Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

Con una movilización repleta de expresiones culturales la comunidad de La Boquilla, Cartagena, respaldó al Consejo Comunitario de esa localidad en su lucha por defender la titulación de 39 hectáreas que les fueron adjudicados años atrás y que un Tribunal de Bolívar pretende quitarles con un acto administrativo. Compartimos la mirada de la investigadora del Cinep/PPP Leidy Laura Pernet.

"Viene la ola

La Boquilla está en la zona

Tierra nuestra, la defendemos ahora

¡Gente negra!

¡Resistencia!

Ponte pilas que se quedan con la tierra".

Estrofa adaptada de la champeta “La Marea”.

La Boquilla es una comunidad negra al norte de Cartagena. Entre la Ciénaga de La Virgen y el mar Caribe se ubica esta población que, históricamente, ha sido integrada por pescadores, masajistas, restauranteros y restauranteras, entre otras personas que desempeñan oficios vinculadas al mar y la cría de animales. En 2012 el Consejo Comunitario de La Boquilla logró la titulación colectiva de 39 hectáreas baldías, adjudicadas a 10 mil familias. La entrega de esta titulación hizo parte de la agenda de la Cumbre de las Américas, que en ese año tuvo lugar en Cartagena.

Sin embargo, el pasado 31 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró, en primera instancia, la nulidad de la resolución 0467 a partir de la cual se otorgó dicha titulación. Esa sentencia constituyó un retroceso para los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras que han sido reconocidos a partir de la acción política de los movimientos sociales. Además, desconoce que estas comunidades son sujetas de especial protección.

El derecho a la propiedad colectiva del territorio parte de reconocer la presencia ancestral de estas comunidades en el mismo, haciéndolo habitable, construyendo colectivamente relaciones productivas, reproductivas e identitarias que han posibilitado su vida ahí; de manera que, de ser expulsadas, su pervivencia material y cultural se pondría en riesgo. La titulación colectiva opera también como una forma de protección para garantizar la permanencia en el territorio, conforme a los planes de vida y la autonomía organizativa de las comunidades, ante la arremetida de los megaproyectos.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, niega este avance en derechos para las gentes negras, sujetas de especial protección constitucional, y desconoce toda la normatividad internacional y nacional. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, en su artículo 13 al 16 establece, entre otros aspectos, que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales  de los pueblos tiene su relación con la tierra o territorios, reconocer la propiedad sobre el mismo, así como sus derechos sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley 70 de 1993, en su artículo 55 transitorio, también reconoce el derecho al territorio colectivo.

El fallo citado da cuenta del racismo estructural con el que ha operado el desarrollo turístico e inmobiliario en la ciudad, que hoy amenaza con despojar a la comunidad negra de La Boquilla, que se encuentra rodeada de grandes hoteles y edificios residenciales con vista al mar, interesados en adquirir los baldíos titulados para comercializar este suelo. Esto no es nuevo en Cartagena, que ha aplicado la segregación racial del espacio como parte del ordenamiento urbano y la modernización de la ciudad; todo un proyecto de higinienización y estetización tremendamente racista. Muestra de ello fue la desaparición en 1939 de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, los primeros barrios afro y populares extramuros, ubicados alrededor de la muralla; esto con la intención de construir la hoy llamada Avenida Santander. Igual suerte corrieron las familias negras asentadas en Chambacú –barrio ubicado a menos de 100 metros del centro histórico- que en 1971 fueron desplazadas hacia diferentes barrios periféricos al sur de la ciudad.

