El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Minga indígena llegó a Bogotá el diecinueve de octubre tras varios de días de movilización desde el Cauca, a ella se unieron los estudiantes, las comunidades campesinas y afrocolombianas, así como colectivos culturales y de derechos humanos. Pero, ¿cuál era el propósito de la Minga? Los coordinadores expresaron que el objetivo central de ella era político y no precisamente reivindicativo, es decir, no se trataba de pedir cosas o beneficios, sino de hacer un llamado por la defensa de la vida, del territorio, la democracia y de la paz. Y esto, debido a cuatro puntos principales: el primero, los asesinatos de los líderes sociales, muchos de ellos indígenas. El segundo, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc; en tercer lugar, el incumplimiento de los pactos alcanzados en las pasadas movilizaciones del año pasado y, en cuarto lugar, la concentración de poder por parte del actual gobierno, debilitando la democracia y el Estado social de derecho.

Una meta de la Minga era preguntarle el presidente Iván Duque, qué había hecho para detener el baño de sangre que vive el departamento del Cauca en un año en un año que suma nueve masacres, con treinta y seis víctimas mortales. Además, con diez asesinatos de integrantes de organizaciones afiliadas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, cifra que hace parte de los setenta y seis homicidios de líderes que ya registra esta zona del país, afirmaban representantes de la movilización.

Pero a pesar del llamado de la Minga al diálogo, el presidente no accedió. La Minga buscaba crear un diálogo sincero desde sus territorios, como ciudadanos, como constituyente primario del Estado.

El presidente no se acercó, lo máximo que hizo fue enviar emisarios del alto gobierno, pero no escuchó en directo la voz de la Minga. El gobierno fue sordo y no estableció una relación directa para generar una conversación sincera y transparente entre diversos, para crear un camino constructivo que ayudara a debilitar alternativas de confrontación, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan a represar los problemas, a no afrontarlos y a hundir a la gente en el dolor y la pobreza.

Si la Minga buscaba un diálogo directo con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen como tal. El diálogo con la Minga, era una gran oportunidad. Pero de nuevo se desaprovechó y el Gobierno prefirió señalarla como una estrategia de los violentos y desconocerla.

Finalmente, la Minga dejó siete enseñanzas ejemplares: primera, la protección de bienes públicos, durante siete días no se conoció ningún acto de vandalismo o daño. Segunda: la limpieza de los lugares en los que se hospedaron los indígenas quedó impecables. Tercera: fue una movilización organizada tanto en Bogotá, como en su recorrido por las carreteras nacionales, sin bloqueos al transporte público. Cuarta: la guardia indígena estableció mecanismos para evitar las infiltraciones de personajes que pretendieran producir disturbios. Quinta: la minga mantuvo su propia movilización si bien apoyaron el paro nacional convocado por centrales obreras, Fecode y estudiantes, entre otros sectores. La sexta enseñanza se refiere al uso de canales democráticos para dar cuenta de los resultados políticos de la Minga a las comunidades. Finalmente, la séptima enseñanza se refiere a la distancia que tomó la Minga de los intereses partidistas.

En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco no dice: “los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.