Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


La pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la producción alimentaria del campesinado en Colombia. No hay duda para los habitantes de las grandes capitales y los más de mil cien municipios del país, el notable servicio que históricamente han realizado las comunidades agrarias en la disposición de alimentos para el consumo nacional. Mientras que las industrias paran y los precios del petróleo, el carbón y la energía se derrumban y las grandes empresas del mundo entran en recesión, los campesinos continúan. En las grandes ciudades solo hay una preocupación: que no falte la comida, el agua, todo lo demás se hace prescindible.

Pero reconocer la capacidad productora de alimentos del campesinado no se corresponde con el respeto a sus derechos humanos. Al contrario, ni las clases dirigentes ni la sociedad en su conjunto, a lo largo de nuestra historia, han escuchado las luchas y reivindicaciones de las comunidades rurales. El profesor Alejo Vargas nos recuerda que desde los años veinte del siglo pasado, las organizaciones campesinas han protestado por el incumplimiento de sus derechos. Igualmente, el campesinado será el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en el conflicto armado reciente, es el sector que ha aportado el mayor número de personas victimizadas y despojadas de sus tierras.

Políticas sociales, económicas y de tierras para el pequeño y mediano campesinado siempre han quedado en los sueños, en la demagogia o en el papel, pero no se ha llevado a cabo. Las comunidades agrarias y medianas empresas rurales, productoras de alimentos, siempre han sido excluidas y violentadas. Pese a todo esto las comunidades se han sostenido produciendo y sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Sin vías sin servicios sociales de salud y educación de calidad, con sistemas de comercialización que encarecen exageradamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, para las organizaciones campesinas y los conocedores del tema agrario en Colombia, no es ninguna sorpresa que, en medio de la actual pandemia, no existan propuestas claras para el campesinado. Es un grave error del actual y de los gobiernos anteriores. Porque si hay algo estratégico es la seguridad alimentaria de la población en medio de una enfermedad viral. Pero la decisión ha sido contraria, los créditos se han orientado al apoyo de los grandes productores.

El papa Francisco se dirigió, el Domingo de Resurrección, a los movimientos populares del mundo y dijo: “Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

Lee aquí el informe completo: 

[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

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Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

El 11 de marzo el Comité Cedaw hizo públicas sus observaciones al Estado Colombiano. Destacan entre ellas la insistencia en la implementación del Acuerdo de Paz con miras a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, la protección a las defensoras y la necesidad de avanzar en la formulación de indicadores desagregados y diferenciados geográficamente pues sólo a través de estos se podrán desarrollar políticas que realmente protejan a las mujeres. En el caso específico de las mujeres rurales y campesinas, el Comité llama la atención sobre la necesidad de estrategias para fortalecer la participación de estas mujeres en instancias de negociación, planeación y toma de decisiones, y de medidas para aumentar el acceso a tierras.

 

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Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Click aquí para ver el informe Mujeres rurales en Colombia completo

No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

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[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.