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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) preguntó a instituciones del Estado qué tienen en común los ataques violentos a excombatientes de las FARC y qué están haciendo para detenerlos. En la nota, algunos de los hechos relevantes.

Este martes 24 de noviembre, día en que se conmemoraban 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón, el partido FARC denunció el homicidio de Paula Andrea Osorio en Atrato (Chocó), con la que se cuentan 243 firmantes de la paz que han sido asesinados desde octubre de 2016. En medio de este contexto, este miércoles 25 de noviembre la JEP citó a una decena de instituciones del Estado a una audiencia pública para rendir cuentas sobre su gestión en la prevención de los homicidios y amenazas contra los excombatientes.

Durante la audiencia, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP Giovanni Álvarez afirmó que de mantenerse la tendencia violenta “en 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las FARC”, es decir, más del 10% del total (13.394) que dejaron las armas en 2016. “Está muriendo un excombatiente de las FARC-EP cada 5 días”, aseguró Álvarez, añadiendo que dichos homicidios ocurrieron en 98 de los 565 municipios donde están asentados. 

Por su parte, la senadora Victoria Sandino reclamó por otras formas de violencia de la que son víctimas los militantes del partido, llegando a contarse 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidio. A esta situación se añade que más de 30 familiares de excombatientes que también han sido víctimas de la violencia contra la colectividad.

El foco sobre la protección territorial y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías

En su intervención, la magistrada Reinere Jaramillo sostuvo que existen 82 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) que no tienen reconocimiento jurídico, y “más del 50% de los homicidios han ocurrido en 70 municipios donde se ubican esto asentamientos” que, como lo informó el Ministerio de Defensa, no tienen protección. Ante este cuestionamiento, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se limitó a señalar que dichas Áreas no están en ausencia de definición porque no creen que deban tener una, en su lugar, Archila sostuvo que la pretensión con estos espacios es que “entren a formar parte del ordenamiento regular del territorio”. 

El representante por la Defensoría del Pueblo afirmó que la institución ha emitido 192 alertas tempranas, de las que 49 se refieren a riesgos diferenciales para población en proceso de reincorporación. Pero las alertas no han sido suficientes, según reconoció la vicefiscal general de la nación Martha Mancera, los resultados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en materia de protección individual “no son muy rápidos.

Más allá de la protección individual, o en términos de fuerza que puede representar un chaleco antibalas o la presencia de efectivos de la Policía Nacional en determinadas zonas, los magistrados de la JEP indagaron sobre la acción de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de desmontar aquellos grupos que atentan contra la vida de defensores de DD.HH. y excombatientes.

El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos respondió a la pregunta afirmando que actualmente no hay una estructura jurídica en dicha Comisión que indique cuales son los grupos sucesores del paramilitarismo que están atentando contra la vida. En palabras del magistrado Gustavo Salazar, esto significa que no hay un reglamento para la operatividad de esta instancia que organizaciones de DD.HH. han identificado como clave, para avanzar hacia la consolidación de la paz.  

El magistrado Alejandro Ramellu, presidente de la sección de la JEP que citó al evento fue el encargado de cerrar la diligencia señalando que “estamos ante un enorme desafío como nación. Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz. Pero no sólo este, sino futuros acuerdos”, razón por la que debe garantizarse la vida de quienes participan en el mismo. 

Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

En esta pieza radial hacemos un análisis de las condiciones que se deben dar para garantizar la seguridad de los excombatientes. Ello, de cara al proceso de reintegración que se adelanta con la guerrilla de las FARC. ¿Qué puede pasar si no se les garantiza la seguridad a los excombatientes?, ¿por qué es importante protegerlos?, ¿cómo ha funcionado la seguridad en procesos de reintegración anteriores? Estas son algunas de las preguntas que se exploran en este programa.

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