María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Pasado un mes del Paro Nacional la "Campaña Defender la Libertad" ha registrado 5.320 vulneraciones a los Derechos Humanos, muchas de ellas recaen sobre la juventud colombiana que está  movilizándose por otra sociedad y otro mundo posible.

Una gran diversidad de jóvenes, mujeres y hombres, se resisten a un no futuro en Colombia. Las movilizaciones tienen un fundado arraigo en la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza de muchos jóvenes en el país; más allá de la estigmatización de vandalismo criminal que el gobierno insiste en recriminarles.

Pero este injusto señalamiento va más allá de la estigmatización. Según la “Campaña defender la Libertad”, después de un mes de Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos son de 5.320 vulneraciones, entre las que se encuentran: 59 homicidios, 32 de ellos fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por "civiles" sin identificar. 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por el ESMAD. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas presuntamente por la Policía Nacional. 2152 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Según la Defensoría del Pueblo, son 89 personas desaparecidas; según la Fiscalía la cifra es de 129 personas, y según algunas organizaciones de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas. Los números indican tendencias y no es lo central, un problema de fondo es que aterradoramente un alto porcentaje de estas violaciones recaen sobre la juventud colombiana. Están eliminando a la juventud, sus vidas, sus proyectos y sus sueños.

¿Pero qué es lo que reivindican los diversos grupos de jóvenes? La diversidad y pluralidad de estos grupos o individuos no da para una agenda única ni se trata de unificarla ni de homogenizarla, sería un gran error de lectura. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de propuestas menos delimitadas y estáticas a lo que se suele llamar una agenda homogénea en los parámetros y comprensiones de los movimientos juveniles y de estudiantes de las décadas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Hoy existen jóvenes mujeres, hombres y diversidades sexuales, que los reúne diversas y ricas iniciativas, imaginarios, sueños y redes artísticas, animalistas, ambientalistas, emprendimientos económicos, etc., donde las narrativas expresan que otro mundo y otra sociedad es posible. Es una crítica propositiva a los modelos económicos, sociales y políticos que han existido. Es una explosión no solo en contra de un tipo de sociedad mercantilista, rentista, excluyente, segregacionista y depredadora de la naturaleza, sino una propuesta donde la diferencia, la diversidad de sentidos, de seres, de culturas, de modos de vida de sexos y géneros pueden convivir y ser creativos. Pero igualmente, no es una propuesta sino múltiples y pluriformes propuestas que se encuentran, interaccionan, se tensionan y buscan nuevas formas de transformar conflictos y generar arreglos complementarios y colaborativos.

En estos momentos de Paro Nacional si se escucha el grito juvenil a fondo, las agendas buscan especialmente, los derechos al trabajo, al estudio a la salud, el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado, una nueva política pos-extrema derecha e izquierda armada, con estrategias de violencia donde los jóvenes son los primeros en perder la vida. Los jóvenes quieren diálogo y no guerra; quieren menos armas y más trabajo; quieren menos ignorancia y más libros; quieren menos autoritarismo e incumplimiento de acuerdos y más construcción participativa de una democracia incluyente que reconoce como una riqueza las diferencias. Un país liberado de los corruptos, de élites regionales y nacionales que viven muy bien. Los jóvenes sueñan en una nación donde se realicen los derechos humanos, donde los ciudadanos asuman sus responsabilidades políticas, donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde vivir con justicia y dignidad sea un sueño posible.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

 

Porqué es importante la visita de la CIDH en medio de los abusos policiales y violación a los derechos humanos a un mes del Paro Nacional en la opinión de Alejandro Angulo y Víctor Barrera, investigadores del Cinep / PPP.

