Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las regiones más golpeadas por el conflicto armado sufrieron grandes transformaciones territoriales, sociales, económicas y culturales. Tumaco es uno de los municipios del pacífico nariñense que ha vivido esta transición de la violencia al posconflicto, por un poco más de tres años. En la actualidad, vive uno de los panoramas más complejos, no solo por su economía cocalera sino por, paradójicamente, la agudización de la violencia y otras conflictividades después de que las FARC se desplazaran del territorio.


En el informe “Transformaciones del conflicto armado y conflictividades sociales en San Andrés de Tumaco”, elaborado por Cinep/PPP, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, en el marco del proyecto de “Identificación de prácticas adecuadas de respuesta institucional para promover la convivencia en los territorios” financiado por USAID, se analizan las dimensiones y se hace un balance de las transiciones que ha vivido el territorio y del conflicto armado.


En Tumaco, las FARC y los grupos paramilitares llegaron en los años 2000 victimizando a la población civil. Al finalizar la década, se dieron desmovilizaciones de los grupos paramilitares que las FARC aprovecharía para reclutar personas para que hicieran parte de este grupo armado. Actualmente, si bien con la firma de los Acuerdos hubo una disminución sustancial de la violencia en razón del conflicto armado, esta disminución no se refleja por otras acciones violentas del territorio. Se han creado nuevos grupos armados como “Los Contadores”, “Oliver Sinisterra” y “Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)” que buscan recuperar las economías ilegales y las acciones de control que tenían las Farc en el territorio. Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia, “en la dinámica de su disputa territorial hay una clara intención por acudir a un tipo de violencia que los haga menos visibles y menos expuestos penalmente” se menciona en el informe.



Aunque estas bandas mantienen cierto control territorial, internamente no pasan su mejor momento, no tienen una organización definida, o ese ejercicio de control muchas veces es arbitrario dependiendo del mando, lo que evita un relacionamiento efectivo con las comunidades, aunque tengan el discurso de “protectores del barrio”. De esta manera, las presiones a comunidades afro e indígenas también aumentan, la violencia y las amenazas empiezan a dirigirse contra los liderazgos sociales. Otra de las consecuencias de la cohesión de estos grupos armados que funcionan en los barrios, es el desplazamiento, la extorsión, el microtráfico y el consumo de drogas.
La poca oferta laboral y académica que tiene Tumaco es aprovechada por los grupos armados para atraer población joven: ofrecen dineros y vida fácil a cambio de colaboraciones o total ingreso al grupo armado, en el informe se menciona que “poco menos del 5% de los tumaqueños que termina su bachillerato logra ingresar a una universidad”.



Así las cosas, en el territorio se van agudizando cada vez más las conflictividades sociales y la implementación de los Acuerdos de la Habana, como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) uno de los más importantes en todo el municipio donde se encuentran inscritas más de 16.000 familias. Sin embargo, el programa enfrenta ciertas problemáticas e incumplimientos, lo que deja mucho que pensar en su impacto a largo plazo y la disminución sustancial de las hectáreas de coca. La comunidad vive un momento de incertidumbre frente al programa, con el cambio de gobierno ha crecido la desconfianza, por falta de voluntad política, hay retrasos en los pagos, desaceleración de la verificación de hectáreas, entre otras problemáticas.



Por otro lado, según las comunidades, la deforestación se ha ido expandiendo de forma significativa, hay tala de árboles indiscriminada, así como también una expansión palmera que ha reavivado el conflicto entre empresas y comunidades negras. Otra de las dificultades a las que se enfrentan, es el acceso al agua potable por problemas en la infraestructura de acueductos del municipio.
De esta manera, son muchas las crisis y problemáticas a las que se enfrentan, no solo la comunidad de Tumaco, sino, las regiones que se encuentran en posconflicto. Las transformaciones en los territorios son inevitables, pero desde el trabajo que realizamos en el Cinep/PPP creemos firmemente que no podemos permitir que las comunidades sigan siendo amedrentadas por medio de la violencia, el miedo, la amenaza, el desplazamiento, las desapariciones forzadas. Es necesario juntar esfuerzos de instituciones, organizaciones locales y nacionales para que se implemente una agenda de trabajo desde la política local que permita transformar esas dinámicas del conflicto que siguen golpeando a la comunidad de Tumaco.


Publicaciones

 

 

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Equipo de comunicaciones

Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Periodista asistente: María Fernanda Vera
Periodista asistente: Deivyd Manrique


Esta semana analizamos el impacto del conflicto armado colombiano en el medio ambiente y el despojo que se ha generado como consecuencia.

 Junto a los expertos:

  • Johanna Herrera - de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, del Observatorio de territorios étnicos y campesinos Pontificia Universidad Javeriana  
  • Juan Sebastián Ospina - Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / PPP
  • Luis Horacio Muñoz - Director Jurídico y asesor de Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras

 

el análisis que realizamos en Rompecabezas sobre la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

 Con los expertos:

- Luis Briceño, economista y consultor en temas de desarrollo rural.

- Emilio Huertas, Director de la ONG Lutheran World Relief en Colombia. Asesor Ministerio De Salud Y Proteccion Social.

- Lorena Carrillo, investigadora del Cinep Programa Por la Paz del equipo Conflicto, Estado y Desarrollo.

 

El 26 de septiembre se cumple un año de la firma del Acuerdo de paz, hoy haremos un análisis a los cambios de la Fuerza Pública en dicha implementación. Con los expertos:

- Armando Borrero. Magister Escuela Superior de Guerra Defensa y Seguridad Nacional (Teoría ataque - Defensa) 2006. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Dpto. de Sociología Universidad Nacional de Colombia Universidad El Bosque

- Juliana Suescún - Experta en seguridad y género de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE

 

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones