En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

 

En la más reciente emisión de #DiálogosEnCuarentena, la congresista Ángela Robledo, el filósofo y economista Libardo Sarmiento y el investigador del CINEP/PPP Santiago Garcés hablaron sobre la realidad de la economía en Colombia, las decisiones del Gobierno para salir de la crisis y la necesidad de que la salud, la vivienda, la educación y el bienestar sean derechos, no mercancías

Estamos 20 años atrás en desarrollo económico

Sarmiento afirmó que Colombia venía desde hace cinco años con problemas en su balanza comercial, lo que significa que en ese lapso de tiempo no se generaba nuevo empleo, y había una tendencia recesiva en la economía. A esta situación se sumó la pandemia, que obligó al confinamiento de la fuerza de trabajo, lo que implica un golpe más a la economía.

El economista cuestionó las medidas que está tomando el Gobierno, vía decreto ley, en términos de pensiones, trabajo y garantías laborales. Decisiones que, en su criterio, devolverán a Colombia 20 años atrás en su desarrollo económico porque generarán desempleo, aumentarán la pobreza e incrementarán la brecha entre ricos y pobres

Adicionalmente, el experto afirmó que el capital especulativo y las mafias de ultraderecha ahora están haciendo una reingeniería del capitalismo mediante tres grandes premisas: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; la profundización de una economía extractivista; y aumentar la capacidad represiva del Estado, por ejemplo mediante la compra de tanquetas y armas para el ESMAD, para apagar las movilizaciones que despierten dichas medidas. 

La precarización del trabajo

Santiago Garcés estuvo de acuerdo en la lectura de Sarmiento sobre la situación, y agregó que según el DANE, en el primer trimestre el desempleo en Colombia llegó al 19,8%, lo que significa más de 4 millones de personas desempleadas. Sin embargo, aclaró que esta cifra no tiene en cuenta a la población inactiva, lo que elevaría la cantidad de personas que en este momento no tienen una labor de la cual derivar su sustento.

A ello se suma que el 80% de la población ocupada en el sector formal labora en pequeñas empresas, que no tienen las posibilidades de cubrir las nóminas de más de un mes en cuarentena. Garcés criticó que frente a esta situación el Gobierno creó el Ingreso Solidario, pero es insuficiente, y en cambio apuesta por una reforma laboral, permite diferir el pago de la prima de mitad de año y posibilitó la suspensión de contratos.

Entre tanto, recalcó que desde los gremios de empresarios se escuchan propuestas para permitir contrataciones por horas, o con salarios por debajo del mínimo en el campo, por lo que dijo estar preocupado de que la pandemia se pueda aprovechar para implementar un modelo de desarrollo antilaboral. Todo ello, en medio de un contexto que exige garantías para el trabajo, una renta mínima que permita la subsistencia de las familias y apoyos en el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas.  

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

“La pandemia desnuda la fragilidad del Estado Social de Derecho”

Ángela Robledo rememoró que apenas el año pasado en el mundo, y en Colombia, se estaban desarrollando movilizaciones exigiendo condiciones de vida digna y denunciando “que vivímos en uno de los países más desiguales del mundo”. Además, eran movilizaciones en las que las mujeres jugaban un papel fundamental, pidiendo el reconocimiento de la economía del cuidado y diciendo que la sobrecarga sobre sus vidas es evidente.

Con la llegada de la pandemia, la congresista manifestó que se desnudó la fragilidad del Estado Social de Derecho para proteger a los más vulnerables, y la para las mujeres esto ha significado un aumento desproporcionado de las violencias basadas en género. Además, también se ha traducido en un incremento de la pobreza: “En Colombia de cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres”, afirmó. 

Pero en medio de esta situación, a raíz de la necesidad de reclamar derechos, Robledo sostuvo que también se abrió una fisura en el capitalismo que nos invita a pensar en una agenda para el sur global, para Latinoamérica en términos de lo que necesita. Por ejemplo, sostiene que es necesario hablar del Sistema Nacional de Cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas que culturalmente les ha sido asignadas a las mujeres. 

Es tiempo de pensar relaciones económicas fuera del capitalismo

Los invitados al diálogo estuvieron de acuerdo en que dichas fisuras podrían generar cambios, como en el caso de la salud, volviendo a un sistema público que sea garantista de derechos y no privado, porque la pandemia ha demostrado que los sistemas privados no pueden responder a una situación de crisis sanitaria global. Adicionalmente, los invitados resaltaron las protestas antiracistas que se están dando en el mundo, afirmando que se está poniendo de presente una agenda de derechos que es de género, étnica clase y de generación. 

Garcés insistió en la necesidad de una renta básica que permita a los trabajadores la subsistencia y posibilite también elevar las condiciones del trabajo. Sarmiento señaló que la experiencia en Argentina, de trabajadores que asumen a empresas en quiebra podría retomarse bajo formas cooperativas modernas que impulsen la economía.

Igualmente, invitó a que el distanciamiento sea únicamente físico pero no social, añadiendo que en momentos de Tánato-política, “en que se administra la muerte, se tiene que apostar por una movilización por la vida en toda su heterogeneidad”.

Por su parte, Robledo aseguró que es momento de pensar en relaciones económicas fuera del capitalismo, apostar por un fortalecimiento del Estado Social que garantice derechos y en el caso de las mujeres, asumir la tarea fundamental de “deconstruir la división sexual del trabajo, eso implicará repensar las relaciones de producción y reproducción”. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook, a continuación:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez