La crítica situación de Venezuela ha sido afrontada por las partes en conflicto con un exceso de ideología, bajas capacidades de negociación política y un alto nivel de indolencia humanitaria. Somos testigos del masivo éxodo de personas necesitadas de alternativas dignas y de protección internacional. La crisis, según entidades internacionales como la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y entidades de iglesia católica, calculan una cifra de migrantes venezolanos que ronda entre los tres y cuatro millones de personas, de ellas en Colombia pueden estar más de un millón.

Los prejuicios ideológicos y el déficit de negociación política, por un lado, y la desinformación sobre la situación real, por otro, han impedido que la mayor parte de la opinión pública internacional se haga una idea real de la gravedad de la crisis interna, sus causas y las posibles alternativas para transformar esta crisis. En este contexto, es de vital importancia tener más claridad sobre la situación y las perspectivas de evolución de esta grave crisis, para poder definir acciones que favorezcan una solución política, contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y promover una real solidaridad internacional; todo eso en el marco del respeto de los derechos humanos y del principio de autodeterminación de los pueblos. La crisis, especialmente la humanitaria, no se debe usar para sacar dividendos políticos mezquinos.

Venezuela se ha convertido en una sociedad polarizada, con un Estado a la defensiva de presiones políticas internas y externas, fundamentado en un poder centrado en sí mismo y atrapado en dinámicas mafiosas manejadas por un poderoso sector de militares, mientras que la oposición, fragmentada, solo piensa en sus intereses claramente espurios que solo favorecen a un sector empresarial aferrado a la recuperación de sus ventajas, pero sin incluir a las mayorías ciudadanas. Lo ideal, pero poco factible, sería que en este contexto se constituyera una tercera fuerza, en este caso de carácter social y con protagonismo de la sociedad civil, con el fin de construir alternativas políticamente democráticas, económicamente equitativas y socialmente incluyentes. Salidas políticas alejadas del derramamiento de sangre y del intervencionismo extranjero.

Al respecto, algunos analistas han calificado, como una gran equivocación, la invención de una pretendida ayuda humanitaria. Una operación humanitaria no es parte de una estrategia de guerra, no debe serlo. Por eso, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayor organización humanitaria del mundo, rechazó que se llamase “humanitario” al espectáculo montado en las fronteras con Venezuela. Lo más humanitario sería levantar el bloqueo a la economía venezolana.

El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, expresó que lo sucedido en la frontera con el paso a la fuerza de los camiones, “pareció más un acto de hostigamiento, apoyado en una supuesta acción humanitaria, y digo supuesta porque lo ‘humanitario’ está siendo allí indebidamente utilizado como lo han denunciado personas de organizaciones internacionales y la misma Iglesia Católica. Colombia, a través del nuncio apostólico, ha dicho que no es una acción humanitaria la que tiene un tinte político”. Advirtió además el arzobispo que “el hecho dejó heridos y muertos, y que se acusó luego a la contraparte por ello. Hay heridos y muertos, y nada justifica que se hayan provocado esas situaciones. Crearon un escenario y después vinieron a acusar a los otros de todo lo que ha ocurrido. Esto exige un alto sentido de responsabilidad y de sensatez”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

Entre el 4 y 6 de marzo pasados se reunieron entre 51 personas laicas y sacerdotes de distintas áreas profesionales y académicas para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis en Venezuela. Fueron convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe- CPAL, contando además con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 

 
 

 

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

La frontera colombo venezolana es un territorio que comprende 2.219 kilómetros y que se caracteriza por poseer zonas altamente biodiversas y otras con grandes riquezas en recursos minero-energéticos.

La complejidad de sus problemas sociales - las consecuencias de las políticas migratorias de ambos países, la situación socio política en Venezuela y sus crisis económica, el conflicto armado interno en Colombia, el tráfico de todo tipo de bienes entre las dos fronteras,  la presencia de bandas criminales, entre otros- hace que el trabajo con las comunidades que habitan la frontera sea cada vez más urgente y retador.

Es por esto que, desde hace 8 años la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana desarrolla su trabajo en esta frontera. Este, es un proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Cinep/Programa por la Paz.  La Escuela tiene a su cargo la misión de fortalecer sujetos políticos que sean capaces de generar desarrollo sostenible y sustentable en sus territorios.

En asocio con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, la EPCC se ha pensado el territorio fronterizo como uno en el que confluyen diversas sinergias que hacen parte de una plataforma binacional. En esta plataforma se combinan tanto las estrategias pedagógicas como las estrategias políticas y la acción humanitaria.

La clave ha sido visualizar el territorio no como una línea divisoria sino como una región. De esta manera, la EPCC ha ido transformando la manera de comprender la frontera colombo venezolana desde los mismos sujetos que la habitan; es decir, que las personas, poblaciones y organizaciones que allí conviven se pregunten por el cómo ejercer una ciudadanía responsable dentro de este territorio que tienen en común.

María del Carmen Muñoz, coordinadora de este proyecto plantea una mirada reflexiva de lo que ha significado el trabajo de la EPCC en estos 8 años, los retos que se han puesto en este camino y las perspectivas de futuro.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajar la acción humanitaria a través de la herramienta binacional en la Escuela de Paz y Convivencia ciudadana?

María del Carmen Muñoz: Uno no puede meterle contenidos a las personas cuando la  gente tiene la barriga vacía. Cuando hay necesidades que pasan porque tu estés cómoda o cómodo en lo mínimo hasta que eso no esté resuelto no puedes avanzar hacia otra cosa.

Así que en nuestra plataforma binacional, estamos en una campaña permanente en búsqueda de medicinas, de útiles de aseo, de alimentos, ayudando con la búsqueda de personas desaparecidas porque hay familias que se han desarticulado por toda la situación de Venezuela.

¿Cómo ha afectado a  la frontera la presencia de actores armados que siguen ejerciendo su poder en la frontera y  a su vez las dificultades que ha tenido la implementación de los acuerdos?

M.C.M: Con respecto al proceso de paz actual, nosotros sabemos que la FARC tienen excombatientes y ellos tienen sus grupos que están haciendo incidencia en la región de frontera para el proceso electoral. Ya no hablamos de las FARC armada sino de FARC como partido político.

Muchos de esos excombatientes han ido al territorio venezolano a contarle a la gente que son un partido político y que ahora se van a dedicar a hacer política sin armas. Al mismo tiempo, existen personas en Venezuela que los atacan porque no conocen el proceso de negociación y creen que todavía son guerrilleros. Ahí hay una tensión muy fuerte que nosotros estamos intentando contener desde los medios de comunicación, aclarando cuál es el proceso que lleva Colombia teniendo mucho cuidado con el lenguaje. Estamos intentando aprovechar los medios de comunicación como los de Fe y Alegría en Venezuela que son bastante reconocidos para tratar de generar precisiones alrededor de este tema de los acuerdos de paz.

Por otro lado, el motivo de negociación con el ELN ha abierto una discusión muy fuerte en la frontera y de mucha preocupación y esto es muy visible en departamentos como Arauca o en la zona del Catatumbo. Los habitantes de estos territorios, por la experiencia que tuvieron con las FARC, están asustados por el hecho de que va haber un copamiento de territorios. La frontera es un botín enorme que produce mucha renta para muchos grupos armados que están mejor organizados que el mismo estado.

¿Cómo ha sido el impacto social que ha tenido Colombia con respecto al flujo migratorio que está llegando al país? ¿Cómo ha sido mediar entre ambos territorios?

M.C.M: Esos flujos migratorios se han incrementado mucho más de lo que la estadística menciona. Por las trochas diariamente van y vienen personas y hay un subregistro que no da cuenta de las cifras reales. Hemos visto una situación diferenciada. Si hay cierto porcentaje de la población colombiana que encuentra que es legítimo que los venezolanos vengan a refugiarse acá, que es legítimo que les devolvamos lo que ellos hicieron por nosotros hace unos años a raíz del conflicto armado. Pero ha sido tan alto el flujo de estas personas que ha desestabilizado la política social y la política pública que ya había en ciertos departamentos.

