CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

La falta de atención del Estado ante la pandemia del Covid 19 en Amazonas es un atentado contra la cultura, y la vida de la Amazonía y la humanidad, según las comunidades allí presentes que piden respaldo del mundo para evitar su extinción. Campañas de solidaridad y de exigencia de protección al Estado crecen cada día para abrazar al pueblo amazónico.

El Amazonas colombiano enfrenta una grave situación de amenaza la vida y pervivencia de los pueblos indígenas por el Covid19. Esta semana las organizaciones étnicas y sociales de esta zona del país prendieron una vez más las alarmas: Leticia reportó más casos en día que Bogotá, y se supo que la tasa de mortalidad por COVID-19 en ese departamento colombiano es 22,5 veces más que la nacional. De cada 100 mil habitantes están muriendo el 17.72%.

La crisis se profundiza día a día con la muerte de los mayores ancianos, la renuncia masiva de personal sanitario y la falta de recursos de parte del Estado para frenar la pandemia.

El lunes 11 de mayo se reportaron 191 nuevos casos de coronavirus en Amazonas, superando a la capital colombiana que registró 150 diagnósticos. La cifra se suma a los problemas reportados por los profesionales y organizaciones de la región que temen por un etnocidio. Por eso, la OPIAC y sus aliados lanzaron una campaña que salve a los pueblos indígenas de Amazonas de la extinción física, pues a éstos les llegó virus desde las áreas urbanas y no hay con qué enfrentarlo, con apenas un centro hospitalario en Leticia donde además la cárcel presenta hacinamiento del 53% con la mitad de los internos infectados.

Desde mediados de marzo, se prendieron las primeras alertas de riesgo frente al contagio del Covid-19 en la Amazonía por fallas en los controles en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia y el contacto fronterizo con Brasil, especialmente con Tabatinga en donde se presentó el primer caso el 1 de abril. Posteriormente, el 17 de abril se presentó el primer contagio en el municipio de Leticia y una semana después aumentarían a 37.  Días después comenzaron los fallecimientos. Al 15 de mayo, de acuerdo los registros del Ministerio de Salud, eran 1003 casos de Covid confirmados en Amazonas, 19 en Caquetá y 11 en Vaupés.

Sin embargo, de acuerdo con la rueda de prensa virtual realizada el 14 de mayo, hay gran subregistro de enfermos y fallecidos indígenas pues por el aislamiento muchos no han acudido al hospital ni se han movido de sus resguardos. Además, no hay presencia del Estado más allá de la capital Leticia, o bien se trata de uniformados armados que poco pueden hacer por la vida y atención de una crisis sanitaria.

De acuerdo con la OPIAC, que representa 168.500 indígenas, en la Amazonía hay 64 pueblos cada uno con su cultura y su idiomas asentados en 6 departamentos. El presidente Opiac, Julio César López, describió que: 

“La situación que se vive hoy en el Amazonas es el resultado de una larga historia de corrupción (…) Acá ha continuado la práctica de segregación tomando decisiones desde el escritorio (…)”

El líder indígena se quejó de que “los departamentos del Amazonas hemos servido para que los empresarios de la salud nos vean como mercancía, como objetos (…) La Ley 100 acabó con la posibilidad de construir un modelo de salud apropiado (…)”.

Según López “nuestra situación es reflejo de un abandono histórico. En 2009 la Corte Constitucional advirtió el riesgo de exterminio de nuestros pueblos amazónicos y ordenó al gobierno colombiano salvaguardar a estos pueblos de la extinción física y cultural, mediante acciones integrales que hoy 20 años después siguen en fase de formulación”.

Según lo divulgado en la rueda de prensa, el Covid podría haber llegado a los pueblos del Amazonas por los militares y policías, tal como se sospecha que sucedió en Vaupés. Las comunidades han desarrollado entonces sus propias estrategias de contención en la zona selvática y urbana. Les preocupa que la población que por el conflicto y desplazamiento están en las áreas urbanas se están infectado, y les preocupan además los mayores pues su riesgo de contagio al Covid19 “es un atentado contra nuestra cultura, a la vida de la Amazonía y la vida de la humanidad”.

Por otro lado, se divulgó la preocupación por la información falsa desde el gobierno nacional. López aseguró que:

“El gobierno dice que ha entregado a Opiac una cantidad de insumos para apoyar a nuestros compañeros indígenas en el territorio y eso es mentira. Cuando los compañeros de la base llaman a averiguar por los mercados, les dicen a ellos que con Opiac se ha hecho. Una total descoordinación del gobierno frente a esta situación”

Por su parte el profesor Juan Alvaro Echeverri, de la Universidad Nacional, recalcó que:  “El Estado considera a los indígenas personas pobres e ignorantes y esta pandemia nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras relaciones con el medio ambiente y la cultura. Los indígenas no son ni pobres ni ignorantes. Todo lo contrario

“
Pero no vamos a desaparecer sin luchar y resistir, así nos han enseñado nuestros abuelos”, resaltó el Presidente de la Opiac en la conversación virtual del 14 de mayo mientras sorteaba las dificultades de conexión típicas de los territorios olvidados de Colombia. En la audiencia recordaron que, además del abandono histórico, los departamentos amazónicos no fueron siquiera priorizados para la inversión de recursos con el Acuerdo de Paz con es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdets. 

Para donaciones desde Colombia: https://vaki.co/vaki/ApoyaLaVidaVinculatePorLaAmazonia/

Desde el exterior: https://www.gofundme.com/f/FOR-THE-HEALTH-OF-AMAZONIAN-INDIGENOUS-PEOPLE

 Vídeo rueda de prensa Por la Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos:

 

Por: Katalina Vásquez Guzmán

 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Una de las enseñanzas que le marcó la vida a Jenny Ortiz, coordinadora de la Línea de Interculturalidad en el Cinep/PPP la tuvo de una autoridad indígena del Amazonas. Ella estaba trabajando en la Chorrera con los Huitotos, al terminar el taller se sentó al frente rio a ver el agua correr. Tenía que tomar una decisión transcendental para su vida y mientras pensaba en eso, una autoridad se acercó y le preguntó “bueno profe, ¿usted que es lo que está viendo?”. Ortiz le empezó a hablar de la belleza del río, pero terminó contándole lo que le sucedía. Entonces la autoridad le dijo:  

“?Miré, la vida es como el río, usted no la controla, entonces en algunas veces hace meandros largos, meandros cortos, o sea, curvas largas, curvas cortas ¿cierto? y va armando su recorrido por donde considera que debe ir. En su interior alberga muchas vidas, y uno solo empieza a entender que la vida tiene este fluir cuando uno deja que la vida tome un curso por donde debe ir, uno va contra la corriente cuando quiere crear, cuando quiere producir algo nuevo, cuando quiere dar nueva vida; como muchos peces que van a nadar contra la corriente a poner sus huevos cuando van a dar nueva vida”.

La línea de Interculturalidad ha venido trabajando con pueblos de la Sierra Nevada, Cartagena y el sur de la Guajira y desde 2016 se ha enfocado en problematizar las desigualdades históricas, económicas, epistemológicas que han vivido los excluidos en el país. Su trabajo se ha centrado en educación interculturalidad y propia, los extractivismos, la discusión sobre memoria y memorias étnicas, la articulación de la escuela, comunidad y movimiento social y la reflexión sobre el enfoque de género en el territorio, las demandas de los pueblos, la epistemología, el lenguaje y su compresión.

Desde la línea se plantean tres aproximaciones para pensar la interculturalidad con los pueblos indígenas: la primera, desde la realidad de situaciones y contextos específicos de los sujetos, “tú como pueblo indígena entiendes el mundo de una manera, porque lo has construido de esa manera y yo lo entiendo de otra; no voy a imponer, ni tú me vas a imponer”; la segunda, considerando que hay unos espacios y unos tiempos propios de las comunidades, “esto implica empezar a romper la idea que solamente el conocimiento experto pasa por la universidad y la academia, sino que este pasa también por otros registros y otras experiencias vividas, transitadas y reflexionadas” y, la tercera, reconociendo otros territorios y otros contextos, esto implica que “la interculturalidad no es armónica, es profundamente conflictiva y creemos que de ese conflicto, esa contradicción, podemos crear más cosas”.

Los años que ha trabajado con comunidades indígenas y afrodescendiente, le han dejado a Ortíz muchas reflexiones personales como la importancia del trabajo espiritual dentro de los proyectos que realizan con los pueblos, el poder de la palabra: “cuando dicen ‘me comprometo a…’, lo hacen efectivamente. No es a la ligera, como nos acostumbramos nosotros; por ejemplo, ‘esta tarde me tomo un tinto contigo’ y nunca pasa esa tarde, ni el tinto”. Y el pensamiento integral, “si bien ellos reconocen que hay unos elementos de la experticia del conocimiento, ellos dicen que el conocimiento es integral, tú no puedes ver de manera aislada cada lugar del conocimiento, sino que todo es integral, porque la vida es integral”. 

Estas consideraciones han llevado a cumplir la meta de Cinep/PPP en su opción preferencial por los excluidos. La interculturalidad, según Ortíz, puede aportar a una sociedad justa, sostenible y en paz, misión de Cinep/PPP, al continuar hablando de problemas como el extractivismo en territorios étnicos, el racismo, la discriminación racial y las violencias epistémicas que viven los pueblos comunidades indígenas y negras; también estudiando el conflicto armado y los conflictos territoriales que se experimentan en los  territorios rurales que habitan.

En ese sentido, Cinep/PPP debe enfrentar retos  importantes como compaginar los tiempos de las comunidades con las lógicas de la  cooperación; aplicar la complejidad del pensamiento integral y del entendimiento de las movilizaciones indígenas como “esta gotica constante, que sigue ahí hasta que logre abrir camino o abrir un huequito en la tierra”.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Las lenguas indígenas fueron el tema escogido en el 2019 por las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Al respecto, Ortíz indica que “lo primero que hay que decir es que no hay lenguas,  son idiomas, del mismo estatus del español o  el inglés” y en ese sentido, señala, estos son sistemas de pensamiento con variables dialectales, es decir, con distintas maneras de hablarlo.

Esta misma idea la comparte Jon Landaburu, lingüista y autor de la clasificación de las lenguas de Colombia, para él “una lengua no es simplemente un instrumento de comunicación” sino es una adaptación de una cultura, del espíritu". Landaburu reconoce que existe un reto considerable en hacer prevalecer las lenguas en el mundo, “si consideramos que en este momento hay como 6000 lenguas distintas en el mundo, el 97% de la población habla solamente 10 lenguas”

Entre los escenarios que ponen en riesgo la extinción de estos idiomas, Ortíz menciona a la escuela y explica: “cuando un niño es obligado a ir a la escuela a muy temprana edad se pierde el idioma porque este se aprende vía materna hasta los siete años”; el conflicto armado, debido al asesinato de muchas autoridades indígenas que son los conocedores del idioma y formadores en la comunidad; el desconocimiento en la sociedad, “si nosotros entendiéramos que somos muy afortunados de tener al menos 63 idiomas vivos, pues entenderíamos su importancia”; procesos de normalización lingüística, generados por diferentes institutos para la creación de un alfabeto común generando pérdidas en las variables dialectales -manera en la que se habla el idioma-; y la castellanización.  A estas amenazas se unen las reconocidas por Hortensia Estrada, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, como el contacto con poblaciones vecinas, la transmisión en el idioma dominante por parte de los medios de comunicación y la poca utilización de la lengua por parte de las nuevas generaciones.

Para Miguel Rocha, Doctor en Lenguas y Literaturas, el rescate de las lenguas depende de su utilidad para los hablantes, el trabajo con los procesos de colonización, los espacios o plataformas donde las lenguas adquieran un estatus   y las políticas públicas que se establezcan. 

Para Ortíz, reconocimiento a las llamadas lenguas indígenas como idiomas y, en consecuencia, a  sus formas de vida y enseñanzas son el camino que se debería tomar para reconocer no solo a las comunidades indígenas, sino a los afrodescendientes y las comunidades gitanas como parte de la construcción de país. 

 

 

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones