Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de un conjunto de reformas como la tributaria, a la salud y pensiones, con las cuales el gobierno de Iván Duque pretende solventar el déficit fiscal producto de varios factores, aumentar el gasto para enfrentar la emergencia sanitaria, y disminuir el recaudo por la recesión económica y las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por su gobierno en 2019. 

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las movilizaciones se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP.