El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

En las universidades públicas del país se adelanta una movilización por la gratuidad en la matrícula. Desde mayo, cuando inició el movimiento 'Matrícula Cero', unas 14 instituciones se han sumado a este reclamo. En esta nota les resumimos en qué van y qué falta.

En Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como la Universidad Industrial de Santander y otras 14 universidades de todo el territorio nacional se han logrado avances en cuanto a gratuidad para estudiantes en estratos socioeconómicos 1 y 2. Pero en otras, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica, sedes Bogotá, se siguen desarrollando huelgas de hambre exigiendo apoyos económicos sin los cuales les será imposible continuar sus estudios. 

La tasa de desempleo que, según el DANE para junio fue 19.8%, podría significar una deserción escolar de entre el 30% y 50% para este semestre según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). Aunque agravados por el COVID19, el acceso y los recursos para la educación han sido problemas históricos de la educación superior en Colombia. Así lo explica Mauricio Archila, profesor emérito de la Universidad Nacional e investigador del CINEP/PPP:

Ha sido muy recurrente desde los sesenta el problema de financiación de la educación pública, principalmente universitaria. En los últimos tiempos, desde la Ley 30 de 1992, que se supone que regula todo el sistema educativo y que fija el incremento anual para la educación pública, se ha ido manifestando el rezago cada vez más fuerte de los aportes del Estado a las universidades públicas”.

Relación de gasto, cobertura y financiación por parte del Gobierno Nacional a las IES públicas entre 1993 y 2016. Informe de presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) en 2018.

De la matrícula 0, a la garantía de acceso a la educación superior

En los presupuestos generales de la Nación vigentes para 2019 y 2020, el Gobierno Nacional agregó más recursos a las IES, atendiendo lo pactado en la ´Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública`, tras la fuerte movilización  estudiantil de 2018. No obstante, en la Mesa de Diálogo “se llegó a un Acuerdo que ha ido incumpliendo el Gobierno, y muchos de los motivos del 21 de noviembre (paro nacional) del año pasado tienen que ver también con eso”, declara Mauricio Archila. 

Recientemente, respondiendo a la crisis del sector educativo como consecuencia de la pandemia y el movimiento “Matrícula Cero” se creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, el cual destinará 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas. Pero los estudiantes aseguran que los recursos suministrados por el Fondo no fueron suficientes para garantizar la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 en sus Instituciones. 

En muchas de las IES públicas regionales como la Universidad Distrital o la Universidad de Cundinamarca, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos aportados por las mismas Instituciones y gobernaciones y alcaldías. En otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, los beneficios en matrículas cobijan únicamente a estudiantes antiguos. En las universidades de carácter nacional, la lucha continúa porque los recursos aportados por el Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

U. de A. y Unal: Dos formas de responder a la “matrícula cero”

En la Universidad de Antioquia en Medellín un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre el 8 de julio para exigir que se congelen las reformas al estatuto general universitario hasta que se volviera a la presencialidad y se pudiera debatir. En la entrada de la Ciudad Universitaria se instaló un campamento de estudiantes. Tres mujeres empezaron la huelga que logró su objetivo.  

Uno de los factores clave en la respuesta favorable, además del apoyo de colectivos, movimientos sociales y la Asociación de Profesores de esa universidad, fue la articulación concejales, diputados, Personería de Medellín, y otras instituciones, explica María Gallego, huelguista y  estudiante de licenciatura básica con énfasis en Matemáticas de la UdeA. Según María. La U. de A. logró la ‘Matrícula 0’ para todos sus estudiantes de pregrado y según declaró el alcalde de Medellín Daniel Quintero, esta sería  una “política pública que llega para quedarse y su logro es un triunfo del movimiento estudiantil”.

Días después del 5 de agosto, cuando mediante el Comunicado 19 a la Comunidad Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, anunció que el costo por derechos de matrícula para 31.000 estudiantes sería igual a $0, y que además, los estudiantes de posgrado que así lo solicitaran tendrían un descuento de hasta el 20% en los derechos académicos para el periodo académico 2020-2. Allí, seis estudiantes iniciaron una huelga de hambre que hasta el 22 de agosto no termina.

Foto de: @intersedesunal

Daniela Viuche Conde, estudiante de Ciencia Política de la “Nacho” Bogotá y huelguista, expresa que “desde que se inició la virtualidad de las clases empezaron diferentes acciones de movilización de forma virtual, para garantizar para todos y todas realmente el derecho a la educación. La universidad brindó unas ayudas que fueron para población más vulnerable, algunos recibimos mercados, se hizo entrega de tablets y recursos para servicios de internet pero esto no ha dado a basto a la necesidades de toda la comunidad estudiantil”. 

Para una universidad con 54.284 estudiantes matriculados en el período 2019-2  y un déficit anual, que algunos estiman alrededor de 80 mil millones de pesos, se plantea urgente una inyección presupuestal y la garantía de la ‘Matrícula 0’ a través de recursos externos, en este caso, del Gobierno Nacional. No obstante, el apoyo económico recibido se acerca a una cifra de 5.200 millones de pesos (provenientes del Fondo para la Educación), lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos que presenta la universidad pública más grande de Colombia.

Los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación. La viabilidad de la Matrícula 0 estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno de turno en Colombia quiera invertir más en educación y menos en la guerra. 

Por: Daniela Ramírez y Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP.

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

Aunque los diálogos de paz ente el Gobierno nacional y las Farc-EP se extendieron por casi cuatro años, ante otras experiencias internacionales es una de las negociaciones más rápidas, si se compara por ejemplo con Guatemala y El Salvador que tardaron más de diez años o Irlanda del Norte que estuvo negociando por más de veinte.

La corta negociación no necesariamente implica un periodo equivalente de implementación. Los contratiempos se han hecho evidentes, desde el triunfo del No el pasado 2 de octubre cuando se esperaba iniciar la implementación de lo acordado con la guerrilla al otro día de la refrendación en las urnas. La mínima diferencia en los resultados del plebiscito dejó incertidumbre en la ciudadanía que apoyaba lo ya acordado, ante la zozobra se volcó a las calles exigiendo Acuerdo Ya, mientras tanto la comunidad internacional veía con preocupación la situación, optó entonces por conceder al presidente Santos el Nobel de Paz y darle el apoyo para llevar a buen término un nuevo acuerdo.

Empezaron las nuevas negociaciones, incluyendo las más de 500 propuestas de los líderes del No, Gobierno y Farc revisaron los temas e hicieron precisiones, el 24 de noviembre firmaron un nuevo Acuerdo Final y el Congreso lo refrendó definitivamente el 30 de noviembre.

Llegó el día D, con él la implementación de los acuerdos y la movilización de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN- y Puntos Transitorios dispuestos para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, el número de zonas se redujo y se estimaba que para finales de diciembre llegaran todos los guerrilleros a las zonas, sin embargo, hasta la semana pasada concluyó el tránsito pero persisten los inconvenientes y retrasos logísticos en la adecuación de las zonas.

Polarización presente

Los reveses de la implementación incluyen tanto los incumplimientos en las zonas veredales por parte del Gobierno como los sectores inconformes con el acuerdo de paz que continúan debatiendo modificaciones, hechos que acentúa la polarización. La situación se agrava de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

En el informe de Interntional Crisis Group ‘Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito’, presentado en Cinep/PPP el pasado 23 de febrero, se afirma que “el apoyo político al nuevo acuerdo es débil y, posiblemente, saldrá a relucir aún más cuando inicien las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales de 2018. La implementación completa del acuerdo no está, por lo tanto, todavía garantizada. A pesar de ello, el gobierno y las FARC tienen una ventana de oportunidad durante los próximos 18 meses para consolidar, a través de la implementación, un apoyo al proceso que incremente los costos políticos de truncarlo a partir de mediados del 2018.” (Ver informe completo)

“El discurso autocomplaciente que ha surgido del triunfo del No, no puede hacer perder de vista que el uribismo es realmente un fenómeno político que tiene altísimas probabilidades de ganar las elecciones del 2018 y esto quiere decir que al perder espacio es pertinente garantizar un estatuto a la oposición por la incertidumbre que hay, y dejar de pensar que el estatuto de oposición en Colombia va a ser una concesión concreta al movimiento político de las Farc” aseguró Víctor Barrera, investigador del Cinep/PPP durante la presentación del informe.

 

 

Otro de los retos para la implementación está en las instituciones, para Kyle Johnson, investigador de International Crisis Group se evidencia “falta de capacidad local en las instituciones que tienen que implementar el tránsito de la guerra a la paz,  el acercamiento del Gobierno Nacional se hace de arriba hacia abajo, la paz territorial es algo que se manda desde el centro. Las peleas y desacuerdos de coordinación y articulación con las entidades, son un reflejo de la polarización, hay desacuerdo en cómo debería ser la paz”.

Finalmente un reto que ha encendido las alertas es la violencia a nivel local, el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en conjunto con las acciones persistentes de los grupos armados hacen que no haya paz en los territorios. El llamado es para crear sinergias a partir de un espacio de diálogo despolitizado entre sociedad civil, Gobierno y comunidad internacional para luego pasar a la acción y protección.

 

Concluye el informe, que si los esfuerzos para implementar el acuerdo no sobrepasan estos obstáculos algunos puntos acordados pueden estar condenados al fracaso antes incluso de que tengan alguna posibilidad de éxito. 

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones