El Instituto Kroc presentó su más reciente balance sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, dejando saber su preocupación por las garantías de seguridad, y el poco avance en la materialización del punto 2  “Participación Política”. Compartimos el informe completo que goza de carácter independiente. 

Gobierno y Farc acordaron en La Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo. Esta tarea se ha venido realizando pues desde el año 2016 como parte del Componente Internacional, y este 16 de junio se presentó su cuarto informe correspondiente al periodo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En él se detalla cómo en este periodo el avance general de la implementación fue del 6%. 

La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”.

Así lo expresó el Instituto que realiza análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el Acuerdo. Ante la pregunta del equipo periodístico de CINEP / PPP sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación del acuerdo, Daniel Cano, coordinador político de Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en Colombia, respondió que, en primer lugar, preocupa la seguridad. Como es conocido por la opinión pública, la tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Son a la fecha, según Somos Defensores, 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo hasta marzo de este año. 

Garantizar la seguridad continúa siendo la mayor amenaza a la implementación. Hoy son ya 200 los firmantes de paz asesinados tras la firma, mientras, según ONU, 2019 fue el año más mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es pues casi 23 veces mayor que nacional.

Daniel Cano, también destacó que en el punto “Participación Política” los avances no son tantos como los que pudiesen haberse logrado a la fecha, teniendo en cuenta que su materialización implicaba bajo presupuesto. Tal es el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso que se les siguen negando a pesar de haber sido pactadas en el Acuerdo.  El informe asegura que:

“En cuanto a la Reforma Rural Integral (punto 1) y a la Solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), los avances han sido significativamente menores”. 

 Y detalla que la implementación pasa por un momento crucial, puesto que transita de las disposiciones de corto plazo hacia las de mediano y largo plazo, con miras a un mayor enfoque territorial.

En los primeros dos años, cita el Krock, la implementación se enfocó en la dejación de armas y en la creación de la arquitectura institucional para la paz y los puntos en los que se avanzó fueron Fin del conflicto (punto 3) y Mecanismos de implementación, verificación y refrendación (punto 6). En el tercer año que analizaron y presentaron recientemente, el 2019, el enfoque que tomó protagonismo fue la implementación del Acuerdo en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. 

Por ejemplo, se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyas entidades (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desparecidos) “han logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas”. 

El cuarto Informe del Instituto Kroc resalta el esfuerzo en asuntos como el catastro multipropósito y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mientras señala que hay retos para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y su sostenibilidad. 

“Durante la primera mitad del periodo de estudio, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentó atrasos, dando lugar a controversias sobre su funcionamiento”.

El cuarto informe hace énfasis en mantener el foco en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz y en la necesidad de fortalecer las regiones y señala además que, dado que las disposiciones del Acuerdo son interdependientes, es clave para su éxito implementarlo de manera integral.  Además, debido al COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el Acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente. El Kroc invita a garantizar los recursos humanos y financieros para lograr la implementación del Acuerdo con más razón aún en medio de la crisis social y  sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.
 

Acá podrá encontrar el informe completo: 

 

 

La información que entrega el Kroc es verificada por un equipo técnico de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), la cual es de carácter independiente, a diferencia de otros informes que producen las partes de forma unilateral. Tal es el caso de la información que publica por cuenta propia el gobierno desde la Alta Consejería para el Posconflicto, por ejemplo, o bien, el componente Farc del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) o el Centro de Pensamiento y Diálogo integrado por algunos miembros del equipo de Farc en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación). 

 En el CINEP/PPP realizamos, también por disposición del Acuerdo y junto al CERAC, la Secretaría Técnica de la CSIVI y presentamos informes periódicos sobre algunos aspectos de la Implementación del Acuerdo que pueden ser consultados acá: https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Por: Katalina Vásquez G.

 

 

En la más reciente emisión de #DiálogosEnCuarentena, la congresista Ángela Robledo, el filósofo y economista Libardo Sarmiento y el investigador del CINEP/PPP Santiago Garcés hablaron sobre la realidad de la economía en Colombia, las decisiones del Gobierno para salir de la crisis y la necesidad de que la salud, la vivienda, la educación y el bienestar sean derechos, no mercancías

Estamos 20 años atrás en desarrollo económico

Sarmiento afirmó que Colombia venía desde hace cinco años con problemas en su balanza comercial, lo que significa que en ese lapso de tiempo no se generaba nuevo empleo, y había una tendencia recesiva en la economía. A esta situación se sumó la pandemia, que obligó al confinamiento de la fuerza de trabajo, lo que implica un golpe más a la economía.

El economista cuestionó las medidas que está tomando el Gobierno, vía decreto ley, en términos de pensiones, trabajo y garantías laborales. Decisiones que, en su criterio, devolverán a Colombia 20 años atrás en su desarrollo económico porque generarán desempleo, aumentarán la pobreza e incrementarán la brecha entre ricos y pobres

Adicionalmente, el experto afirmó que el capital especulativo y las mafias de ultraderecha ahora están haciendo una reingeniería del capitalismo mediante tres grandes premisas: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; la profundización de una economía extractivista; y aumentar la capacidad represiva del Estado, por ejemplo mediante la compra de tanquetas y armas para el ESMAD, para apagar las movilizaciones que despierten dichas medidas. 

La precarización del trabajo

Santiago Garcés estuvo de acuerdo en la lectura de Sarmiento sobre la situación, y agregó que según el DANE, en el primer trimestre el desempleo en Colombia llegó al 19,8%, lo que significa más de 4 millones de personas desempleadas. Sin embargo, aclaró que esta cifra no tiene en cuenta a la población inactiva, lo que elevaría la cantidad de personas que en este momento no tienen una labor de la cual derivar su sustento.

A ello se suma que el 80% de la población ocupada en el sector formal labora en pequeñas empresas, que no tienen las posibilidades de cubrir las nóminas de más de un mes en cuarentena. Garcés criticó que frente a esta situación el Gobierno creó el Ingreso Solidario, pero es insuficiente, y en cambio apuesta por una reforma laboral, permite diferir el pago de la prima de mitad de año y posibilitó la suspensión de contratos.

Entre tanto, recalcó que desde los gremios de empresarios se escuchan propuestas para permitir contrataciones por horas, o con salarios por debajo del mínimo en el campo, por lo que dijo estar preocupado de que la pandemia se pueda aprovechar para implementar un modelo de desarrollo antilaboral. Todo ello, en medio de un contexto que exige garantías para el trabajo, una renta mínima que permita la subsistencia de las familias y apoyos en el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas.  

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

“La pandemia desnuda la fragilidad del Estado Social de Derecho”

Ángela Robledo rememoró que apenas el año pasado en el mundo, y en Colombia, se estaban desarrollando movilizaciones exigiendo condiciones de vida digna y denunciando “que vivímos en uno de los países más desiguales del mundo”. Además, eran movilizaciones en las que las mujeres jugaban un papel fundamental, pidiendo el reconocimiento de la economía del cuidado y diciendo que la sobrecarga sobre sus vidas es evidente.

Con la llegada de la pandemia, la congresista manifestó que se desnudó la fragilidad del Estado Social de Derecho para proteger a los más vulnerables, y la para las mujeres esto ha significado un aumento desproporcionado de las violencias basadas en género. Además, también se ha traducido en un incremento de la pobreza: “En Colombia de cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres”, afirmó. 

Pero en medio de esta situación, a raíz de la necesidad de reclamar derechos, Robledo sostuvo que también se abrió una fisura en el capitalismo que nos invita a pensar en una agenda para el sur global, para Latinoamérica en términos de lo que necesita. Por ejemplo, sostiene que es necesario hablar del Sistema Nacional de Cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas que culturalmente les ha sido asignadas a las mujeres. 

Es tiempo de pensar relaciones económicas fuera del capitalismo

Los invitados al diálogo estuvieron de acuerdo en que dichas fisuras podrían generar cambios, como en el caso de la salud, volviendo a un sistema público que sea garantista de derechos y no privado, porque la pandemia ha demostrado que los sistemas privados no pueden responder a una situación de crisis sanitaria global. Adicionalmente, los invitados resaltaron las protestas antiracistas que se están dando en el mundo, afirmando que se está poniendo de presente una agenda de derechos que es de género, étnica clase y de generación. 

Garcés insistió en la necesidad de una renta básica que permita a los trabajadores la subsistencia y posibilite también elevar las condiciones del trabajo. Sarmiento señaló que la experiencia en Argentina, de trabajadores que asumen a empresas en quiebra podría retomarse bajo formas cooperativas modernas que impulsen la economía.

Igualmente, invitó a que el distanciamiento sea únicamente físico pero no social, añadiendo que en momentos de Tánato-política, “en que se administra la muerte, se tiene que apostar por una movilización por la vida en toda su heterogeneidad”.

Por su parte, Robledo aseguró que es momento de pensar en relaciones económicas fuera del capitalismo, apostar por un fortalecimiento del Estado Social que garantice derechos y en el caso de las mujeres, asumir la tarea fundamental de “deconstruir la división sexual del trabajo, eso implicará repensar las relaciones de producción y reproducción”. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook, a continuación:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se unen a la alerta hecha por Cococauca, sobre el aumento del riesgo en materia humanitaria que enfrentan comunidades en los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, en la costa pacífica de Cauca. Las organizaciones solicitan intervención estatal para garantizar los derechos de las poblaciones, así como el cese de las acciones bélicas por parte de los actores armados ilegales.

La alerta se suscribe en los términos de COCOCAUCA : “Los hechos de los últimos 17 meses muestran el grado de recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca…Con gran preocupación observamos, que los actores armados se aprovechan de la actual crisis del coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población, con el propósito de controlar los territorios. Las comunidades se encuentran en situación de doble confinamiento, uno, por el coronavirus y dos, por los actores armados, que no permiten que las personas realicen sus actividades diarias. Significa que, además de temer por sus vidas, las comunidades de la costa pacífica del Cauca se encuentran en una situación crítica de abastecimiento de víveres”.

El CINEP/PPP se suma al llamado para que las autoridades locales, departamentales y el presidente de la república, Iván Duque, asuman la responsabilidad de protección de estas comunidades expuestas a la arbitrariedad de los armados. Respaldamos su llamado a los actores armados ilegales a suspender de inmediato sus acciones bélicas y la exigencia a la Fuerza Pública de cumplir de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario.

Este llamado se suscribe a los órganos de control y protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para que procedan de inmediato a ejercer su mandato ante esta profunda crisis humanitaria.

El centro reafirma la vocación pacífica de estas comunidades como lo expresa COCOCAUCA: “… abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes”. Firman la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) Coordinación Regional del Pacífico (CRPC) Cinep-Programa por la Paz COMUNDO Corporación PODION Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP).

 

A continuación el comunicado completo: 

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo: