre las entidades responsables así como la necesidad de espacios de información sobre las acciones emprendidas para cumplir con las sentencias y “la urgencia de aunar esfuerzos con miras a la realización de acciones conjuntas, y la pertinencia de compartir lecciones aprendidas en el curso de las intervenciones realizadas”. 

El procurador delegado subraya la presencia de la ANT y las demás entidades en la presentación, pero lamenta que no se hayan hecho presentes otras instituciones relevantes para el tema como el Ministerio del Interior, que tiene un papel preponderante en los asuntos étnicos. Otras instituciones invitadas que no asistieron fueron el Ministerio de Ambiente y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“La restitución de tierras debe tener más voluntad” concluye el líder indígena, recordando que es necesario para las comunidades étnicas. Según datos de la investigación, el 27,3% de las tierras en Chocó se encuentra en trámites de restitución de derechos territoriales étnicos y en el bajo Atrato se concentra el 31% de la restitución.

Consulte ¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de restitución indígena en el municipio de Unguía, Chocó a continuación

https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/datos-cinep-01/ 

Encuentre a continuación las infografías que acompañaron esta presentación:

 

Por: Equipo de comunicaciones e incidencia de Cinep/PPP

SOS Cauca

La crisis social y humanitaria en Cauca aumentan tras el asesinato de la líder indígena Sandra Liliana Peña y el carro bomba en Corinto, el ataque a la Minga en La Laguna y operativos militares y combates que dejan muertes, víctimas de minas antipersonal, desplazados, miedo y zozobra. Comunidad caucana e internacional y defensores de derechos humanos claman por protección urgente al pueblo del Cauca.

El jueves 22 de abril, mientras se desarrollaba una Minga de control territorial en el resguardo indígena La Laguna-Siberia de Caldono, Cauca,  hombres armados dispararon causando heridas a por lo menos 31 comuneros. Entre los afectados se encuentra una autoridad que tuvo que ser trasladado junto a otras 2 personas a Cali.

La “Minga hacia adentro” fue convocada en respuesta al asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué (autoridad del resguardo La Laguna-Siberia, el pasado 20 de abril mientras se dirigía a una reunión en Popayán) e incluyó actividades de retiro de cultivos de coca. En retaliación, un grupo ilegal abrió fuego. Después del ataque, la guardia indígena logró detener a 12 hombres armados este 22 de abril.  

Las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en máxima alerta y asamblea permanente ante las amenazas y riesgos contra su vida, y rechazaron las declaraciones del comandante de la III división del Ejército, general Marco Mayorga Niño, quien aseguró que están en “coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se encuentra en la zona” y que se buscaría “hacer un diálogo con la guardia indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”. 

Las comunidades sostuvieron que la erradicación de cultivos de uso ilícito la realizan desde su autonomía y jurisdicción propia “porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos” que son “base de la financiación de los actores armados”. Y rechazaron la coordinación que se espera lograr con la Guardia de parte del uniformado, afirmando que ellos son “un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas a las que ésta apoya en actividades relacionadas con la jurisdicción indígena”.

Cauca, en primer lugar de infracciones al DIHC y violencia política 

En la presentación de la revista Noche y Niebla No. 62, el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del Cinep alertó sobre la difícil situación en este departamento. En 2020, Cauca fue el lugar con más infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (232 victimizaciones)  y también el más afectado por hechos de violencia político social (300 victimizaciones).

Y en lo corrido de 2021 la situación  parece no estar mejorando: En este mes se registró un desplazamiento masivo de más de 250 personas en Argelia el pasado 17 de abril producto de enfrentamientos entre el Ejército y actores armados ilegales; ocurrió un atentado con artefacto explosivo contra  la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, Caldono, el pasado 14 de abril; y se dio una masacre de 4 personas en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, el pasado 8 de abril; además, el el comunero indígena Fernando Lozada Franco había sido asesinado el pasado 8 de abril en Caloto. 

A esta difícil situación se suman la explosión de un carro bomba el pasado viernes 26 de marzo frente a la alcaldía de Corinto, y el desplazamiento de más de 2 mil personas a la cabecera municipal de Argelia ocurrido ese mismo fin de semana tras combates.

Ante tales situaciones, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales como Oxfam han rechazado la violencia llamando a proteger “la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca”. 

El Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

“El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales”, asegura el equipo de Cinep. Compartimos comunicado a continuación:

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por Juanjosé Gutiérrez / Comunicaciones CINEP.

 

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Minga indígena llegó a Bogotá el diecinueve de octubre tras varios de días de movilización desde el Cauca, a ella se unieron los estudiantes, las comunidades campesinas y afrocolombianas, así como colectivos culturales y de derechos humanos. Pero, ¿cuál era el propósito de la Minga? Los coordinadores expresaron que el objetivo central de ella era político y no precisamente reivindicativo, es decir, no se trataba de pedir cosas o beneficios, sino de hacer un llamado por la defensa de la vida, del territorio, la democracia y de la paz. Y esto, debido a cuatro puntos principales: el primero, los asesinatos de los líderes sociales, muchos de ellos indígenas. El segundo, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc; en tercer lugar, el incumplimiento de los pactos alcanzados en las pasadas movilizaciones del año pasado y, en cuarto lugar, la concentración de poder por parte del actual gobierno, debilitando la democracia y el Estado social de derecho.

Una meta de la Minga era preguntarle el presidente Iván Duque, qué había hecho para detener el baño de sangre que vive el departamento del Cauca en un año en un año que suma nueve masacres, con treinta y seis víctimas mortales. Además, con diez asesinatos de integrantes de organizaciones afiliadas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, cifra que hace parte de los setenta y seis homicidios de líderes que ya registra esta zona del país, afirmaban representantes de la movilización.

Pero a pesar del llamado de la Minga al diálogo, el presidente no accedió. La Minga buscaba crear un diálogo sincero desde sus territorios, como ciudadanos, como constituyente primario del Estado.

El presidente no se acercó, lo máximo que hizo fue enviar emisarios del alto gobierno, pero no escuchó en directo la voz de la Minga. El gobierno fue sordo y no estableció una relación directa para generar una conversación sincera y transparente entre diversos, para crear un camino constructivo que ayudara a debilitar alternativas de confrontación, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan a represar los problemas, a no afrontarlos y a hundir a la gente en el dolor y la pobreza.

Si la Minga buscaba un diálogo directo con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen como tal. El diálogo con la Minga, era una gran oportunidad. Pero de nuevo se desaprovechó y el Gobierno prefirió señalarla como una estrategia de los violentos y desconocerla.

Finalmente, la Minga dejó siete enseñanzas ejemplares: primera, la protección de bienes públicos, durante siete días no se conoció ningún acto de vandalismo o daño. Segunda: la limpieza de los lugares en los que se hospedaron los indígenas quedó impecables. Tercera: fue una movilización organizada tanto en Bogotá, como en su recorrido por las carreteras nacionales, sin bloqueos al transporte público. Cuarta: la guardia indígena estableció mecanismos para evitar las infiltraciones de personajes que pretendieran producir disturbios. Quinta: la minga mantuvo su propia movilización si bien apoyaron el paro nacional convocado por centrales obreras, Fecode y estudiantes, entre otros sectores. La sexta enseñanza se refiere al uso de canales democráticos para dar cuenta de los resultados políticos de la Minga a las comunidades. Finalmente, la séptima enseñanza se refiere a la distancia que tomó la Minga de los intereses partidistas.

En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco no dice: “los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.