El pasado lunes 4 de octubre el gobierno venezolano anunció la reapertura de la frontera que comparte este país con Colombia tras 2 años de cierre. Ante esta situación, el Cinep / PPP y otras organizaciones plantean la necesidad de reiniciar las relaciones institucionales entre ambos países, y desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad.

La crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales entre dos países hermanos, generan un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido. 

Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad. 

Gremios empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales, académicos, sociedad civil organizada de Colombia y Venezuela, han mantenido un esfuerzo sostenido en favor de la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados, de los canales institucionales de comunicación entre los dos Estados. Desde esos esfuerzos queremos aprovechar el desbloqueo de los puentes para procurar que ambos gobiernos asuman las consecuencias de las crisis y las tensiones. Venezuela y Colombia no pueden continuar en la actual dinámica destructiva. 

Quienes suscribimos el presente comunicado celebramos el retiro de los contenedores que impedían la circulación entre ambos países a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esperamos que pronto se haga otro tanto en el Puente Unión y urgimos a las instituciones pertinentes de cada país a que inicien inmediatamente un diálogo que busque hacerle frente a la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad, y generar la reactivación de la actividad económica y comercial entre los dos países. Han surgido iniciativas de diversos sectores, como las consignadas por actores de Táchira y Norte de Santander en la Declaración de San Antonio del pasado 3 de octubre. A continuación, recogemos algunas de esas propuestas:

  • Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada. 
  • Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera. 
  • Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos. 
  • Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro. 
  • Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera. 
  • Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos. 
  • Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto. 
  • Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países. 

A continuación el comunicado:

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020

El próximo viernes 20 de marzo íbamos a llevar a cabo el conversatorio ‘Por una frontera con seguridad humana libre de miedo y con dignidad’, promovido por el proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana de la línea Educación para la ciudadanía y la paz. Dicho evento ha sido aplazado. Les recomendamos estar atentos a nuestras redes para conocer la nueva fecha que daremos a conocer en cuanto re programemos.


La dinámica actual de la frontera colombo venezolana refleja una degradación en la calidad de vida de sus habitantes por múltiples factores como tensiones diplomáticas, cierre de los consulados, impacto de la movilidad humana, violencia exacerbada por la diversidad de actores, e impactos medioambientales. Este contexto motiva la apertura de espacios de diálogo, reflexión conjunta y análisis crítico sobre temas que afectan la vida digna de los pobladores. Al tiempo que supone un reto para buscar soluciones compartidas. En el conversatorio Por una frontera con seguridad humana, libre de miedo y con dignidad, se discutirá la necesidad de que la ciudadanía de la frontera se movilice a favor de la comprensión de la dinámica del territorio para el fortalecimiento del tejido social y la materialización de acciones positivas para la democracia. Para el Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep/PPP al cual pertenece el proyecto de Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, este conversatorio es un espacio de encuentro fundamental.


La discusión girará en torno a cuatro paneles:
Panel 1: Contexto histórico: Se abordarán los principales hitos de la historia de Venezuela, el hermanamiento entre los dos países, y las razones que han llevado al sistema político venezolano a un estado de vulneración. Ponente: Luz del Socorro Ramírez Vargas, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.

Panel 2: Seguridad asociada a la soberanía: Se analizarán los diferentes conceptos de seguridad con énfasis en la visión militar. Se reflexionará sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela, y sobre cómo lograr una perspectiva de seguridad humana integral. Ponente: Luis Manuel Esculpi, ex diputado por Caracas, especialista en seguridad, defensa y relaciones entre civiles y militares.

Panel 3: Movilidad humana: ¿Qué es movilidad humana? ¿Qué es migración? ¿Cuáles son las condiciones de quien migra? ¿El fenómeno de la migración es un asunto local o tiene alguna conexión con los movimientos poblacionales globales? Ponente: Martha Lucía Márquez Restrepo, directora de Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Panel 4: Ambiente y sostenibilidad: Colombia y Venezuela mantienen una relación ecosistémica compartida con lugares privilegiados. El potencial de recursos naturales debería ser un activo para la generación de riqueza en ambos países, pero no sucede así. Este análisis es clave en el marco de la seguridad ambiental porque afecta las siete ramas de la seguridad humana propuestas por PNUD. Ponente: Vladimir Aníbal Aguilar Castro, docente de diferentes postgrados como el doctorado en Ciencias Ambientales de Universidad Nacional Experimental de Guayana.

La seguridad humana incluye a todas las personas en la garantía y protección del disfrute efectivo de sus Derechos Humanos, en el vivir libres de miedo, de necesidades, con dignidad y en un ambiente sano. Su consecución “es una tarea constante, que se alcanza, no solo mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la promoción del desarrollo humano” (Pérez de Armiño & Areizaga, 2000).

Convocan: Cinep/PPP, Escuela de Paz y Convivencia, Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Diócesis de Arauca y Diócesis de Guasdualito. Con el apoyo de: Adveniat.

Para mayor información escriba a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o comuníquese a los teléfonos: (+57) 321 2014321 y (+57) 3203718278.

 

     

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la cifra de refugiados y migrantes venezolanos superó los cuatro millones en 2019. Esto ejemplifica lo que Francisco Alfaro Pareja, doctor en Estudios de Paz y Conflicto, denominó una “crisis humanitaria, multidimensional y compleja” en el evento Diálogo y negociación en Venezuela organizado por Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.

La lectura actual de la crisis en Venezuela, normalmente, se remonta a la caída del petróleo en 2014, que dejó sin recursos al país, y más recientemente al debate político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; sin embargo, para Alfaro la crisis posee unas raíces más profundas en la historia del país. Según señala el académico se trata de “un conflicto político largo en el tiempo donde Venezuela pasó de ser una democracia liberal a un autoritarismo hegemónico y en medio de eso tuvo una dinámica de regímenes híbridos que le permitió transitar progresivamente e incluso utilizando la democracia mayoritaria o plebiscitaria para llegar a esa deriva”.       

Este paso entre estas formas de gobierno se ejemplificó en la interpretación y aplicación en la legislación. Entre 1983 y 1999, el país hacía uso de la Constitución de 1961. En 1999, Hugo Chávez propuso una nueva constitución que se aceptó por medio de elección popular, esta dividió al país en dos: los que estaban a favor de la constitución actual y los que apoyaban la anterior. No obstante, entre 2007 y 2017 se crearon unas nuevas políticas por fuera de la Constitución correspondientes al socialismo del siglo XXI e hicieron que se fuera perdiendo el carácter democrático del país.

Para Alfaro, “la democracia es también la convivencia con las minorías, respeto a las minorías, alternancia en el poder, pluralismo político, separación de poderes. (...) Todo eso se fue perdiendo en Venezuela progresivamente y derivamos en esto con un acento bastante marcado a partir del año 2015”. Este cambio, por supuesto, se relaciona con la migración de los venezolanos hacia el exterior: más del 75% de los migrantes salieron del país después de esos años, lo que se interpreta como “una relación directa entre la autocratización del régimen o del gobierno y el aumento de la migración, o sea, que lo político sí incide sobre la social y lo económico”.

El ELN en la frontera  

Esta crisis se ve agravada por la presencia de actores armados en la frontera colombo-venezolana quienes desean apropiarse de tráfico en la zona. María del Carmen Muñoz Sáenz, coordinadora e investigadora de la línea Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, afirma que “hoy, por los vacíos territoriales que no copó la guerrilla colombiana y por la fragilidad de la institucionalidad venezolana tenemos cerca de 17 actores armados, bien organizados”. Esta organización se representa en el uso de redes, inteligencia y discursos para sacar ganancia de la situación actual.

Uno de los grupos armados presentes es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su presencia agrava la situación política del país a nivel internacional, así lo comenta Francisco Alfaro, “Venezuela se ha convertido de alguna manera en el problema político de la región con esa deriva autoritaria que de algún modo está actuando en convivencia y en aceptación del ELN dentro del territorio venezolano”. Este grupo que estaba operando en la zona suroccidental (Estado Táchira  y el Municipio Páez del Estado Apure) ahora se extendió a la Zona del Arco Minero (Estado Bolívar, Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro) donde se disputan el control de los recursos con militares que controlan empresas mineras, con grupos irregulares locales de Venezuela.

