María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP. 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

Yanilda González, doctora en ciencia política de Princeton, dedica sus días a investigar a la Policía en contextos democráticos, e insiste en que se necesita consenso social. Esta es su lectura de una coyuntura que sacude a Colombia y a otros países.

El reciente e histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que señaló que hay “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas”, puso sobre la mesa una discusión que ya se venía dando: ¿qué hacer para evitar al máximo los excesos de la Policía, especialmente en manifestaciones? Yanilda González es doctora en ciencia política de la prestigiosa Universidad de Princeton y profesora asistente en Harvard, desde donde investiga el papel de la Policía en contextos democráticos atravesados por altos niveles de desigualdad. Esta es su visión.

Los hechos recientes en Colombia han venido a sumarse a una ola de protestas que han ocurrido en otros lugares del mundo, en los que las demandas ciudadanas para reformar instituciones como la Policía cada vez cobran mayor importancia. ¿Cómo interpretar este estallido?

El momento que vivimos debemos verlo en el contexto más amplio de las grandes manifestaciones que sucedieron el año pasado. El estallido social que se dio en países como Colombia, Chile y Haití, donde no eran protestas en principio en contra de la Policía, pero en muchos casos vimos que la Policía se puso en el centro de la historia a través de abusos cometidos en contra de algunos manifestantes.

En el caso de Colombia, lo vimos con las intervenciones del Esmad. Y eso no pasa con otras burocracias del Estado. La Policía es la cara más visible del Estado en este tipo de eventos y, en muchos contextos, como por ejemplo lo que pasa en Bielorrusia, lo que se ve es que están defendiendo los intereses de un Gobierno y no los de los ciudadanos que están manifestándose.

Entonces no nos debe sorprender que ahora lo que observamos sean estallidos centrados en la cuestión policial que se expresan precisamente cuando se presentan escándalos muy específicos, como los de George Floyd, en Estados Unidos, o Javier Ordóñez, en Colombia. Ahora, la pregunta es por qué sucedió esto con el caso de Ordóñez y no con el de Ánderson Arboleda, en Puerto Tejada. Esto demuestra cuestiones más profundas y estructurales como la desigualdad y el racismo, y el papel que tiene la Policía en la reproducción de este tipo de situaciones.

En esta tensión inherente entre el modelo de control y el modelo de protección del rol que tiene la Policía en la sociedad, ¿qué lugar tienen los abusos policiales?

Es difícil decir que el problema se genera por un solo factor. Diría que hay que ver cómo se refuerzan distintos factores: intereses políticos, demandas de la sociedad y rutinas burocráticas. Esa interacción es la que hace que tengamos policías con pocos controles civiles y externos.

En algunos casos como Trump en Estados Unidos vemos que hay políticos que quieren controlar ese brazo armado para sus propios intereses. Y eso genera unos incentivos perversos en los que algunos sectores civiles no tienen interés de restringir las funciones de policía por cuestiones políticas.

Por otro lado, tenemos sociedades desiguales en las que el discurso que domina en la cotidianidad se basa en el miedo y genera demandas fragmentadas donde la protección de los sectores más privilegiados muchas veces implica la represión de los sectores menos favorecidos. Entonces muchas veces desde la misma sociedad surge esta presión que impide que la Policía pueda brindar una protección más universal.

Finalmente, en el interior de la Policía hay condiciones más micro, como las políticas de cuotas que induce a los policías a requisar y buscar sospechosos y el policía en su mente, por lo general, no contempla los estándares legales, sino que busca cómo cumplir con estas metas para avanzar en sus carreras.

Al ver esas dinámicas de refuerzo entre estos tres factores que señala, ¿bajo qué circunstancias es posible impulsar reformas?

Aquí uno de los puntos claves es superar la fragmentación de las demandas sociales. Si bien todos pueden compartir una baja confianza respecto a la institución, esto no necesariamente se traduce en un consenso sobre la dirección en que se espera avanzar. Mientras algunos pueden demandar mayores controles a la Policía, otros sectores sociales pueden estar más interesados en otorgarle mayores facultades para que resuelva problemas, como son los altos niveles de violencia o criminalidad. Muchas veces los mismos sectores que no confían en la Policía son quienes terminan exigiendo una Policía de mano dura. De modo que sin consenso social no puede haber un consenso político sostenible para llegar a una reforma policial.

Y eso fue lo que vimos en el proceso de 1993 en Colombia donde se juntaron muy diversos sectores políticos y sociales para pensar unas reformas de fondo. Ahí convergieron los sectores que usualmente se manifiestan en contra de los abusos de la policía con otros inesperados como Fenalco, o la Cámara de Comercio de Bogotá, y esto fue clave para que varios sectores políticos atendieran estas demandas. Sin embargo, ese compromiso que se expresó en el 93 se perdió rápidamente con el Gobierno de Samper lo cual comprometió su viabilidad porque esa articulación de demandas sociales se perdió rápidamente y llevó a que ese esfuerzo reformista se desmantelara.

¿Qué papel tienen los gobiernos subnacionales en países unitarios como Colombia, donde el Gobierno Nacional tiene papel preponderante en las posibilidades de reforma de la Policía?

Esa es precisamente una de las características del caso colombiano. Uno pensaría que en esas condiciones sería más sencillo introducir reformas que en países federales como Brasil o Argentina, donde los Estados son los que tienen la autoridad legal sobre la policía. En el caso colombiano es más complicado porque, si bien la Constitución de 1991 y la Ley de Policía de 1993 definió algunos parámetros sobre cuáles son los instrumentos que disponen alcaldes y gobernadores para que la Policía coopere con sus políticas de seguridad a nivel práctico, no disponen de mayores recursos administrativos o legales para definir las acciones de esta institución. De modo que es al Gobierno nacional al que le corresponde esa tarea y acá hay mucha mayor claridad de lo que nos llevaría a pensar el actual debate político que se desarrolla en el país.

Pero aquí vuelvo al punto y es que, si hay una mayor convergencia social sobre las demandas de reformar, habría una mayor presión para que políticos y autoridades en diferentes niveles coordinaran sus acciones. Pero el hecho cierto es que muchas de estas autoridades locales ni siquiera se preocupan por este tipo de situaciones y argumentan la falta de instrumentos para justificar su desinterés.

Ahora, cuando hay interés en estos temas como ocurrió por parte de la alcaldesa de Bogotá, vemos que no tiene otra opción que recurrir a su capacidad de denunciar y visibilizar lo que está sucediendo, porque no tiene otros recursos legales para limitar este tipo de comportamientos por parte de la Policía.

¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en espacios que, en el caso colombiano, se diseñaron en principio para tener unas políticas de seguridad y una Policía que responda mejor a las demandas de la sociedad?

Es una idea que tiene mucho potencial y que responde a estos principios democráticos para controlar la acción policial. Pero lo que he visto en mis investigaciones sobre este tema es que la aspiración de tener un espacio abierto para recoger distintas visiones no se corresponde con la realidad, pues suelen excluir precisamente a aquellos sectores que sufren en una mayor proporción los abusos policiales. Entonces son los sectores más privilegiados los que lo aprovechan. Paradójicamente, muchas veces estos espacios sirven para promover una agenda antiderechos que va en contravía de su espíritu inicial, y eso es precisamente lo que estoy investigando ahora en varios países de América Latina.

¿Qué hacer para mantener viva esta agenda reformista y las demandas de transformación? ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos?

Acá hay algunas ideas. Está la democratización de la información y de los medios de comunicación. Un gran obstáculo para quien desea impulsar reformas policiales es que los datos sobre la actuación policial son muy escasos. De modo que no tenemos información que nos muestre claramente cómo esto reproduce los patrones de desigualdad. Brasil es una excepción, pues ahí te puedo decir el perfil de las víctimas de violencia policial según su edad, su color de piel y el barrio donde vive. En Colombia no tenemos esa información. En estas circunstancias la democratización de la información sí ayuda a que más personas adquieran conocimiento de lo poco que sabemos, lo que puede contribuir a que las demandas de reforma traspasen ciertas brechas sociales. Y en esta dirección la transparencia de datos tiene que ser una demanda clave para comprender qué es lo que está pasando.

Por supuesto, esto no hace todo. El caso de Brasil lo evidencia: hay buena información, pero no se ha consolidado una reforma sustantiva. Pero sí hay que comenzar por ahí. ¿Por dónde seguir? Es difícil decirlo, pero creo que lo que estamos viendo con la movilización de jóvenes en distintos lugares del mundo exigiendo un cambio es una señal alentadora para explorar en qué sentido debemos seguir avanzando.

 Por: Víctor Barrera, investigador de CINEP/PPP. 

*Esta entrevista fue publicada originalmente en El Espectador