Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

Actualmente, 47 familias desplazadas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448-  la finca Diana María ubicada en Zona Bananera (Magdalena). Los hechos de despojo y desplazamiento forzado ocurrieron en el año 2001 luego de que grupos paramilitares asesinaran a dos jóvenes de la comunidad y obligaran a la comunidad abandonar los predios de manera permanente.

La siguiente línea del tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos: Iniciando desde su ingreso al predio como trabajadores en una finca bananera de la que se hicieron paulatinamente propietarios, pasando por los hechos de violencia que generaron el desplazamiento y finalizando con su lucha por el restablecimiento de sus derechos a la tierra y al territorio.

 
  
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Esta semana fue asesinado un campesino que luchaba por recuperar su tierra en el municipio del Magdalena. De hace ocho días, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el peligro que hay en la región.