Este 25 de marzo, de 830 am a 6pm, donde pondrán en común los hallazgos de sus informes como Secretaría Técnica del Componente de Verificación del Acuerdo junto a expertas e investigadores.

El Seminario “Avances y Retos en la implementación del Acuerdo Final de Paz” es organizado CERAC y CINEP, organizaciones que integran la Secretaría Técnica (ST) del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo, según lo establecido por las partes durante los Diálogos de La Habana. Ya son ocho los informes generales de seguimiento a la implementación que produce la ST, sumados a cuatro de género y uno étnico.

En este espacio virtual de participación abierta se socializarán los hallazgos del más reciente informe de la ST,  se desarrollarán paneles sobre el enfoque de género  y étnico; y cierra con un diálogo sobre “Paz desde los territorios. Factores que aceleran o limitan la implementación del Acuerdo y su contribución a la reducción de brechas”. Contará con la participación de investigadores de Cinep/PPP y Cerac, Elena Ambrosí, Adriel Ruiz, Rodrigo Uprimny, Marcela Sánchez, Consuelo Corredor, entre otros. 

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Programación

 

8:30 a 9:30 am. Presentación de los principales resultados de la implementación del Acuerdo Final por parte de la ST.

Consuelo Corredor- Secretaría Técnica Verificación Internacional- CINEP/PPP

9:30 a 11:00 PANEL 1: Cuatro años de la implementación del Acuerdo. Avances, retos y alertas derivadas del contexto.

Rodrigo Uprimny- Dejusticia

Martha Maya- IFIT

Camilo González Posso- Indepaz

Moderador: Jorge Restrepo- Secretaría Técnica Verificación Internacional-CERAC

11:00 a 12:30 PANEL 2: La implementación del enfoque de género y su contribución a la reducción de brechas.

Linda María Cabrera- Sisma Mujer

Marcela Sánchez- Colombia Diversa

Clara Ramírez- Secretaría Técnica Verificación Internacional CINEP/PPP 

Moderadora: Vera Samudio- CINEP / PPP

2:30 a 4:00 PANEL 3: La implementación del enfoque étnico y su contribución al cumplimiento de las salvaguardas contempladas en el Capítulo Étnico.

Helmer Quiñones- IEANPE

Manuel Ramiro Muñoz- Instituto de Estudios Interculturales -Universidad Javeriana-Cali

Jaqueline Romero- Fuerza de Mujeres Wayú

Moderadora: Jenny Ortíz- CINEP / PPP

4:00 a 5:30 PANEL 4: Paz desde los territorios. Factores que aceleran o limitan la implementación del Acuerdo.

Monseñor Juan Carlos Barreto- Obispo de Quibdó

Elena Ambrosí- Ex procuradora delegada para el seguimiento al AF.

Adriel Ruiz Galván- Coordinador de la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES), Líder comunitario de Buenaventura.

Víctor Negrete- Universidad del Sinú

Moderador: Luis Guillermo Guerrero Guerrero Guevara- Director del CINEP / PPP

5:30 a 6:00 CIERRE. Luis Guillermo Guerrero Guevara- Director del CINEP / PPP 

El libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020” se lanzará el próximo jueves 8 de abril a las 10 am por Facebook y Youtube. Compartimos la columna de Fernán González SJ. con un adelanto del mismo.  

La vinculación de la presencia de los negociadores del Eln en Cuba a la campaña reeleccionista de Trump en Florida y el endurecimiento de las posiciones del gobierno de Duque frente a las posibilidades de reabrir las negociaciones con ese grupo, se juntan con algunas declaraciones de los dirigentes elenos y los debates internos de esta insurgencia para replantear las eternas preguntas sobre su voluntad de paz y su unidad de mando.

En ese sentido, varios artículos han empezado a hacer circular la idea de “federalismo insurgente” para referirse al Eln. Tales son los casos de los escritos conjuntamente por Luis Fernando Trejos y Andrés Aponte en La Silla Vacía y El Espectador, entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, que se refirieron a este concepto para explicar las relaciones de este grupo con la economía cocalera, pero también para subrayar sus diferencias con las extintas Farc. Asimismo, en otro un artículo escrito por Juan Carlos Garzón y otros para Razón Pública, se recurre a la naturaleza federada del Eln para evidenciar la equivocación de la estrategia oficial de mostrar una supuesta división del grupo (Razón Pública, 15 de febrero de 2021). En una línea similar, María Victoria Llorente, directora de la FIP, en una reciente entrevista concedida a María Isabel Rueda, subrayaba lo poco que sabemos sobre las particularidades regionales de ese grupo y de su estructura federada que lo articula en torno a un proyecto común (El Tiempo, lunes 15 de febrero de 2021).

Todos estos planteamientos han servido para ambientar la difusión de los resultados de una investigación interdisciplinaria realizada por el equipo de Conflicto y Paz del CINEP, que ha propuesto una mirada más estructural sobre los cambios desarrollados por este grupo insurgente en sus años de existencia, pero, también de las diferencias de su estilo de actuar según las situaciones y tensiones de las diversas regiones donde hace presencia. Algunas ideas centrales de los resultados de este análisis, que han inspirado algunos de los textos citados anteriormente, están recogidos en el libro próximo a publicar: ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, que fue coordinado por Andrés F. Aponte y Fernán González, con el prólogo de Socorro Ramírez.

Como punto de partida, los investigadores hacen un llamado, bastante obvio, a insistir en la necesidad de asumir las consecuencias de las diferencias de enfoque y de comportamiento entre esta insurgencia y las extintas Farc. Si bien estas dos insurgencias emergieron en el mismo contexto nacional, de los inicios del Frente Nacional, e internacional, marcado por la Guerra Fría y la revolución cubana, las motivaciones, los líderes, el discurso revolucionario, la trayectoria militar y organizacional y las bases sociales sobre las que se anclaron, difirieron.

Así, las Farc surgieron gracias al impulso de jóvenes campesinos marginales, radicalizados y adscritos al Partido Comunista Colombiano, que buscaban acceder a tierras y representación política en sus localidades; bajo un marco de luchas agrarias en el mundo andino cafetero azotado por La Violencia. En cambio, el Eln surgió como un emprendimiento armado de jóvenes urbanos, en su mayoría universitarios, híper ideologizados, descontentos con las estrategias electorales del Partido Comunista, que buscaron insertarse en las tensiones del mundo rural, de los bolsones interiores de colonización, para cambiar la idea de Estado y sociedad, al concebir que el sistema político no daba espacio a sus visiones de sociedad.

Por eso, las bases sociales variaron en cada proyecto armado. Las Farc se apalancó sobre un grupo particular de pobladores (los campesinos colonos y luego los cocaleros), que dio forma a unas estructuras más cohesionadas de mando, que los asemejaban, en parte, a un ejército regular. En contraste, el Eln se insertó en los problemas de diversos grupos poblacionales (campesinos, sindicalistas, indígenas, comunidades negras, etc.), cuyas diversas apuestas organizativas y reivindicaciones explican no sólo los diversos rostros territoriales que posee esta guerrilla, sino también el carácter federado que asumió en su segunda época.

Un segundo llamado de nuestros jóvenes investigadores fue la necesidad de analizar la trayectoria y situación actual del grupo a partir de un lente organizacional y territorial, que entienda a este grupo como un conjunto variado de organizaciones dentro de un proyecto nacional. Este llamado es producto de una reinterpretación de la trayectoria de esta insurgencia, a la que corresponde una nueva narrativa de sus concepciones y accionar. Aunque, actualmente, varios estudios han venido señalando al Eln como marcado por una impronta federada, conviene recordar que esto no siempre fue así: en sus inicios, fue una guerrilla centralizada y caudillista que derivó en una conducción autoritaria, que privilegió la vía militar como mecanismo de resolución de controversias internas (1964-1974), llevándolo a su casi extinción con el desastre de Anorí (1973) y el movimiento hacia el “Replanteamiento” (1975-1983). Frente a esa situación, el Eln adoptó, como estrategia de recomposición, una política de cooptación de diversos emprendimientos armados locales, que se fueron articulando al proyecto nacional, bajo estrategia de centralización por cooptación.

Así, con el fin de evitar los males iniciales, los líderes del segundo momento del Eln, como el cura Pérez y Gabino, adoptaron una estructura colegiada y federada, con una dirección colectiva, horizontal y democrática, caracterizada por la amplia discusión política sobre la estrategia y la táctica armada. Esta estructura se mantiene, parcialmente, vigente en el presente, pero la falta de una eficaz dirección colectiva y el excesivo respeto a la autonomía de los frentes conducen en algunas ocasiones al llamado “debate en caliente”, que significa acciones inconsultas de algunos grupos para sentar su posición en el conjunto de la organización, el atentado contra la Escuela de Policía General Santander es un buen ejemplo.

De esa compleja organización se derivan dos rasgos centrales de esta insurgencia: en primer lugar, sus problemas de acción colectiva, porque la comandancia no tiene ni el poder ni la capacidad infraestructural para homogenizar ni alinear a todos sus frentes, como evidencian las reiteradas dificultades que ha afrontado para centralizar organizativa y políticamente al proyecto nacional. Y, en segundo lugar, el Eln presenta diversos rostros territoriales, que reflejan, como muestran los estudios regionales de caso de este libro, la variedad de sus bases y las reivindicaciones diferentes que pretende representar. Esto se evidencia en la falta de una directriz clara en materia de extracción de recursos: el debate frente a la coca ilustra esa situación, ya que cada grupo adopta posiciones diferentes en el tema según sus circunstancias, en contraste con la prohibición moralista del COCE.

Esto desemboca en un tercer rasgo que destacan los jóvenes investigadores del CINEP: la importancia que tienen las bases sociales en su estructuración y acciones: de ellas no solo se extrae información, recursos humanos (reclutas) y materiales, sino que ellas constituyen una instancia básica de coordinación, que le da forma a la organización armada y determina la lógica de la violencia que desarrolla cada grupo regional y local. Mientras menos sólidos sean los lazos verticales, que vinculan a los líderes con los pobladores y determinan la organización de su presencia en el territorio, mayores serán las probabilidades de que haya problemas de coordinación y constreñimientos para actuar colectivamente.

Además, si las bases sociales no son homogéneas en términos demográficos, así como en las reivindicaciones y demandas que tienen, mayor problema tendrá la organización nacional de articularlas en la llamada escisión maestra de la guerra. En efecto, cada emprendimiento armado local, como muestran sus frentes, tienden a responder más a las dinámicas territoriales que al mismo proyecto nacional. Por eso, la consideración de las bases sociales del grupo armado en cada territorio es muy importante no solo para entender la puesta en marcha que impulsa un proyecto armado en el territorio, que determina su trayectoria tanto en su accionar como en las negociaciones de paz y en su eventual tránsito a la vida civil.

Por último, concluyen los autores, estos tres rasgos conducen a la necesidad de replantear los esquemas de negociación y las estrategias de seguridad del Estado colombiano entre otras aristas. En primer lugar, la receta de tierras y curules, que fue bastante exitosa con las Farc, no responde a las demandas ni al discurso eleno. Para esta guerrilla es central el tema de los recursos naturales, las formas locales de participación y representación en el juego democrático y las formas de integración territorial, entre otros. Es decir, ella se auto representa como una instancia de intermediación entre un Estado homogéneo, que representa un claro bloque de poder, y una sociedad civil organizada, que se opone a las formas y apuestas de integración territorial que despliega el poder central. Por eso, sería necesario adoptar formas diferenciadas de acción estatal y de relacionamiento con el conjunto de la nación, que respondan de modo diferente a las diversas situaciones regionales y que rompan con la imagen bipolar del enfrentamiento entre buenos y malos, heredada de la Guerra Fría.

Respecto a las estrategias de seguridad, habría que agregar que los planes y apuestas desarrolladas contra las Farc, las cuales se mostraron muy exitosas al asestarle golpes a las cabezas más visibles de esta guerrilla, no solo no funcionan en el Eln, sino que también arrojan un impacto humanitario en las zonas donde se llevan a cabo. En lo que atañe a este último punto, la poca diferenciación entre los combatientes elenos y los pobladores es un factor crucial a tener en cuenta, ya que los efectos colaterales arrojados por estas estrategias terminan por refrendar la idea de un Estado represivo y militarista.