Alternativas para salir de la crisis

Ante esta situación Francisco Alfaro plantea cuatro posibles alternativas para salir de la crisis:

  • La primera, es la maduración del conflicto “ambas coaliciones (la de gobierno y la opositora), consideran que pueden vencer a la otra y cuando uno cree que puede derrotar al otro, ¿para qué negociar?, si estoy convencido de que al final le voy a ganar al otro; entonces es necesario que se entienda que por una vía impuesta no se va a solucionar el conflicto”.
  • Segunda, hay que seguir potenciando los mecanismos de diálogo y negociación. “En Venezuela hemos tenido cinco mecanismos desde el año 2002 y el que está en curso temporalmente suspendido es el Mecanismo de Oslo. Creo que ese mecanismo es el que hay que fortalecer porque ambas partes lo reconocen, al igual que la comunidad internacional y de los países de potencia, al menos tácito”.
  • Tercera, partir de los aprendizajes del pasado sobre la salida a la crisis. “Una salida electoral por sí sola, no garantiza una salida democrática sostenible en el tiempo; es decir, hay que pensar la salida electoral con otros elementos que acompañen esto” como el reconocimiento y trato a las minorías y la necesidad retomar el principio de independencia de los poderes y de pluralismo.
  • Y finalmente, la cuarta, es tener a las víctimas y el drama social como tema principal en la mesas de negociación. “Los que más sufren son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que llegan caminando a Colombia sigue a pie hasta Ecuador, unas travesías impresionantes”. Debido a esto, para Alfaro es fundamental el equilibrar paz, estabilidad y democracia con justicia y reparación de las víctimas. De igual manera, no se puede hacer uso de la justicia tradicional debido a la necesidad de incorporación de los actores a la vida democrática. Desde su opinión, “la justicia transicional, que es un experimento que se está haciendo en Colombia, nos puede enseñar [a los venezolanos] mucho sobre salidas judiciales a los victimarios y en términos generales Colombia nos puede mostrar lo que implica un conflicto y sus consecuencias”. 

 

El impacto de la situación venezolana en la región

La crisis venezolana en la región, para Francisco Alfaro, mostró la falta de gobernanza hemisférica. Esta hace referencia a la manera de lograr acuerdos políticos, económicos y sociales que tengan un verdadero impacto en el continente. Esta crisis evidenció “que el sistema interamericano y sus organismos de alguna manera no lograron cumplir su rol mediador y preventivo”.

Aparecieron nuevos organismos como el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo y Grupo de Contacto Internacional para mediar en la crisis. Muchas organizaciones se trancaron como la Organización de los Estados Americanos (OEA); fracasaron, el caso de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA); murieron, Petrocaribe; se dividieron, Comunidad Andina o se crearon otras con el mismo enfoque, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Por ello, dice Alfaro que es de esperar que “los países se empiecen a preguntar ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿hacia dónde debemos apuntar nuestra visión como continente? Hablamos mucho de integración de palabra, pero en los hechos es prácticamente nulo”.

En el marco de una iniciativa ciudadana

La Escuela de Paz y Cultura Ciudadana nace con el fin de construir un proyecto con las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano a petición de la Conferencia Episcopal y la Provincia de los Jesuitas. En 2010, cuando por parte de los investigadores se había cumplido el ciclo del proyecto, la Conferencia Provincial para América Latina de los Jesuitas (CPAL) y la Conferencia Episcopal realizaron la petición de formar a la sociedad en ámbitos de civismo, institucionalidad, gobernanza en marco de la dignificación del ejercicio de la política y la ciudadanía. 

Así, en alianza con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, se construyó una malla curricular en un diplomado que se orienta a fortalecer el tejido social, la participación ciudadana, la incidencia política y el empoderamiento. En paralelo a ello, el equipo estaba en misión en la frontera colombo-venezolana donde coincidió con que el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto, otros obispos y los jesuitas de Venezuela pensaban en un proceso pedagógico binacional de fortalecimiento de capacidades para la democracia, el desarrollo humano y el fortalecimiento del tejido social. 

Con ello se conformó una plataforma binacional con más de 43 organizaciones de ambos países en los tres ejes de la frontera: Guajiro, Llanero y Andino. Allí se continuó con los diplomados y se decidió hacer una investigación sobre los retos para la construcción de la paz territorial: la visión de territorio y de la paz en la frontera colombo-venezolana con el objetivo de identificar cuáles son las representaciones que tiene la gente en los territorios sobre la paz, territorio y territorio de paz. Ante la crisis en 2018, se creó un frente humanitario y se construyó la Convergencia Ciudadana Colombo-venezolana para contribuir a una salida negociada y democrática en Venezuela donde se enmarcar el evento de Francisco Alfaro con el fin de obtener otras miradas a esta problemática.

Transmisión del evento aquí

 

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones