El testimonio de Benito Osorio ante la JEP reitera la importancia de la participación de terceros civiles para alcanzar la verdad y la justicia completas por el conflicto armado en Colombia. En 2020, Cinep / PPP entregó a la Jurisdicción un completo informe que sustenta cómo, en Urabá y Bajo Atrato, el pretexto de la guerra contrainsurgente sirvió para que “paras” y empresarios despojaran del territorio al campesinado y así implementaran proyectos económicos agroindustriales. Entrevista con Julián Salazar, investigador de la  Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep / PPP que acompaña las comunidades víctimas y reclamantes.

El exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego es uno de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el Acuerdo de Paz. Uno de los siete macrocasos que adelanta desde que entró en funcionamiento  en 2017 es el que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en Antioquia y Chocó: el macrocaso 04 en el cual fue vinculado Benito Osorio tras solicitud de sus abogados.

Desde sus declaraciones de agosto del año pasado, el ex gobernador señaló a empresarios y miembros de la Fuerza Pública de tener relaciones con grupos paramilitares, entre ellos a José Felix Lafaurie y el general ( r) Rito Alejo del Río. Su testimonio fue revelado por Noticias Caracol la semana pasada, generando polémica y la respuesta del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso respaldando la declaración del ex gobernador contra Lafaurie, presidente de Fedegán 

Según Osorio, Lafaurie le entregó a Mancuso nombres de quienes elegirían el nuevo fiscal general de la nación para que el jefe paramilitar hiciera presión a favor de Mario Iguarán, quien finalmente resultó elegido en el cargo. Sobre el compareciente pesa una condena de 19 años de prisión por el despojo de tierras en Córdoba, y gracias a estas declaraciones y “por cumplir con los compromisos de la Jurisdicción” obtuvo libertad transitoria por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la semana pasada. 

La JEP destacó que Osorio Villadiego dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, donde la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al bloque 'Élmer Cárdenas' y brindó información sobre el destino de los predios y su explotación agrícola y forestal a empresarios.

Sobre la relación de los privados, los “paras” y el despojo en Urabá y Bajo Atrato, el CINEP / PPP y las víctimas entregaron a la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó.

Allí el Cinep documentó que de las 107 mil hectáreas que componen el Consejo, el 49% de la comunidad hace uso efectivo de 0.1 a 20 hectáreas, mientras que los terceros ajenos al territorio hacen uso de 9 a 10 mil hectáreas. Además, el 95% de las tierras productivas del territorio legalmente titulado están en manos de empresarios y paramilitares mientras que la comunidad dispone de un 5%.

Esta investigación fue adelantada por la Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep que durante 20 años ha acompañado el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó logrando que la JEP acreditara como víctima colectiva a las 48 comunidades y 5.803 personas que la integran. Julián Salazar, abogado investigador de la línea, comenta en entrevista los principales hallazgos y proyecciones de esta investigación y sus opiniones sobre las declaraciones de Benito Osorio.

¿Quiénes han sido los despojadores en el Bajo Atrato y Urabá de acuerdo a sus investigaciones?

Julián Salazar: La expansión del fenómeno paramilitar desde finales de los 80 y comienzos de los 90 se vio desde el Urabá Cordobés y descendió hasta el norte de Urabá, bajando hasta el centro y sur del Urabá antioqueño. Precisamente esa expansión se dio bajo el pretexto de combatir la insurgencia en la zona, especialmente en el Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano. Ese pretexto solo sirvió para implementar proyectos económicos agroindustriales que se caracterizaban por la siembra de palma aceitera y por la llegada de grandes empresarios que pusieron su ojo en la zona. La expansión paramilitar en clave económica fue principalmente agenciada bajo un proyecto macro criminal por parte de la casa Castaño y sus diferentes frentes que hacían presencia en la zona, especialmente el frente bananero, y también el frente Alex Hurtado, encabezado por “HH”. También hacía presencia en Belén de Bajirá y Riosucio el Bloque Elmer Cárdenas.

En nuestras investigaciones hemos podido determinar que los paramilitares llegaban bajo amenazas, intimidaciones y homicidios para desplazar a población campesina y étnica para que luego llegaran comisionistas y personas que compraban la tierra a estas personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento, vendían a bajo precio.

En la expansión de este proyecto paramilitar se tejieron relaciones con diferentes instituciones privadas como públicas, entonces cuando se empezó a ampliar este proyecto en Córdoba se tejieron unas relaciones con el Fondo Ganadero de Córdoba, que por ejemplo en el caso de Tulapas, concertó con la casa Castaño que una vez se hiciera el desplazamiento estas tierras pasarían a sus manos y luego se realizaría su venta a un valor mucho más alto. 

En el caso del Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó hay una caracterización de despojadores que el Cinep ha encontrado en sus estudios de larga data en la zona y que incluyen al Bloque Bananero y Helmer Cárdenas, así como comisionistas y empresarios que compraban la tierra entre los que podemos destacar a Juan Guillermo González, José Vicente Cantero,  Ángel Adriano Pino, Francisco Castaño y Wilmer Dorancé Romero, quién pidió pista en la JEP y no fue incluido porque no cumplió con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.

También hay que hacer una mención a Sor Teresa Gómez, que con su cooperativa Asoprobeba, ejerció el despojo de tierras campesinas en las que pretendían hacer una especie de mini reforma agraria y tener una serie de grandes cultivos de palma aceitera y ganadería. Estos son principalmente los despojadores que tenemos identificados en La Larga y Tumaradó. 

En el caso de las declaraciones de Benito Osorio se evidencian las relaciones, la connivencia y el contubernio que se tejió entre los paramilitares, el Fondo Ganadero de Córdoba y otras élites políticas de la zona.

¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Hay diferentes fuentes donde hemos contrastado la información: unas fuentes primarias de entrevistas y diálogos con gente de las comunidades que son quienes han sufrido el flagelo de la violencia y el desplazamiento y que son los que tienen esa información a viva voz. Y también hay una contrastación de fuentes secundarias. Allí hay una producción de sentencias judiciales por parte de la Jurisdicción Especializada de Justicia y Paz que es la que se ha encargado de analizar todo el fenómeno paramilitar en Colombia y se creó con la Ley 975 de 2005.

Hay toda una serie de pronunciamientos y fallos que, en cierta forma, ha permitido esclarecer el fenómeno paramilitar en la zona. A pesar de que  hay unos vectores de impunidad muy grandes, estas sentencias han aportado mucho a la verdad judicial. Y también hay una gran producción académica sobre el tema, organizaciones que se han encargado de producir informes y documentos sobre el fenómeno del desplazamiento y despojo en Urabá, y en los que se ha procurado establecer estas relaciones y estos nexos entre los grupos paramilitares y agentes económicos y políticos en el despojo de la tierra. Entonces hay todo un ecosistema de información y fuentes que hemos logrado contrastar y analizar.

¿Qué información ha aportado a la JEP y la CEV el Cinep / PPP sobre el despojo de tierras en el Urabá y Bajo Atrato?

JS: En septiembre de 2020 presentamos el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó, en el que nos propusimos evidenciar las dinámicas de violencia en este consejo comunitario, trazar la genealogía de la violencia al interior del mismo desde que hizo presencia las FARC, pasando por la presencia paramilitar hasta cómo se ha reconfigurado el conflicto armado posterior a la firma del Acuerdo.

Pero adicionalmente ponemos la lupa en cómo la violencia, el despojo y desplazamiento permitió que llegaran estos proyectos económicos agroindustriales de expansión de la frontera agrícola, y cómo todos estos proyectos tienen un cambio en el uso del suelo y tienen toda una serie de impactos ambientales. Entonces lo que evidenciamos es que los proyectos de ganadería, de cultivo de banano, de la palma aceitera y de explotación de madera han generado todo un cambio en los ecosistemas del Consejo y que estos impactos han generado una vulneración en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En este informe le decimos a la JEP y la CEV que en el conflicto armado no solo se violaron derechos civiles y políticos, no solo se cometieron homicidios, desplazamientos o masacres, sino que también se violaron estos otros derechos sobre los que hay que poner el ojo. Por ejemplo, hay una vulneración en el acceso al agua, en el trabajo de las comunidades, a la cultura, al medio ambiente y realmente hay que llamar la atención para que la Jurisdicción comience a considerar esto en su análisis jurídico sobre los diferentes casos. 

Nosotros también como representantes judiciales hemos venido retroalimentando a la JEP, especialmente en lo atañe a la presentación de observaciones sobre las versiones voluntarias que han hecho los comparecientes de FARC y Fuerza Pública. Allí hemos hecho un trabajo de sistematización de estas versiones y hemos presentado una serie de observaciones encaminadas a evidenciar que hay asuntos que faltan por esclarecer y sobre los que se debe aportar verdad.

¿Qué nos falta por saber sobre el despojo de tierras en este macro caso?

JS: Los mecanismos transicionales vigentes, me refiero a la Ley 975 y la Ley 1448, aún se encuentran en mora de develar una verdad amplia y completa respecto de la participación de actores económicos y terceros civiles en el marco del conflicto armado aunque hay que reconocer los avances, especialmente en el proceso de Justicia y Paz, en donde se ha abonado un camino para evidenciar las distintas interacciones entre actores económicos y grupos que participaron en el conflicto.

Sin embargo, todavía hay una brecha de impunidad respecto del nexo, la connivencia y el contubernio que hubo entre los grupos paramilitares y los poderes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, e inclusive con los poderes políticos que hubo en la zona.

La más reciente declaración de Benito Osorio en su versión voluntaria nombra al Presidente de Fedegán y otros personajes sobre los que dice que apoyaron a los paramilitares para que pudieran acceder a cargos públicos y pudieran estar en las élites políticas de Córdoba y Urabá. 

Entonces todavía falta por esclarecer cuáles son estas relaciones, por qué se motivaron, cuál era el propósito de generar estas relaciones y habrá que establecer cómo fue ese patrón macro criminal del desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras para que después llegaran estos empresarios.

Además, se tendrá que aclarar cómo los paramilitares apoyaron, ya sea de forma logística o financiera, a estas personas, especialmente las élites políticas para que llegaran a cargos públicos. Es un tema que se deberá seguir trabajando, pero lo que uno concluye es que los grupos paramilitares no solo proveían seguridad sino que también tejían relaciones simbióticas en las que confluían los intereses de ambas partes. Ellos son actores armados con intereses políticos, militares y económicos, y esto ha confirmado que esos intereses económicos han llevado a crear estas relaciones que contribuyeron al conflicto armado.

Y adicionalmente, estos actores económicos se beneficiaron del conflicto armado porque así logran la compra a un precio muy bajo de la tierra de los campesinos desplazados.

También hay que decir que con los arreglos institucionales y por el paso que tuvo el Acuerdo de Paz por el Congreso, todos estos terceros civiles no son actores que tengan obligación de presentarse a la JEP sino que es de carácter voluntario si ellos lo desean. En este caso hay dos terceros que podrían aportar información: uno es Benito Molina, que está compareciendo; y el otro es Benito Osorio Villadiego, que tenía una voluntad particular de contar los nexos entre paramilitares y actores económicos, pero lastimosamente era una persona muy adulta y cuando iba a empezar a hablar falleció.

Esto quizás es una lección muy importante para la JEP, especialmente por la demora que ha tenido para empezar a recibir estos testimonios y que se hagan las versiones voluntarias. Este señor ya había expresado su voluntad pero la Jurisdicción por sus demoras, y tras la muerte de este señor, nos deja a medias y ahora solo resta el testimonio de Benito Molina.

La información de Osorio y la posterior carta de Mancuso reiteran el debate sobre la entrada de exparamilitares a la JEP: ¿Valdría la pena que la Jurisdicción los recibiera?

JS: Este debate de la entrada de paramilitares a la JEP evidentemente lo tenía que resolver la Jurisdicción y lo ha ido resolviendo y zanjando aunque aún quedan dudas por resolver. Allí hay que saber que la JEP tiene toda una estructura jurídica en la que tiene unas competencias y unas reglas sobre lo que puede conocer, entre esas reglas hay un factor que es el de competencia personal. Este factor ha quedado claro en que hay unos comparecientes que lo hacen de manera obligatoria y otros que lo hacen de forma voluntaria.

Los que lo hacen de manera obligatoria son exintegrantes de las FARC - EP y los exintegrantes o integrantes de la Fuerza Pública; los comparecientes voluntarios son los terceros civiles y agentes del Estado que no son integrantes de la Fuerza Pública. Allí hay una puerta que dejó el Acuerdo de Paz y es que otros grupos armados organizados que suscriban un acuerdo de paz también se pueden acoger a la Jurisdicción pero esto todavía no ha sucedido.

Respecto a los terceros civiles, son aquellas personas que no pertenecen a grupos armados al margen de la Ley, pero que de manera directa o indirecta han contribuido con los delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado, especialmente los financiadores en la dinámica del conflicto.

Allí la JEP ha sido muy enfática en que la regla general es que no tiene competencia para conocer las conductas cometidas por paramilitares, y uno podría traer a colación otros argumentos como que en la esencia del Acuerdo de Paz nunca estuvo contemplado incluir a los paramilitares y también que los paramilitares tienen un juez natural que es la jurisdicción especializada de Justicia y Paz. Por lo tanto, la JEP no tendría por qué conocer las conductas de los paramilitares.

Pero como toda regla general tiene su excepción, la Sala de Apelación ha establecido dos reglas generales para saber si la JEP tiene la competencia de recibir paramilitares en sus análisis: que los paramilitares hayan cumplido distintos roles dentro de la estructura, que hayan participado como combatientes y como tercero civil, especialmente, como un financiador con un nexo muy estrecho con el conflicto armado aunque esa relación está muy gaseosa; y la otra regla es que efectivamente el compareciente que esté pidiendo pista en la JEP tiene que hacer una contribución a la verdad que sea más allá de lo establecido en la jurisdicción ordinaria. 

Es decir, hay un umbral muy claro y es lo que ya se dijo en la jurisdicción ordinaria: si el compareciente no está dispuesto a hacer una contribución que supere el umbral de lo dicho en esa jurisdicción, realmente no hay posibilidades de que pueda entrar a la JEP. Esto se hace porque hay un interés particular que es de las víctimas de acceder a la verdad, la justicia y la reparación. 

Esto es lo que la Sala de Apelación ha denominado un test de verdad, aunque todavía carece de unas reglas claras y uno podría pensar que ese test se puede zanjar con otro mecanismo que también tiene la Jurisdicción Especial para la Paz como es el compromiso concreto, claro y programado, que es una herramienta que se tiene para que los terceros digan qué están dispuestos a contar, en qué están dispuestos a reparar y aportar a las garantías de no repetición.

Este es el debate al interior de la JEP y que empezó cuando Salvatore Mancuso solicitó su entrada diciendo que antes de ser un combatiente, él había financiado las estructuras paramilitares. Sin embargo, lo que argumentó la magistratura en ese momento es que no se logró comprobar que él hubiera participado como tercero civil y por eso no logró su entrada. 

Sin embargo, es importante decir que hubo un salvamento de voto de dos magistradas en donde se decía que todavía no había información suficiente para lograr concluir que Salvatore Mancuso había participado como tercero civil.  Lo que dicen las magistradas es que habría que generar un diálogo con Mancuso, y mirar si se puede conseguir más información al respecto. Entonces todavía hay vacíos que se deben subsanar.

Por último, es relevante tener en cuenta el principio de integralidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, que se deben tener en cuenta los aportes de paramilitares en las diligencias de escucha que ha realizado la Comisión de la Verdad, de tal forma que pueda integrarse a los hallazgos de la JEP para tener un relato más completo sobre todo el fenómeno. 

 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.