Pese a esto, las comunidades negras siguen resistiendo a estas políticas racistas de la planeación del “desarrollo” en Cartagena. El 2 de septiembre el Consejo Comunitario radicó la apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta acción se acompañó de una Gran Expresión Cultural, que movilizó a la comunidad boquillera, así como a los consejos comunitarios de otras comunidades negras y raizales, movimientos y organizaciones sociales, que agenciaron una juntanza para defender el territorio contra el despojo, el acaparamiento de tierras y la gentrificación. A través de tambores, cantos, y con usos creativos del cuerpo, las voces se unieron para afirmar ¡Yo no me voy, aquí me quedo! entonando la canción de Yadira Gómez, la cantautora de La Boquilla reconocida como Chamaría de los Manglares:

Yo no me voy, aquí me quedo

Esta tierra es mía, aquí me quedo

A cría gallinas, marrano y carnero

En esta movilización, que apeló a la potencia política de lo festivo, los cuerpos –cuidándose entre sí en medio de la pandemia- se vincularon a través de una cabuya que simbolizó la tralla utilizada por los pescadores: todas y todos jalando hacia una misma apuesta política. Este fallo de nulidad ha constituido una oportunidad de seguir fortaleciendo las articulaciones en Cartagena en favor de la permanencia digna en el territorio.

El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

 

 -Quinta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Entrevista
El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala

Por: Laura Inés Contreras Vásquez

En entrevista con Leiria Vay, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino – Codeca, de Guatemala y coordinadora de la Iniciativa Protección de Defensores de la ILC ALC, quisimos reconstruir el panorama actual de la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, además de establecer algunas recomendaciones para que los estados y las organizaciones sociales puedan enfrentar estos riesgos.

 

Leiria Vay, directora política del CODECA.
 

Los problemas que sufren las mujeres defensoras en América Latina son muchos y muy variados, aunque son comunes en la región. Las mujeres que habitan el campo están en una desventaja absoluta con respecto a las defensoras que habitan la ciudad, “nosotras las mujeres rurales no tenemos la experiencia ni oportunidades. Muchas veces desde las comunidades no se tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, no se documentan los casos de mujeres defensoras agredidas y mucho menos si son mujeres rurales. No tenemos acceso a los medios. Por toda esa situación de las comunidades, existe temor de hablar, da pena denunciar, en muchas ocasiones se opta por no decir nada o huir de la situación” afirma Leiria.

En el año 2018, asesinaron a seis integrantes del CODECA. Una de ellas era mujer. La defensora fue violada y torturada antes de ser asesinada. “A los hombres los mataron a balazos y machetazos, pero la mujer fue secuestrada, violada, torturada y luego asesinada”, comenta Leiria sobre este caso. En 2019, también asesinaron a 10 dirigentes que hacían parte de esta misma organización. Una de ellas, era una joven de 30 años y madre de dos hijos. Fue secuestrada, su cuerpo fue encontrado en una laguna, su cadáver apareció a los dos meses.

Leiria afirma que uno de los mecanismos de represión más fuertes contra la mujer es atacar a su dignidad, dañan la reputación e imagen de las defensoras. Es una estrategia para evitar que las mujeres se pongan al frente de sus luchas.

Esto explica que muchas mujeres por más que sufran acoso, abuso o violación, no lo denuncien. Y complementa: “cuando detienen a una defensora ¿qué sucede? tuvimos la experiencia de la compañera Blanca, hoy presidenta de Codeca. Cuando fue detenida y encarcelada, el policía le dijo: ´quítese la ropa, vamos a ver si no tiene algo´. Eso ya es una agresión directa. Y ella no lo dice, primero porque le da pena ante los hijos, ante el esposo. Tiene un impacto fuerte en su familia, en su condición de mujer porque atenta contra la dignidad de la persona”.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad y que ha dado origen a varios conflictos en la región, es el problema de la tierra. En el caso de Guatemala, después de la firma del Acuerdo de Paz, se han implementado los proyectos más grandes de privatización de bienes y recursos, lo que ha generado cada vez más conflictos entre las comunidades, las empresas y los estados. En su mayoría, son proyectos extractivos y los gobiernos que han pasado no han respondido a las necesidades e intereses de los indígenas y campesinos. Por el contrario, han entregado territorios y hoy no se ha logrado que Guatemala respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT.

Además del extractivismo, las comunidades en Guatemala están sufriendo a raíz de la expansión de monocultivos. Cada vez hay menos tierra aprovechable para que los campesinos e indígenas puedan trabajarla y están expropiando a comunidades y personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria de 1944. Por otra parte, se están construyendo hidroeléctricas y las familias que viven aledañas a las zonas de influencia no solo son expropiadas sino que no se benefician de estos proyectos. Las razones sobran para organizarse: "de allí viene toda la represión contra las comunidades completas, contra personas que lideran los procesos de luchas, incluso se ha llegado al asesinato de líderes y lideresas. Esta represión ha seguido una ruta que inicia con la difamación, la estigmatización, y después si las comunidades siguen resistiendo en sus territorios, impidiendo la implementación del proyecto, inicia la criminalización, los procesos penales, los encarcelamientos y los asesinatos.”, afirma.

El saboteo a la protesta y a la organización en Guatemala se da no solo mediante los procesos penales o la criminalización sino que también en connivencia entre las alcaldías municipales y las empresas, pues han comenzado a quitar los servicios públicos para generar presión.

Las mujeres rurales no sólo son rurales por trabajar en el campo. También son mujeres sin tierra, que trabajan en fincas agrícolas y que sufren abuso, acoso y trabajo invisibilizado o semi esclavitud.

“En el caso de las mujeres, nosotras hicimos una investigación sobre condiciones laborales en el 2012 y allí se evidenció que hay un 57% de mujeres que hacen un trabajo pero que no reciben salario. Nosotros le decimos trabajo invisibilizado. Otro alto porcentaje de mujeres, es del 73%, que logran inscribirse como titular trabajadora en una finca, pero reciben menos de la mitad del salario mínimo”, comenta Leiria.

En el tema de abuso sexual en la ruralidad, Leiria cuenta un caso que conoció a través de su trabajo de campo realizando esta investigación sobre las condiciones laborales: “durante una conversación con una compañera, ella me dice: mire compañera, aquí la situación es difícil, ahí está mi hija, ella tiene 5 años y ella es fruto de una violación. Yo le dije: ¿y por qué no lo denuncia? ¿por qué sigue trabajando ahí? Ella respondió: lo que pasa es que yo tengo otro niño y si yo denuncio va a ver represalias contra mí, ya no voy a tener trabajo, me lo van a quitar. Las mujeres en el campo padecen este tipo de situaciones.

Recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo de defensoras de la tierra y el territorio

  • Implementación de estrategias de comunicación en las organizaciones sociales

La apuesta es por los medios comunitarios o alternativos para lograr impacto y visibilización en el campo. A través de redes sociales, por ejemplo, se puede llegar a más personas que ahora se están informando por ahí en vez de usar los medios tradicionales.

  • Fortalecimiento de las organizaciones

Lo ideal es que las organizaciones puedan fortalecerse para lograr una capacidad de denuncia y presión en los juzgados o instancias que toman las decisiones en el país, además de lograr que la denuncia llegue al plano internacional si es necesario.

  • Cooperación entre organizaciones que trabajan buscando los mismos objetivos

La cooperación para las acciones, sobre todo en temas de legislación y denuncia por parte de las organizaciones sociales, es muy importante. Con los esfuerzos que se juntan y evitan la fragmentación por diversos motivos, pueden obtenerse resultados favorables en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

  • Búsqueda de espacios de participación pública y de toma de decisiones

Resistir desde los territorios siempre será muy importante, pero el acceso a la participación en las instancias de decisión es primordial. La lucha por los derechos desde los espacios de toma de decisión puede abrir otras oportunidades para que el acceso a la tierra y la protección del territorio sean políticas de los Estados y no dependan de los gobiernos de turno.

 

Al cierre de este artículo y a tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue asesinada Dominga Ramos, defensora de derechos laborales de mujeres trabajadoras en fincas agrícolas del municipio Santo Domingo Suchitepéquez. Dominga se había vinculado a la campaña de Codeca de defensa del agua contra la desviación de ríos a causa de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y era también la esposa de Miguel Ixcal, de la dirección política nacional de Codeca. 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

 

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

 

 -Cuarta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

México
Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica

Por: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio

Dra. Lucila Bettina Cruz Velásquez, Defensora de Derechos Humanos.
 

La lucha vale la pena, dice Bettina Cruz, defensora zapoteca de la tierra y el territorio

Juchitán, Oaxaca, México. A 25 años de haberse instalado el primer aerogenerador en territorio mexicano en un plan piloto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sur oeste del país, en específico en La Venta Juchitán Oaxaca (Comunidad indígena y rural de la etnia zapoteca) y a 20 años de que la Comisión Reguladora de Energía entregó el primer permiso eólico a la empresa Fuerza Eólica del Istmo, la vida de los habitantes de esta región no ha mejorado.

No hay empleo, los pueblos están divididos, opositores a los proyectos eólicos han sido asesinados, otros fueron perseguidos y presos. Hay deterioro ambiental, creció la delincuencia y en los campos, que ya no se cultivan, destacan miles de aerogeneradores que significan riqueza para los inversionistas extranjeros y para un reducido grupo de ejidatarios, líderes políticos y autoridades.

Desde la última década del siglo XX, empresas extranjeras apartaron terrenos y luego celebraron contratos que para la defensora de la tierra y el territorio Lucila Bettina Cruz Velásquez han significado “despojo, destrucción ambiental, ruptura del tejido social y muerte”, mientras para los arrendatarios significaba ingreso económico.

En diez años, de 1998 a 2008, el gobierno mexicano entregó, principalmente a empresas extranjeras, permisos para generar en el territorio nacional 4290 megawats de energía eólica en tierras indígenas sin el consentimiento previo, como marcan tratados internacionales a los que México está suscrito, lo que ayudó a que el país pasara, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), del lugar 26 en 2009 al 18 en 2018 en el ranking en países generadores de energía eólica, lo cual lo ubicó en el segundo lugar de América Latina.

En este lapso, las empresas eólicas han instalado en 12 estados de la República unos 49 parques con 4 mil 177 MW y están por incorporar siete más; entre ellos el de Eólica del Sur, (antes Mareña Renovables), en Juchitán, Oaxaca. En el Istmo (pacífico oaxaqueño) actualmente hay unas 14 empresas extranjeras operando 25 parques eólicos.

A principios de los 90, las empresas apartaron terrenos y políticos oportunistas acapararon tierras, que años después arrendaron a los inversionistas para proyectos eólicos. En 1994, CFE instaló en La Venta Juchitán la primera central eólica del país y el gobierno estatal y federal promocionaron el potencial eólico del Istmo mediante coloquios internacionales para atraer inversión privada.

A partir de 2006 llegaron Iberdrola y Gamesa y en 2007, la empresa Preneal inició el arrendamiento de tierras mediante contratos ventajosos para las inversionistas y en poco tiempo suscribieron 1500 contratos de arrendamiento de tierras del Istmo, según la AMDEE, sin importar que el régimen de tenencia fuera comunal; con apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN) entregaron certificados parcelarios y gestionaron títulos de propiedad a los “propietarios” para dar certeza a los proyectos eólicos. Esos títulos y certificados eran el aval de las empresas para conseguir los créditos millonarios para sus proyectos.

Con el arranque de la construcción de obras, comenzó también la prohibición de paso a grupos de pescadores a sus zonas de pesca y a campesinos a sus parcelas y con ello iniciaron los conflictos; los campesinos no estaban enterados bien de lo que habían firmado.

Para cubrir el reclamo de una consulta previa, libre e informada antes de realizar cualquier proyecto de impacto en comunidades indígenas, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la primera Consulta Indígena en Juchitán sin cubrir los estándares internacionales y solo sirvió para dar legalidad a la instalación del proyecto más grande que se realiza en América Latina, el de Eólica del Sur con 396 MW en más de 5000 hectáreas.

La aparición de la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán en 2007, que después se convirtió en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dio herramientas y argumentos legales para que las comunidades iniciaran una lucha jurídica y política en contra de las empresas que los habían sorprendido; desconocían el impacto de los proyectos.

Asimismo, esta Asamblea propició la formación de otras organizaciones locales de resistencia a proyectos eólicos y en defensa del territorio como la Asamblea del Pueblo de Gui´xhi Roo´(Álvaro Obregón) y la Asamblea Popular del Pueblo de San Dionisio del Mar que con respaldo de la APIIDTT logró cancelar el ambicioso proyecto de Barra Santa Teresa de Mareña Renovables y desconoció en 2012 al alcalde Miguel López Castellanos por recibir dinero a espaldas de la población.

También favoreció a la unidad en la lucha de los pueblos de la cultura ikoojts (huave) y binnizá (zapotecas) por una misma causa, cancelar los contratos de usufructo parcelario y frenar la imposición de proyectos que despojaban de su tierra y territorio a los pueblos indígenas.

Por su parte, las empresas eólicas iniciaron una lucha legal y exigieron a los gobiernos federal y estatal garantías para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Inició entonces una larga historia de lucha de enfrentamientos, hostigamiento judicial, criminalización de la protesta, estigmatización de la lucha, agresiones físicas y verbales, cárcel, amenazas y asesinatos de defensores que obligaban a los líderes de la APIIDTT a abandonar el territorio defendido para preservar sus vidas.

En su más reciente informe de 29 de noviembre de 2018, denominado “Desde la memoria…la esperanza”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas TDT”, que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana dio a conocer que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 161 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en México, además de 40 periodistas y solo 3 por ciento de los asesinatos de defensoras de derechos humanos están judicializados. Este informe cuestionó que ante este fenómeno, el Estado Mexicano ha limitado su respuesta al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que mencionar que 45 de las personas defensoras asesinadas pertenecen a algún pueblo indígena y entre los estados más peligros de México para la defensa de derechos humanos se encuentra Guerrero con 28 por ciento, Oaxaca con 20 por ciento y Chihuahua con 11 por ciento. El 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensores comunitarios y ejercían su derecho a defender derechos en su comunidad principalmente de la tierra y el territorio, según el informe.

En la región del Istmo, integrantes de la APIIDT han sufrido acoso, agresión física y verbal, lesiones, amenazas, intimidación, violencia psicológica, criminalización de su lucha, cárcel e incluso el asesinato de algunos de sus integrantes y para salvar sus vidas, han tenido que salir de su territorio en varias ocasiones.

En los últimos ocho años se han documentado al menos tres asesinatos de miembros de alguna organización de resistencia contra megaproyectos en la región. En 2011 fue detenido Filiberto Vicente Aquino, integrante de la APIIDTT, acusado de robo de energía eléctrica; se negaba a pagar los recibos de la CFE.

En 2012, Bettina Cruz Velásquez fue detenida por la PGR cuando se encontraba en Santa María Xadani acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Un año después se vio obligada a abandonar el territorio juchiteco junto con su familia tras sufrir un intento de asesinato después de su participación y apoyo a los comuneros de San Dionisio del Mar contra el proyecto de la empresa Mareña Renovable en la Barra de Santa Teresa en la Laguna Superior.

En 2013, policías estatales detuvieron, después de dos intentos, al líder de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón incorporada a la APIIDTT, el profesor Alejandro López López, quien salió libre por la intervención de la sección 22 del magisterio oaxaqueño.

En 2013 se propiciaron varios ataques contra las instalaciones de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que también protesta contra la empresa Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bii Hioxo en Juchitán. En un ataque a una barricada murió, por disparo de arma de fuego, Héctor Regalado Jiménez, habitante en resistencia, y la organización sufrió en dos ocasiones el incendio de una palapa mientras que desconocidos desmantelaron equipos de radio Totopo, estación comunitaria solidaria con la lucha contra las empresas eólicas.

En 2014, la APIIDTT denunció amenazas de muerte en contra de Alejandro López López de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón y ese mismo año se registraron tres ataques contra integrantes de la policía comunitaria de esa localidad en resistencia contra proyectos eólicos, intento de allanamiento de viviendas, agresiones, detenciones arbitrarias e intimidación.

Ese mismo año 2014, Bettina Cruz es agredida violentamente en la carretera panamericana después de una marcha silenciosa y plantón en la población de Unión Hidalgo contra los proyectos de Piedra Larga I y II de la Empresa Demex, donde presuntos miembros de una guardia blanca enviados por la empresa le apuntaron con una pistola durante la jornada de protesta.

En 2017, José Alberto Toledo Villalobos, miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil, fue localizado en el tramo de la carretera Chahuites Tapanatepec, al oriente del Istmo, golpeado, semiinconsciente y, posteriormente, murió. Era defensor de la Tierra y Territorio contra la minería y las altas tarifas de energía eléctrica.

En 2018 fue asesinado en Juchitán, Rolando Crispín Sánchez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expolicía comunitario de la Agencia Álvaro Obregón durante la resistencia contra la empresa Mareña Renovables.

El surgimiento de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio se dio por la necesidad de los habitantes de contar con una organización que iniciara la defensa del territorio ante la amenaza de despojo que representaban los proyectos eólicos y los riesgos que vislumbraban para la permanencia de las formas de organización tradicional, costumbres y sus formas de subsistencia.

“Estaba haciendo mi tesis de doctorado cuando conocí la realidad de los contratos, vi que estaban mal y comencé con mi esposo Rodrigo Flores, a dar información casa por casa a campesinos y comuneros para advertir sobre los riesgos, junto con algunos comuneros luchadores e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Se inició la asesoría, las reuniones y asambleas y fue creciendo la bolita”, explica la Doctora Bettina Cruz Velásquez.

Ya con información suficiente de riesgos y desventajas de los contratos firmados, algunos campesinos intentaron sin éxito cancelarlos y en 2007, ante la creciente demanda de asesoría y ayuda, los interesados pidieron conformar un organismo con nombre y un local donde entregar los contratos que eran analizados uno por uno.

Así nació la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán que después se convertiría en la APIIDTT. “Cuando yo no estaba en casa, la gente entregaba los contratos a mi mamá Rosa Velásquez, en el patio de su casa se hicieron muchas reuniones, ella misma participaba, los motivaba pero también regañaba a los compañeros por haber aceptado los contratos, Na Rosa siempre fue una luchadora. Nos prestó primero un local que sirvió de oficina y al final terminó dejándolo para nuestras largas reuniones de trabajo”.

Bettina Cruz explica que:

En 2009 organizaron el Foro de Soberanía Energética que acercó a habitantes de muchas comunidades indígenas a conocer la problemática y “fue cuando vimos que esto era algo más grande, que iba más allá de la defensa de la tierra, que los proyectos impactaban sobre la vida de la gente, generaba conflictos y no había trabajo, había aumentado la violencia y decidimos conformar la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT, porque comenzaron a participar personas de otros pueblos vecinos”.

La primera acción de la APIIDTT fue buscar la cancelación de los contratos firmados por los comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios con las empresas eólicas por la vía legal y también con protestas pacíficas: conferencias, marchas, mítines, cabalgatas y plantones frente a CFE, entre otras. “Demandamos a Preneal, a Endesa, Eoliatec y Unión Fenosa por los contratos en Unión Hidalgo, Santa María Xadani y Juchitan y logramos -no por la vía civil sino por la presión directa- que se cancelaran los contratos; fuimos con compañeros y compañeras a la CdMx a decirle a las empresas que la gente no quería los contratos y logramos que se anularan muchos”.

Paralelo a esta lucha contra las empresas eólicas, Cruz Velásquez impulsó también la lucha contra las altas tarifas eléctricas que llevó a la resistencia y negativa de pago del servicio de habitantes de Álvaro Obregón, Agencia de Juchitán y Santa María Xadani y manifestaciones frente a oficinas de CFE, pero derivó en amenazas de muerte y su aprehensión, acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y riqueza nacional. Salió libre bajo fianza y enfrentó un proceso que duró cuatro años hasta que fue absuelta por un juez federal.

La defensora de los derechos humanos y de la tierra y el territorio Bettina Cruz Velásquez vive en constante zozobra y ha tenido que abandonar su casa, su comunidad y permanecer refugiada en otros lugares ante el riesgo permanente de que atenten contra su vida.

“Vivimos de manera permanente con miedo a ser atacados mi marido y yo, mi familia. Nos han agredido físicamente, me han amenazado de muerte, me han hostigado, he sufrido intento de asesinato en varias ocasiones y he tenido que abandonar la región, porque casi nos matan”, dijo.

Bettina Cruz Velásquez tiene medidas cautelares desde 2012 por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y está en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también le dio medidas cautelares a ella, a su familia y algunos miembros de la comunidad.

Ella considera que las medidas cautelares del gobierno federal son insuficientes; solo son paliativos. “Estas prácticamente encarcelada en tu casa, sin poder ejercer tus derechos, te dan un botón de pánico y la misma policía que a veces te quiere encarcelar hace sus rondines para vigilar, por eso lo mejor es que tú tomes tus propias medidas de protección, con tu comunidad, con tu familia y con amigos y amigas”.

“El gobierno está obligado a protegernos, porque hacemos un trabajo que deberían hacer ellos, nosotros no tendríamos ni porqué existir (como organización de lucha) si el gobierno respetara nuestros derechos como pueblos”, afirma.

Bettina comenta que entre las acciones básicas de protección está evitar exponerse en público, no andar nunca sola, ni en lugares peligros ni horas avanzadas, quedarse en el lugar que se visita si se les hace tarde, siempre tener saldo y batería en el celular y andar siempre con el botón de pánico y si debe acudir a lugares de riesgo ir acompañada con gente del lugar, que conozca y sea reconocido, así nos cuidamos todos y todas”.

También reconoce en las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas mecanismos de protección con rituales ancestrales. “Las compañeras siempre están pidiendo por nosotros a los ancestros, hemos hecho rituales en la comunidades para protegernos. Pedir a los buenos espíritus la protección. Las compañeras me dan cosas que me protejan como amuletos, flores, cuarzos, piedras y eso es muy valioso para mí”, comenta.

“La participación de las mujeres es muy importante, porque sin las mujeres no podríamos avanzar, ellas son el pilar de los movimientos. Ellas participan en las guardias, en la elaboración de los alimentos, muchas veces se minimiza esa participación, pero si eso no se da, no hay movimiento. Participan así y además participan en las asambleas” dice Bettina Cruz Velásquez.

Explica que participar en la lucha es más difícil para las mujeres, porque “aparte de luchar contra todo lo que luchan los hombres como el Estado, el sistema y estos proyectos, las mujeres tenemos que luchar también contra los hombres, contra el estado patriarcal que pretende limitar a las mujeres y además se enfrenta a campañas misóginas”.

Agregó que encima de todo eso a diferencia de un hombre, cuando una mujer está en peligro de ser agredida, lo primero que piensa es “nos van a violar, porque es lo primero que hacen, dañar al cuerpo y eso es terrible, porque buscan dañarnos ahí, en nuestro ser mujer”.

No obstante, Bettina Cruz está convencida de seguir adelante y afirma que la lucha ha valido la pena, porque se frenó el proyecto de Mareña Renovables en la zona huave. Demostraron en Álvaro Obregón que no necesitan a los partidos políticos para organizarse, que las energías renovables no son buenas en sí mismas, sino por el uso que se les da, para qué y para quién y que ahora ya tienen el poder de hablar y ser escuchadas y su voz cuenta y pueden incidir. 

 

Fotos Interiores: Angélica Pineda-Silva


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.