Después de la lluvia de críticas al gobierno colombiano por negarse a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller Marta Lucía Ramírez dio hoy luz verde para que este organismo arribe a Colombia el próximo 7 de junio. La visita había sido solicitada en medio del SOS por la preocupante situación de derechos humanos donde se suman decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de casos de agresiones en medio del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y cumplió un mes de movilización y respuesta represiva que incluye, además de uso excesivo de la fuerza y armas de fuego como se evidencia en videos y fotografías divulgadas ampliamente en la web por organismos defensores de derechos humanos, ongs y ciudadanos, la participación de civiles con armas apoyados por los policías, la desaparición y quema de personas, y el posible uso de propiedades privadas para centros de reclusión y tortura.  

“No se han tomado las medidas urgentes que requiere la gravedad de los casos”, explica Alejandro Angulo, , fundador y actual investigador del Banco de Datos y Derechos Humanos del Cinep / PPP, recalcando la importancia de la visita de la CIDH. Para Víctor Barrera, del equipo Conflicto, Estado y Paz del Cinep, esta visita “puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos”. 

“Sería un factor disuasivo en un contexto donde estamos viendo una violencia estatal desbordada”, anota Víctor quien la considera necesaria precisamente porque hay un escenario de “creciente impunidad donde los organismos de control están siendo inoperantes”. Además, el Congreso no está en ejercicio pleno de sus funciones, lo que configura un escenario donde no hay condiciones institucionales para limitar los abusos que se están presentando. 

Las intervenciones de la Cidh, tanto medidas cautelares, como peticiones, o visitas a los países, etc., son necesarias cuando las autoridades de los estados no han tenido la capacidad o la voluntad de garantizar los derechos humanos, frenar las violaciones y hacer justicia”, explica Alejandro Angulo.

“Por esa razón, las organizaciones de víctimas colombianas acudieron a estas instancias internacionales, dado que el Gobierno y el Estado colombianos no han puesto freno a la situación de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el paro nacional; por el contrario, continúa la vulneración de la vida e integridad personal de la población de forma sistemática por parte de la Fuerza Pública y de algunos particulares armados que han actuado con impunidad”, agrega Angulo, sacerdote jesuita. 

Para el investigador, negar o postergar la visita “es una señal inequívoca de que no hay voluntad política de remediar las causas del descontento popular ni de atender a sus justos reclamos de que se cumpla la Constitución” y  “da pie para pensar que hay intención de ocultar los hechos y maquillar la negligencia institucional. Recuérdese cómo, el gobierno dictatorial de Videla en Argentina también quiso postergar de la visita de la CIDH para realizar modificaciones en los centros de detención clandestina y trasladar a los detenidos a una isla, con el objeto de que la Comisión no se diera cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo”.

Según Angulo, es necesario insistir en la veeduría y acompañamiento internacional ante la crisis en Colombia. Por ejemplo, “en ocasiones anteriores de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) la mediación de los organismos internacionales ayudó a poner algún freno a estos crímenes”. Según Angulo, en este momento es vital seguir insistiendo en la presencia de las instancias del Sistema Regional de DDHH. 

“Colombia no puede esquivar la responsabilidad de defender los derechos y la dignidad de su población. La situación es demasiado grave cuando incluso los defensores de derechos humanos se sienten desprotegidos y algunos de ellos han resultado agredidos. Frente a la desprotección de su dignidad por parte de su propio Gobierno el pueblo colombiano tiene el derecho y el deber de recurrir a la ayuda internacional en la defensa de sus derechos básicos”.

Víctor Barrera concluye que “la Corte sería la instancia más adecuada para esclarecer cuáles han sido los eventos y los patrones en las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional en circunstancias donde el Estado está desconociendo los registros de organizaciones gubernamentales y parece que no está ofreciendo cifras transparentes”.

Por: Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP.

Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de la reforma tributaria, con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar el déficit fiscal producto de varios factores: 1) el aumento del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria; 2) la disminución del recaudo por la recesión económica y 3) las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por este mismo gobierno en 2019.

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las protestas primero se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas y luego de la reforma en su conjunto, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las ciudades más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP.