Cinep/PPP y otras organizaciones sociales de latinoamérica y Colombia expresan su rechazo a los casos de abuso policial presentados en el marco de la protesta social en Colombia, y exigen el respeto a los DD.HH. 

“Que la solidaridad entre los pueblos sea una garantía en la defensa de la vida y la justicia, que defender nuestros derechos no nos cueste la vida”

Las organizaciones sociales y personas firmantes, desde varios países nos unimos en solidaridad con el pueblo colombiano, con las y los manifestantes, que desde diferentes voces y sectores ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica. Jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, maestros, estudiantes, trabajadores, indignados e indignadas que hacen uso de la movilización social pacífica para elevar su voz, en el marco del Paro Nacional que vive Colombia desde el 28 de abril.

1. Rechazamos la militarización de las calles colombianas. El uso excesivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable, esto se constituye en una violación de derechos humanos.

2. Denunciamos los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos. La respuesta a la movilización social que resulta de múltiples crisis que afronta Colombia y nuestra América Latina no puede ser el abuso, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la violencia sexual y las masacres. Exigimos se respeten los protocolos de intervención y de acción en medio de la protesta social, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

3. Resaltamos la importancia de evitar estigmatizaciones de las y los manifestantes, en especial por parte del funcionariado público y llamamos a todos a desistir de la violencia. Las exigencias en el marco del Paro Nacional en Colombia son legítimas, en tanto buscan la vida digna en el país, la protección de los territorios, la lucha contra las causas que han agudizado el empobrecimiento en estos tiempos de pandemia y el incumplimiento de los acuerdos de paz.

4. Pedimos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al movimiento internacional de Derechos Humanos, a la comunidad diplomática, a las instancias de la ONU y la OEA que le exijan al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a su deber de garantía y protección de la vida, integridad, libertad y derechos de quienes hacen uso del derecho legítimo a la protesta y la movilización social.

5. Instamos a todos los actores políticos colombiano y, en particular al gobierno, trabajar por una salida democrática e inmediata a la crisis, en estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es fundamental atender las justas exigencias de las poblaciones, que no se reducen al retiro o aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria y de impedir la avanzada de proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos.

6. Abrazamos a las víctimas de la violencia y de los crímenes de Estado, exigimos que se haga justicia y que no queden en la impunidad. Es urgente una misión humanitaria en los territorios más atropellados, como en Cali, Bogotá y el suroccidente colombiano.

Para quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente como fuentes esenciales de la vida, es nuestro deber alentar a que se tomen medidas en favor de la dignidad humana y que se rompan los ciclos de violencia, criminalización y estigmatización.

Hoy nuestra solidaridad es con el pueblo colombiano, porque mañana puede ser con el pueblo guatemalteco, boliviano, brasileño, hondureño, nicaragüense, peruano y con toda Nuestra América Latina y el Caribe.

Que el clamor e indignación de los pueblos no nos sea indiferente y que defender nuestros derechos no nos cueste la vida.

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Artículo 1, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, ONU).

Fundación Ecuménica Para El Desarrollo y La Paz - FEDEPAZ (Perú)

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA (Perú)

Comissão Pastoral da Terra (Brasil)

Apoio - associação de auxílio mútuo da região leste (Brasil)

Associação Semeando Saúde e Vida (Brasil)

Frente de Luta por Moradia (Brasil)

Grito dos Excluídos Continental Movimento se defesa do Favelado regiao episcopal belem (Brasil)

Rede Jubileu Sul Brasil Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil (MST)

María Elizabeth Moreno (Colombia)

Fundación San Alonso Rodríguez SIEMBRA

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Colombia)

Derechos Humanos Sin Fronteras - Perú

Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP- (Colombia)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas - FGER

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ)

CAFOD

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Los procesos de movilización y protesta han experimentado una innegable transformación en los últimos años. A partir de la ya clásica definición de “nuevos movimientos sociales” esbozada por Alain Touraine en los años ochenta, o la de “movimientos populares” de Múnera en los noventa, la discusión posteriormente se transformó desde orillas diferentes bajo el paradigma interseccional y la teoría critica. En la actualidad, una cuarta generación de formas de movilización (4.0), han venido emergiendo en el marco de profundos procesos de individualización social, universalización de las redes sociales, precarización y aumento de las brechas de desigualdad.

Bajo el anterior contexto, el “paro” ha sido una tecnología de interpelación al Estado y al aparato productivo en general. De los Paros Agrarios que buscaban interrumpir el flujo de alimentos y materias primas a las Huelgas generales que detenían las industrias en las ciudades, hemos venido avanzando a un nuevo tipo de movilización y acción colectiva. A nivel internacional, esta forma de movilización puede observarse en los chalecos amarillos franceses, la primera línea chilena o el movimiento independentista hongkonés.  En Colombia existen tres episodios muy representativos de esta forma de movilización el 21-N del 2019, los eventos de septiembre de 2020 y el último Paro Nacional del 2021.

Estas formas de organización colectiva son profundamente horizontales, tienen dificultades o no reconocen totalmente los mecanismos de representación tradicional de la izquierda, se movilizan a modo de enjambre como esbozara Byung-Chul Han, e invitan a repensar o deconstruir la fácil conceptualización oficial del “vándalo”; así mismo, plantean la necesidad de pensar espacios de diálogo social multinivel y multisituados. 

A esta nueva forma de interpelación y organización social la hemos sintetizado bajo la categoría temporal de Paros 4.0. Invitamos a participar en esta convocatoria con artículos, reflexiones y testimonios que nos puedan ayudar como país a pensar estos nuevos fenómenos sociales que seguramente seguirán profundizándose como lineamientos de la acción colectiva organizada. También serán bienvenidos textos que analicen y reflexionen sobre procesos similares en otros países especialmente de América Latina.

Fechas:

  • Apertura:  1 de junio de 2021.
  • Cierre:  31 de julio de 2021.
  • Fecha de publicación: Primer semestre de 2022.
  • Editor del dossier: Carlos Duarte – IEI Universidad Javeriana de Cali.
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El 2 de mayo el Gobierno solicitó al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria, erróneamente titulado ley de solidaridad sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda a mediados de abril y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto. Sin duda, la persistencia e impulso de las marchas ciudadanas, que desde diversos sectores sociales se organizaron, resultaron ser efectivas. El riesgo y el temor de una mayor contaminación por la pandemia, no fue motivo para que la ciudadanía, la gran mayoría de ella marchando pacíficamente, dejara de expresar su indignación frente a una ley que lesionaba la frágil situación de una gran mayoría de hogares colombianos. El DANE afirmó que en el país hay 21 millones de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema 7 y medio millones más, es realmente crítica la situación.

Pero lo desastroso de esta situación, fue el número aún indeterminado de personas victimizadas. Los manifestantes, en especial jóvenes, han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la fuerza pública. Son ciudadanos reclamando derechos, indignados, lo que explica, no justifica, sus actos violentos. Pero no son terroristas ni criminales. Los hechos dejan un saldo doloroso y preocupante, según informaciones por confirmar, decenas de asesinatos de civiles y un policía; centenares de heridos civiles y fuerza pública; centenares de detenciones arbitrarias y desaparecidos, así como denuncias de abuso sexual contra mujeres. Esta reacción de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza policial y la violencia de algunos ciudadanos contra ella, se da en un contexto generado por el mismo gobierno, no solo al radicar la ley de reforma tributaria, sino por los efectos estructurales de políticas que protegen ferreamente los capitales y que profundizan la desigualdad y la pobreza. De todas formas, la violencia, venga de donde venga y por los motivos que sean, no es la fórmula, ni la salida para el manejo y desarrollo de la movilización social.

Pero el panorama no está claro. ¿Qué significa para el gobierno tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto de reforma tributaria? ¿Estará pensando en no afectar a las clases populares ni a los estratos medios? ¿Les impondrá a los más pudientes y a los grandes capitales las contribuciones que necesita y les eliminará las exenciones? ¿Perseguirá a fondo la corrupción para alcanzar a recoger los 23 billones de pesos que dice necesitar, en un país donde la corrupción ronda por los cincuenta billones anuales?

El gobierno no muestra alternativas consistentes, en su lugar, muestra profundas dudas, falta de manejo y grandes desafíos, en medio de un contexto político preelectoral. Al contrario, la convocatoria y el clima de protesta continua, y a él se agrega el creciente descontento por los efectos sociales de la la pandemia que ha cobrado en el país la vida de más de setenta y dos mil personas y ha sido determinante para el aumento del desempleo y la pobreza.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia del 4 de mayo denuncia frente a esta situación crítica que vive el país que la la violencia no soluciona nada, solo produce sufrimiento y muerte. Hace énfasis en que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, teniendo en cuenta hoy la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta la pandemia. Rechaza decididamente, sea cual fuere su proveniencia, todos los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, la desaparición de personas y cualquier atentando contra la integridad física de cualquier persona. Y hace un llamado urgente y clamoroso: ¡Que se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando! Y como afirma el Papa en Fratelli Tutti, es urgente abrir los canales para el diálogo social, para afrontar la compleja situación que vivimos.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de la reforma tributaria, con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar el déficit fiscal producto de varios factores: 1) el aumento del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria; 2) la disminución del recaudo por la recesión económica y 3) las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por este mismo gobierno en 2019.

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las protestas primero se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas y luego de la reforma en su conjunto, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las ciudades más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP.