Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Defendamos la Paz condena y denuncia un ataque directo contra el Acuerdo de Paz en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Del 11 al 13 de abril miembros del grupo disidente Frente Carlos Patiño irrumpieron en varios corregimientos en búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo. A continuación el comunicado completo.

Un ataque directo contra el Acuerdo de Paz está en curso en el municipio de Argelia del departamento del Cauca. Defendamos la Paz condena la acción del grupo disidente Frente Carlos Patiño que lo emprendió.

Del 11 al 13 de abril, miembros de este grupo armado irrumpieron en varios corregimientos en la búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo y los líderes sociales que los apoyan. Los vecinos les han escuchado poner precio a las cabezas de excombatientes en proceso de reincorporación por causa de su apoyo a la sustitución de cultivos. El operativo también abarcó el reclutamiento forzoso de varias personas, incluyendo menores, que hoy se dan como desaparecidas. Varios combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal tuvieron lugar el 14 de abril.

Al Gobierno le pedimos proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al trabajo, mediante un despliegue integral de las entidades de la rama ejecutiva con capacidad dar respuesta a la situación humanitaria en Argelia y, en particular, a la Nueva Área de Reincorporación donde se encontraba la mayoría de los excombatientes.

A la Defensoría del Pueblo, le solicitamos poner en marcha un diálogo con el Gobierno que asegure la toma de medidas para dar atención a la Alerta No. 10 de 2020, que cubre a esta región.

A la comunidad internacional y, en especial, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos le solicitamos documentar, informar y facilitar.

A los excombatientes les decimos que el camino sigue siendo la paz.

Los excombatientes de Argelia han hecho un apuesta por la paz; los disidentes se toparán con la fuerza de una sociedad dispuesta a defenderla, aun en medio de la pandemia. Bien lo dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres: “la furia del virus ilustra la locura de la guerra”.


Defendamos La Paz
Colombia, 15 de abril de 2020.

 

Es imperativo que ante la gravedad de esta situación se otorgue la máxima atención a esta ola de violencia, y que en consecuencia se apliquen con eficacia y celeridad todos los mecanismos de garantías y seguridad previstos en el Acuerdo Final.

 

 

 
 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz.