Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

Quizá le puede interesar: La JEP y la Comisión de la Verdad recibieron informe sobre despojo y racismo en el Chocó.

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el cuarto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período desde el primero de junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes y de los aportes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a la perspectiva de género en el A.F., además de la información proveniente de instituciones con responsabilidades en su implementación.  

 

 

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CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz