En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E

 

Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Esto opinaron seis víctimas del conflicto sobre la memoria y la situación de sus comunidades en medio de la crisis social y sanitaria en Colombia por el Covid19. Compartimos resumen y video de la segunda emisión de  #DiálogosEnCuarentena realizada en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.


Desde Tumaco, Chocó, Bojayá, Antioquia y Montes de María, víctimas, líderes y lideresas sociales conversaron sobre "Memoria, líderes sociales y víctimas en tiempos de pandemia" en un diálogo virtual convocado por el CINEP/PPP y el movimiento Defendamos La Paz. La charla abrió espacio a hacer visibles las gran vulnerabilidad de las comunidades históricamente excluidas, en cuyos territorios, además del confinamiento sanitario, se ha recrudecido el confinamiento armado. 

Desde el Chocó, Luz Marina Becerra, miembro de Afrodes Colombia, insistió en la carencia de servicios básicos como el agua afirmando que “para nosotros por la exclusión histórica el confinamiento es más difícil”.  Luz Marina mencionó, con jocosidad y preocupación a la vez, que les mandan a lavar las manos con frecuencia cuando en muchas poblaciones afro ni siquiera tienen acceso al agua. 

A la vulnerabilidad creada por la emergencia sanitaria, se suma la violencia latente a la que se han visto expuestas históricamente estas comunidades. Las amenazas, desplazamientos y asesinatos a los pueblos empobrecidos, entre ellos 6 líderes que han sido asesinados durante cuarentena, no paran. Tal fue el caso de John Restrepo, líder de la comunidad Lgbt en Medellín quien fue atacado en su propia casa en un barrio popular de Medellín durante el confinamiento. Otros no corrieron con su suerte y perdieron la vida como ha sido el caso también de firmantes de paz de Farc asesinados en este periodo. 

Según Leyner Palacios quedarse en casa es incluso aumentar el riesgo. Palacios insistió en la necesidad de crear un corredor humanitario en el Pacífico donde preocupa la violencia que no se detiene ni con la pandemia.

Menderson Mosquera, en Antioquia, se refirió a las poblaciones confinadas por la guerra en el Bajo Cauca, Dabeiba y Mutatá, en donde las directrices nacionales han sido débiles y no se han integrado todas las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Para Mosquera es necesario que las ayudas alimentarias no se dejen en manos de “politiqueros” sino que se entreguen con prioridad. Ellos y ellas como integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas no han contado, explica, con posibilidad alguna de incidir en la escogencia de la entrega de ayudas en sus municipios.

Además, Jhon Jairo Romero, desde España, explicó la fragilidad de las víctimas que se encuentran en el exterior y solicitan con urgencia medidas de protección. John Jairo también destacó la solidaridad que ha recibido de otros colombianos y las muestras de afecto y apoyo que observa en Colombia. Para él, la pandemia también está “sacando lo mejor de nosotros”. 

Entre tanto, José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de Memoria de Tumaco, enfatizó en las preocupaciones de muchos -no solo de las víctimas- por la “oficialización” de la memoria de parte del Estado. 

“La memoria no es del Estado es de las poblaciones vulnerables, las víctimas y los colombianos, debe ser un espacio autónomo, no debe ser un instrumento para que el gobierno de turno cuente lo que quiera”.

Desde Tumaco, Foncillas señala que varios grupos ilegales en el Pacífico Nariñense han estado distribuyendo panfletos amenazantes y recordó que horas antes incluso atacaron una misión médica dejando una persona muerta.

Por su parte, Claudia Cueto, en Montes de María, habló de la importancia de la memoria desde las comunidades recordando la experiencia del Mochuelo en los Montes de María. En dicha región varios líderes sociales han sido amenazados en medio de la pandemia y están sorteando su seguridad además de la sobrevivencia.

"Una lección que nos está dejando el COVID-19 es que el Estado debe avanzar en prevención y no solo en reacción a la coyuntura. No tenemos un sistema de salud adecuado menos aún en territorios afro", afirmó Luz Marina Becerra.

Para las víctimas hay una debilidad del Estado para responder a la emergencia sanitaria y social generada. Para varios, la pandemia develó la corrupción y la fragilidad del sistema económico y político de Colombia que, sumadas a la violencia histórica, podrían llevar a la desaparición de comunidades como el caso de los Wayuú en La Guajira.

Los presentes estuvieron de acuerdo también en el rechazo a los posibles actos de corrupción para entregar alimentos o bonos por parte del gobierno nacional, y exigieron protección para sus territorios. Además, se sumaron a la propuesta de la Red Colombiana de Lugares de Memoria de lograr que el Museo Nacional de la Memoria (promovido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero que es un escenario de reparación a las víctimas según la ley) tenga una dirección independiente del gobierno. 

Las víctimas mostraron, una vez más, su fuerza y su valor e invitaron a los colombianos a estar de pie exigiendo la garantía de sus derechos y apoyándose mutuamente en lazos de fraternidad y solidaridad. A continuación el conversatorio completo: 

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Hoy 1 de abril inicia el cese al fuego declarado por el ELN ante el #Covid19. El Cinep celebra esta decisión y está dispuesto a impulsar y tender puentes para restablecer el diálogo con esa guerrilla.