Pero, por otra parte, los investigadores también cuestionan la relación ambigua del Eln con la sociedad, que desconoce la existencia de amplios sectores de la sociedad que no se ven representados en la supuesta mediación de esta guerrilla con el Estado, cuyas opciones políticas no comparte. Lo mismo que la manera autoritaria como el Eln impone su hegemonía en las organizaciones, que no respeta la autonomía relativa de las comunidades, ni sus liderazgos, con un proyecto de corte jacobino, tan oligárquico y opresivo de las comunidades como el proyecto de las clases dominantes que pretende combatir. Además, el Eln debería sopesar las consecuencias que tiene su estrategia de penetrar los movimientos sociales para la deslegitimación de esas protestas y movilizaciones, que son puestos en la mira de la represión estatal y de otros actores armados.

Y, del lado de la sociedad colombiana en general, es necesario que sea consciente de la necesidad de superar la tendencia estigmatizante de la protesta social a partir de una mejor comprensión de la compleja situación que enfrentan las comunidades en medio del conflicto de legitimidades y del fuego cruzado entre los combatientes, en regiones necesitadas de una intervención estatal de carácter integral que afronte, de manera diferenciada, los problemas que han llevado a las organizaciones de protesta.

Para terminar, los investigadores concluyen que un regreso a las negociaciones sería la mejor demostración de que no están cerradas las vías democráticas de la necesaria transformación social que el país necesita con urgencia.

Este texto fue publicado en El Espectador y Razón Pública.

Por: Fernán González SJ., investigador del CINEP/PPP.  

Profesores rurales de territorios PDET están siendo desplazados de sus puestos por cuenta del concurso docente creado por el Acuerdo de Paz que, según denuncian, quedaría viciado tras ser modificado en el actual gobierno y no tomó en cuenta el arraigo territorial. Con el acompañamiento de Educapaz instauraron acción popular para proteger sus derechos.

Sorlinda Bocanegra es profesora de primaria en Planadas, Tolima, hace 16 años. Su plaza es una de las 123 que quedaron vacantes en ese municipio gracias al concurso impulsado por el decreto 882. Según relata, para ocupar su puesto se presentaron personas desde Cundinamarca y Huila principalmente, pero también de Cúcuta y Santander, muchos podrían ser apenas bachilleres. Ahora teme que, por cuenta de los cambios normativos al decreto que implementa uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, pueda quedar sin puesto, y que sus estudiantes queden en manos de quienes no conocen la región. La preocupación de Sorlinda es compartida hoy por miles de maestros en las zonas de Colombia más aporreadas por el conflicto. 

El primer punto del Acuerdo de Paz -Reforma Rural Integral (RRI)- traza la ruta para mejorar las vida de campesinos y campesinas incluyendo el acceso a la tierra, la salud, la educación, entre otros derechos. Allí se contempla la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el que “se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”. El decreto 882 de 2017 forma parte del marco jurídico para el funcionamiento del PEER, pero según los maestros, es también el culpable del desplazamiento laboral del que están siendo víctimas. 

El decreto propone un concurso de méritos que se realiza por única vez para la contratación de docentes en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) si en dichos lugares no había la suficientes profesores para cubrir las plazas, asegura Alejandra Ramírez, profesional del CINEP/PPP en el equipo de Educapaz

“El propósito del concurso es que llegara capacidad humana para impartir educación. El problema es que impartieron el concurso como si todos los territorios tuvieran la misma ausencia de docentes idóneos para brindar esa educación. Entonces pasa que en el sur de Tolima tenemos docentes demasiado formados: normalistas superiores, profesionales, o que tienen maestrías y doctorados pero que perdieron su prueba”, afirma Ramírez.

Un concurso sin enfoque territorial

La normativa cambió entre 2017 y 2020, creando un concurso para ocupar plazas que ya tenían profesores del territorio, bajando los estándares para que se presentaran personas bachilleres y no solo normalistas, como era costumbre, y permitiendo la participación de personas en todo el territorio nacional, explica Alejandra. 

“Lo que ellos argumentan es que los acuerdos de paz tienen un enfoque territorial; pero la paz territorial no es igual para todos. Tienen que considerar las dinámicas del territorio, entonces el concurso debió darse de manera particular según cada zona PDET, y no todas las plazas debieron darse por igual. Tenían que haber unas particularidades”.

El decreto “es una distorsión al espíritu y letra del Acuerdo”, cuyo efecto inmediato implica que “están eligiendo profesores que no tienen arraigo en las regiones, y desplazando a educadores y sus núcleos familiares”. Así lo denunció la senadora Sandra Ramírez en sus redes sociales.

Un concurso viciado

La profesora Sorlinda explica que el concurso no valoró con mayor puntaje el arraigo y experiencia en el territorio, y asegura que se presentaron fraudes en las pruebas de 2019. Por más de una década, ella ha acompañado la formación de niñas y niños campesinos en Planadas, que junto a Ataco, Chaparral, y Rioblanco, hace parte de los cuatro municipios PDET en Tolima. En total, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (criticados por organizaciones sociales desde su puesta en marcha por el gobierno Duque) incluyen 170 municipios de Colombia. 

Sorlinda asegura que la filtración de respuestas de la prueba comenzaron a llegar a través de redes sociales en el primer receso de la jornada. “Personas manifestaron que los cuadernillos se estaban vendiendo”, agrega. Esta situación llevó a que el concurso se anulara solo para primaria. La Comisión Nacional del Servicio Civil declaró “irregularidades y dejó sin efectos las pruebas de docente primaria aplicadas en 23 ciudades en el marco del Concurso Especial Docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.

Entonces continuó el proceso para coordinadores, rectores y bachillerato. Luego, en 2020 se realizó el concurso de primaria, pero “se venden cuadernillos a un costo más alto y si la persona tenía dinero, podía comprarlo con una semana de anticipación pero si no tenía tanto, se lo daban con un día de anticipación”, sostiene Sorlinda. “Pero no a todos nos ofrecen el cuadernillo, sólo a aquellos que les falta ética. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta”, concluye. 

Pese a esta situación, ella y sus compañeros se sintieron tranquilos tras la prueba “porque preguntaba cosas que hacíamos en el aula”, pero llegaron los resultados y comenzaron las decepciones: en Planadas solo pasaron 14 maestros de primaria, 20 de áreas especiales y 4 coordinadores. 

“A nosotros no nos hacen docentes unas pruebas, sino los años que hemos tenido aquí siendo profesores”, dice Sorlinda, quien camina por las vías sin pavimentar del Sur del Tolima bajo las lluvias y en botas de caucho para llegar hasta el aula y, así, intentar arrebatarle niños a la guerra. 

Además de la función propiamente docente, los profesores rurales también forman tejido social en las comunidades, explica Sorlinda, pues, por ejemplo, crean la confianza para recorrer el territorio.  “No se trata de poner en tela de juicio las capacidades de quienes pasaron el concurso, sino el impacto de desplazar al docente que en muchas ocasiones es el único representante del Estado en las zonas más apartadas”, agrega preocupada Alejandra Ramírez del Cinep / PPP.

Tras varios derechos de petición y oficios a distintas entidades, los profesores del sur del Tolima crearon la Mesa Nacional de Docentes Provisionales que, con el acompañamiento de Educapaz, logró instaurar una acción popular en la que también se pidió una medida cautelar para pausar el concurso docente en los municipios PDET en diciembre de 2020. 

Alejandra Ramírez explica que con esta acción popular se pretende defender el cargo docente, así como evitar las problemáticas que afectarían las comunidades si se produce el desplazamiento laboral. Para ello, acuden al testimonio de padres de familia, líderes comunales y JAC quienes piden al unísono que sus docentes no sean retirados. Por ahora, la acción fue firmada por 127 docentes y reposa en el Tribunal del Tolima. Aún se desconoce cuántos maestros rurales en el país se quedaron sin puesto gracias al decreto 882. La Mesa creada por los docentes avanza en conocer el panorama nacional que, como el de Tolima, tiene preocupadas a las comunidades educativas y rurales. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, al concurso se inscribieron 121.113 aspirantes para proveeer 6.564 vacantes ofertadas para 119 municipios Pdet.

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados con el Acuerdo de Paz se han convertido en uno de los pilares de la política “Paz con legalidad” del actual gobierno de Colombia. En el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo, las organizaciones sociales hacen un balance de los mismos manifestando su preocupación por la falta de participación y la ausencia de transformación en los territorios.

Con motivo del cuarto aniversario del Acuerdo de Paz, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET convocó un balance virtual en el que participaron líderes y lideresas de los territorios priorizados para implementar este fragmento del acuerdo: El desarrollo territorial a partir de los Planes contemplados en el Acuerdo con el fin de transformar los territorios. Justamente, según los líderes, los PDET no han logrado una transformación de sus regiones, y este es uno de sus mayores reclamos pues señalan que la ejecución de los mismos se ha quedado en múltiples obras. “Los PDET son cemento y no vemos la transformación”, aseguraron en la conversación virtual el pasado 24 de noviembre.

La conversación titulada “La palabra de las organizaciones sociales sobre los PDET” fue moderada por Gloria Castrillón, periodista de El Espectador, quien recordó que en los territorios donde estaban las y los invitados al foro virtual se vive actualmente una dura situación de derechos humanos. Desde Arauca, lamentaron por ejemplo, el secuestro de varias personas, mientras otras voces recalcaron el asesinato de sus compañeros defensores de derechos humanos por desconocidos y de los campesinos a manos del Ejército, como ha sucedido este año en Catatumbo y Antioquia durante operativos de sustitución forzosa de cultivos ilícitos. 

En la charla participaron: Álvaro Arroyo del PCN y la Mesa Distrital PDET Buenaventura; Magaly Belalcázar de la  Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y Mujeres, Amazonía y Paz; Luz Mary Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz; Albert Ochoa del Espacio Regional de Paz del Cauca y Martín Sandoval de la Veeduría departamental PDET y presidente Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Arauca. Este último aseguró que en Arauca el conflicto armado ha aumentado precisamente porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. 

Sandoval coincidió con sus colegas líderes en que no ha habido participación durante la pandemia. Alberth Ochoa aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio asegura que sí la hay, pero que lo realizado se trata de “socializaciones que no tienen nada que ver con participación”. Albert afirmó, con molestia, que los Pdet “están jugando con nuestros sueños”. Para Magaly Belalcázar: 

“Estamos muy lejos de una implementación real y efectiva para las mujeres. Las vacas tienen más tierra que las campesinas en Caquetá y Colombia. Además, los Pdet no tienen enfoque ambiental”.

Desde Buenaventura el reclamo se dio porque, según Álvaro Arroyo, no hay una coordinación propia de pdet para el Pacífico, nos juntaron con el Cauca. Además, en la ciudad portuaria aún no han culminado la ruta de iniciativas. “Pedimos al gobierno conservar la integralidad del Acuerdo y territorial”, agregó Álvaro.

Los PDET se dedicaron al cemento, aseguró Magaly Belálcazar.  “En los informes de la Consejería de Posconflicto detallan puentes peatonales, más de 500 horas de taller y otros. Pero las mujeres rurales estamos lejos de ser reconocidas en esos Programas”.

Martín Sandoval describió su experiencia de esta manera: “Se vienen haciendo cosas (...) pero sin las comunidades. (...) La frustración ha sido grande porque la implementación de los PDET no ha tenido en cuenta a las comunidades. Llegan a una vereda con una obra que la gente ni sabe y si la comunidad crítica, pues se la llevan para otra parte”.

Las diversas organizaciones que integran la Mesa y la apoyan increparon al gobierno a garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas de los territorios, y a una apertura al diálogo para escuchar sus reclamos.

Por Katalina Vásquez. Periodista CINEP/PPP

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el primer informe sobre el enfoque étnico en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período desde el primero de junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.  El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el capítulo étnico del A.F.

 

 

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