CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Liderazgos sin miedo

  • Oct 25, 2020
  • Publicado en Prensa

Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales sigue siendo el reto de la sociedad colombiana. Compartimos una reseña del conversatorio Liderazgos sin miedo.

Ausencia estatal, inseguridad, violencia y erradicación forzada son algunos de los riesgos que enfrentan líderes sociales en Colombia, según el conversatorio: Líderes sociales: desafíos para su protección. La campaña que lleva el mismo nombre y consiste en acompañar y darle un espacio a los líderes y lideresas sociales de Colombia es una alianza de medios y ongs, entre ellos CINEP/PPP que, desde hace más de 50 años, registra y analiza la tragedia de los defensores de Derechos Humanos en este país, históricamente estigmatizados, atacados y aniquilados. 

Entre muchos retos, la protección y defensa de la vida son los principales pues, según se comentó, hasta el momento las medidas tomadas por el gobierno –como la militarización– han generado más afectación y violación a los derechos humanos como es el caso de asesinato de campesinos durante operativos de erradicación forzada o violación sexual de niñas por parte del Ejército. Además, los asesinatos a líderes y lideresas sociales siguen incrementando, especialmente en los territorios en los que hay presencia de cultivos de uso ilícito. Cauca, Antioquia y La Guajira son algunos de los departamentos con mayor riesgo. 

Según Sirley Muñoz de Somos Defensores, este año los asesinatos aumentaron en un 61% en relación con el año anterior; la comunicadora enfatizó en que se está presentando una reconfiguración del conflicto ‘‘Todavía no sabemos cómo llamar esta etapa; esto apenas está comenzando, las agresiones van en aumento. Lamentablemente, todavía viene una situación muy difícil para el país’’. 

Por su lado, los líderes e integrantes de radios comunitarias se han unido como colectivo en aras de crear sus propias herramientas de protección, teniendo una comunicación constante y activa, siempre trabajando junto a la comunidad, así lo afirmó Liverman Rengifo, integrante de la Red de radios comunitarias Cantoyaco del Putumayo. En este contexto, la función de las radios comunitarias ha sido clave para fortalecer a los líderes en el proceso de resiliencia. ‘‘Si reflexionamos, vamos a entender por qué es importante para esta democracia que las radios comunitarias tomemos posición y acompañemos los procesos de desarrollo de los territorios”, según Dione Patiño, de La Esquina Radio.

Unirse como comunidad y colectivo ha sido fundamental; de lo contrario, optar por el trabajo individual generaría más exposición y peligro, un arma de doble filo en un proceso de posconflicto, concluyó el conversatorio. 

Ha sido un proceso de construcción compartida. En palabras del Presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC, William Muñoz: 

‘‘Una cosa es hablar de paz y otra cosa es construir paz, y eso es un eje fundamental que nos atraviesa’’.

A pesar de los riesgos y la situación a la que hoy se enfrentan los líderes y lideresas, ellos y ellas aún apuestan por ‘‘no bajar la moral’’ y seguir siendo un apoyo entre entidades como una red que se protege entre sí. El papel de los medios en articular y visibilizar sus luchas también es fundamental, así como para increpar al Estado en su papel de protección a ellos y ellas.

El conversatorio completo puede ser visto en: https://www.facebook.com/watch/?v=353827009095300 

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

Como parte de la iniciativa “La huella de los líderes” de Defendamos la Paz, CINEP/PPP comparte esta reseña en homenaje a Jorge Enrique Oramas, ambientalista asesinado en Cali en mayo pasado. Decimos #NoMás al exterminio de la vida. Y alzamos nuestras voces contra el olvido y la falta de garantías y protección a nuestros líderes sociales.

Michel Forst, Relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de DD.HH., sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. De igual manera, el Programa no gubernamental de protección a defensores a Derechos humanos, Somos Defensores, reportó para el primer trimestre del año 2020 un aumento de 88% en las agresiones a las y los defensores y líderes sociales En relación con el mismo período del 2019, señalando en su más reciente boletín:

“No es una casualidad, por el contrario, genera alerta después de la alta cifra de amenazas que se registró el año anterior, lo que podría indicar que estas se están concretando a través del asesinato”.

De éstos, son 47 casos de asesinatos en el primer trimestre, superando por 22 casos en el mismo periodo del año anterior donde hubo 25 casos, incluso al 2018 con 41 casos. Así mismo, Somos Defensores señala que de éstos son 5 mujeres y 41 hombres. 

Sin embargo, las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso un grupo de columnistas, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de ellos.

Jorge Enrique Oramas Vásquez tenía 70 años. Era un pedagogo, defensor de la vida, caminante de la palabra y sociólogo. Así sera recordado por vecinos, amigos y compañeros. Desde la práctica de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, Jorge Enrique gestó en su círculo mas cercano, en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, corregimiento de Villacarmelo, treinta minutos de Cali, el proyecto que denominó “Biocanto, un canto a la vida y la naturaleza”. El proyecto se dedicaba al cuidado del agua y de la tierra, al cultivo y comercialización de semillas nativas como la quinua y el amaranto, al igual que otros productos totalmente libres de agro-tóxicos. Como dijo una amiga cercana a Jorge:

“Su discurso crítico frente al consumismo propio del actual modelo neoliberal, instaba a quienes compartían con él a cambiar de hábitos alimenticios y a conectarse a la naturaleza para poder rescatar la vida (humana y no-humana), ya de por sí sumida en una grave crisis civilizatoria”.

Su voz cargada de crítica, interpelaba a las élites y al paradigma del crecimiento y ampliación de la riqueza material que degrada la vida, y a la vez promovía la consciencia de alimentos sin agrotóxicos y el rescate de las semillas nativas.

Asumió la defensa de uno de los  lugares de vida cercano a Cali, el Parque Nacional Natural Farallones que, con inmensa biodiversidad y abundante agua, está en la mira de los planes del mal llamado modelo de desarrollo y progreso devastador, que pretende convertir los lugares de vida y recursos naturales en sitios de recreación y turismo. Jorge Enrique Oramas Vásquez se había opuesto a las prácticas de explotación y extractivismo minero legal e ilegal que se realizan allí. Fue asesinado en la noche del pasado sábado 16 de mayo en su finca, a donde llegaron desconocidos y de un tiro de fusil en el abdomen le acabaron la vida convirtiéndose, según Indepaz, en el líder número cien asesinado durante el 2020. Sin saberse nada sobre los perpetradores del crimen, el guardián de los farallones de Cali fue despedido con dolor. Sobre su féretro el sombrero que recuerda las luchas campesinas simbolizó el sueño de los líderes sociales que están siendo enterrados por centenares cada año desde la firma del Acuerdo de Paz: la tierra, el alimento, la vida, la paz.

Por: Cristian Llanos. Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.