Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados con el Acuerdo de Paz se han convertido en uno de los pilares de la política “Paz con legalidad” del actual gobierno de Colombia. En el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo, las organizaciones sociales hacen un balance de los mismos manifestando su preocupación por la falta de participación y la ausencia de transformación en los territorios.

Con motivo del cuarto aniversario del Acuerdo de Paz, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET convocó un balance virtual en el que participaron líderes y lideresas de los territorios priorizados para implementar este fragmento del acuerdo: El desarrollo territorial a partir de los Planes contemplados en el Acuerdo con el fin de transformar los territorios. Justamente, según los líderes, los PDET no han logrado una transformación de sus regiones, y este es uno de sus mayores reclamos pues señalan que la ejecución de los mismos se ha quedado en múltiples obras. “Los PDET son cemento y no vemos la transformación”, aseguraron en la conversación virtual el pasado 24 de noviembre.

La conversación titulada “La palabra de las organizaciones sociales sobre los PDET” fue moderada por Gloria Castrillón, periodista de El Espectador, quien recordó que en los territorios donde estaban las y los invitados al foro virtual se vive actualmente una dura situación de derechos humanos. Desde Arauca, lamentaron por ejemplo, el secuestro de varias personas, mientras otras voces recalcaron el asesinato de sus compañeros defensores de derechos humanos por desconocidos y de los campesinos a manos del Ejército, como ha sucedido este año en Catatumbo y Antioquia durante operativos de sustitución forzosa de cultivos ilícitos. 

En la charla participaron: Álvaro Arroyo del PCN y la Mesa Distrital PDET Buenaventura; Magaly Belalcázar de la  Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y Mujeres, Amazonía y Paz; Luz Mary Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz; Albert Ochoa del Espacio Regional de Paz del Cauca y Martín Sandoval de la Veeduría departamental PDET y presidente Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Arauca. Este último aseguró que en Arauca el conflicto armado ha aumentado precisamente porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. 

Sandoval coincidió con sus colegas líderes en que no ha habido participación durante la pandemia. Alberth Ochoa aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio asegura que sí la hay, pero que lo realizado se trata de “socializaciones que no tienen nada que ver con participación”. Albert afirmó, con molestia, que los Pdet “están jugando con nuestros sueños”. Para Magaly Belalcázar: 

“Estamos muy lejos de una implementación real y efectiva para las mujeres. Las vacas tienen más tierra que las campesinas en Caquetá y Colombia. Además, los Pdet no tienen enfoque ambiental”.

Desde Buenaventura el reclamo se dio porque, según Álvaro Arroyo, no hay una coordinación propia de pdet para el Pacífico, nos juntaron con el Cauca. Además, en la ciudad portuaria aún no han culminado la ruta de iniciativas. “Pedimos al gobierno conservar la integralidad del Acuerdo y territorial”, agregó Álvaro.

Los PDET se dedicaron al cemento, aseguró Magaly Belálcazar.  “En los informes de la Consejería de Posconflicto detallan puentes peatonales, más de 500 horas de taller y otros. Pero las mujeres rurales estamos lejos de ser reconocidas en esos Programas”.

Martín Sandoval describió su experiencia de esta manera: “Se vienen haciendo cosas (...) pero sin las comunidades. (...) La frustración ha sido grande porque la implementación de los PDET no ha tenido en cuenta a las comunidades. Llegan a una vereda con una obra que la gente ni sabe y si la comunidad crítica, pues se la llevan para otra parte”.

Las diversas organizaciones que integran la Mesa y la apoyan increparon al gobierno a garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas de los territorios, y a una apertura al diálogo para escuchar sus reclamos.

Por Katalina Vásquez. Periodista CINEP/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La semana pasada se presentó ante la Justicia especial para la paz y la Comisión de la verdad, el informe “Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en el medio Atrato chocoano. El objetivo de esta gestión es que ocho grandes empresarios ocupantes devuelvan a las comunidades, cerca del sesenta por ciento de más de ciento siete mil hectáreas, en el marco de la ley catorce cuarenta y ocho de víctimas y restitución de tierras. Esperemos que la fe y la esperanza de volver a poseer y usufructuar su tierra sea pronto realidad para los más de cinco mil habitantes de comunidades negras, indígenas y campesinos de este territorio.

En Colombia la tenencia, propiedad, acceso y uso de la tierra es un nudo gordiano sin resolver. Desde que somos república, hace doscientos años, la tierra prometida a los pueblos indígenas, campesinos pobres y comunidades negras no se ha cumplido.

El país vive una de las más dramáticas e injustas mediciones de alta concentración de la tierra en el mundo, junto a países como Brasil y varias naciones centroamericanas. El uno por ciento de las fincas más grandes ocupa el ochenta y un por ciento de la tierra. Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los cinco países más desiguales en tenencia y acceso a la tierra del mundo, un título que nos debería dar vergüenza, pero que se volvió parte del paisaje social. A esto se suma que mientras que la propiedad de grandes extensiones de tierra sigue concentrándose en pocas manos, la pequeña está fragmentada en un número mayor de personas. El año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que los predios rurales privados del país suman sesenta y uno punto tres millones de hectáreas y están a nombre de cinco punto dos millones de propietarios, pero solo el veinticinco por ciento de esos propietarios son los dueños del noventa y cinco por ciento del territorio.

Pero los problemas de la tierra no se limitan a la desigualdad de la propiedad. La informalidad de la tenencia es otra de las dificultades en los territorios rurales de Colombia. Estudios de Fedesarrollo en el dos mil diecisiete afirman que aproximadamente algo más de ochocientos seis mil hogares rurales, equivalentes al cincuenta y tres por ciento de los que se dedican a actividades agropecuarias, nunca han tenido tierra.

La sumatoria de todos estos factores arroja una compleja situación de la cuestión agraria en el país. La debilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas rurales, la alta corrupción, y los múltiples intereses económicos particulares detrás de las riquezas de la tierra y el subsuelo, siguen interesando mucho más a los gobiernos que las necesidades, las luchas y esperanzas de más de nueve millones de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país. Una prueba de esto es el bloqueo que se hace del Acuerdo Final que, en el punto uno, quiere avanzar en la solución de una importante parte de los problemas agrarios del país.

El Papa Francisco en el primer encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano, año dos mil catorce, expresó: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole cultivar y proteger la tierra. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo por el acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.