Como EPCC ¿qué encontramos? que la mayor población se encuentra entre Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Antioquia y Bogotá. Y que la política nuestra y los recursos para atenderlos humanitariamente se agotaron. Está sucediendo que los oriundos de los territorios que también consideran que necesitan apoyo, ven que no la reciben y se comienza a generar una tensión con ese forastero. Eso comienza a generar problemas de orden social, violencias, rechazo.

¿Qué tratamos de hacer ante esta situación?, generar comprensiones entre la gente, hacerle entender que mediante la cooperación podemos ayudar a unos y a otros pero sin dejar de exigirle al Estado que cumpla con la política pública y con la política migratoria que tendrá que diseñar para resolver este tipo de problemas. Hay que asumir acciones distintas y paralelas porque el problema se puede agravar si el default se declara en Venezuela y se sigue profundizando en la crisis económica en ese territorio.

Nosotros intentamos pedagógicamente generar armonía, creamos lazos solidarios, tendemos puentes entre organizaciones, buscamos venezolanos que apoyen a otros venezolanos. Pero se necesitan muchas acciones conjuntas desde el estado, de la sociedad, de la política pública y de los colombianos para llamar la atención sobre la reciprocidad cuando nos atendieron a los colombianos en nuestra peor crisis.

¿Cómo ha sido el proceso de construcción de redes solidarias en toda esa región fronteriza?

M.C.M: Tenemos un modus operandi: tenemos unas redes virtuales y la gente a través de esas redes, demanda ciertas necesidades. Por ejemplo, pañales para las diferentes etapas de bebés. Buscamos quienes pueden dar eso y otras personas que las puedan transportar, nuestra ayuda humanitaria llega  hasta Caracas, Maracaibo, por ejemplo. Esta acción agota, porque cada vez los temas puede ir empeorando con el tiempo. Al organizarlos por ejes fronterizos se puede organizar mucho más esta dinámica de ayuda humanitaria. Las personas son muy solidarias.

¿Por qué seguir en la frontera?

M.C.M: Es un deber ético, como equipo no vamos a desistir. Vamos a seguir ahí y moralmente aportaremos en lo que falta porque tenemos la capacidad. Es un deber moral y social. Porque somos creíbles, somos una red de confianza y haberla generado en medio de la adversidad es difícil pero detrás de nosotros se han generado otras redes y tenemos mucho que aportar sumando  es un esfuerzo enorme.

¿Cómo luchar contra la visión de frontera que divide?

M.C.M: Hay dos herramientas vitales, la pedagógica y la política. Trascender planos individuales y pasarlos a los colectivos. Comenzamos con 10 organizaciones y hoy tenemos 53 a las que les hemos enseñado a pensar que trabajar por los bienes comunes y que realizar acciones colectivas  rinde más que hacer las cosas de manera individual. Ahí hay una clave política trascendental y la gente lo ve y se da cuenta que se a partir de ahí se logran cosas. El sentido amoroso también es importante. Escuchar a la gente, darle un abrazo, que sepan que ahí estamos, ‘pegante social’ lo que Francisco de Roux costantemente dice. Es el acumulado de confianza que necesitamos para construir ese tejido social.

¿Qué se viene para la EPCC en 2018?

M.C.M: Cada vez nos están financiando más proyectos para seguir y desde los diplomados hemos podido fortalecer la plataforma binacional que es una estrategia política de construcción colectiva y visiones conjuntas. Podremos generar un desarrollo de pensamiento crítico binacional, realizar foros, simposios, desarrollar investigación alrededor de temas como la frontera y el posconflicto.

 

**Todo el año, la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana está recibiendo productos de primera necesidad, para quienes deseen hacer sus donaciones. En especial es urgente: pañales de las primeras etapas de nacimiento, cuchillas de afeitar para hombres, productos de aseo para mujeres y hombres, leche en polvo para primeras etapas de infancia. Para realizarlo puede comunicarse mediante el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

Venezuela vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tanto a nivel político, económico como social. Esta situación ha provocado una crisis generalizada que cuestiona la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los económicos y sociales de la población que allí reside.