Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


Elijamos dignidad, no indigencia, es el título de una propuesta que hace Oxfam internacional para aportar a la construcción de un plan de rescate económico justo a nivel global, frente a la crisis del coronavirus. Los efectos del virus se pueden manejar si la solidaridad se aplica, si las políticas públicas de los Estados priorizan la protección de su población; y si los países ricos proporcionan apoyos económicos estratégicos a las naciones en desarrollo y más empobrecidas del planeta.

La suspensión de diversas actividades laborales en medio de la propagación del Covid19 tiene un enorme impacto económico mundial. La Organización Internacional del Trabajo calcula que podrían perderse en el mundo ciento noventa y cinco millones de puestos de trabajo. Esto significaría que las familias en el mundo no podrían acceder a tres punto cuatro billones de dólares en ingresos. A esto se suma que globalmente son dos mil millones de personas que trabajan en el sector informal, lo que significa que, en países de renta media, como Colombia, los informales suman el sesenta y siete por ciento de las personas ocupadas. Esto representa más de ciento cuarenta millones de informales en América Latina. Personas que no podrán cumplir largas cuarentenas porque el día que no trabajen no comen, su salud será frágil, con riesgo de contraer enfermedades y débil capacidad de trabajo.

En este contexto, las próximas decisiones que tomen el Banco Mundial, el FMI y los países del G20, deben ser efectivas si quieren mitigar los impactos económicos negativos. Se deben tomar medidas que beneficien directamente a las personas más empobrecidas y no solo rescatar grandes empresas. Por su parte, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo ha solicitado dos punto cinco billones de dólares para rescatar la economías de los países en desarrollo y pobres.

Según Oxfam, entre las medidas posibles están: Primero: conceder subvenciones en efectivo para reforzar prestaciones sociales a empleados de bajo ingreso, esto activa la economía y las empresas asegurarán la fuerza laboral. Segundo: rescatar empresas de manera responsable. Dar prioridad a las pequeñas y medianas y rescatar empresas grandes que tomen en serio los intereses laborales. Tercero: suspender la deuda externa durante un año y condonarla cuando sea necesario. Cuarto: emitir derechos especiales de giro para estimular la economía global. Quinto: que los Estados ricos incrementen la cuota de ayuda a los Estados pobres, partiendo de su compromiso de destinar el cero punto siete por ciento de su PIB, incluyendo la respuesta del plan humanitario global ante el Covid19. Y, finalmente, una sexta medida es aplicar impuestos solidarios de emergencia, gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de personas más ricas, productos financieros especulativos y actividades de impacto negativo en el medio ambiente.

Sin la aplicación de estas medidas la crisis sumirá en la pobreza a quinientos millones de personas en el mundo, perdiéndose hasta tres décadas de lucha contra la pobreza. El Padre Cantalamessa, en la homilía del viernes santo en la Basílica de San Pedro, expresó: “La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, formuló hace un mes que el mundo caerá en una recesión económica peor que la del año dos mil nueve por causa del coronavirus. Coincide con esta apreciación economistas como Jeffrey Frankel, profesor de la Universidad de Harvard, quien dice al ser entrevistado por la BBC Mundo: la rápida expansión del virus está provocando pánico en los mercados financieros. La fuga de capitales, el desplome de los precios del petróleo, el cese de actividades en el sector de la construcción, el cierre de rutas aéreas y de turismo; la inestabilidad de las bolsas asiáticas, europeas y norteamericanas, sumado a la devaluación de las monedas frente al dólar y la incertidumbre de cuánto va a durar esta pandemia, hacen parte de la inminente amenaza de contracción económica mundial.

Por su parte, Marcos Casarin, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, los inversores están prefiriendo refugiar sus capitales en el dólar en la medida que el brote se propaga. Y agrega, todo dependerá de cuántos bloqueos de emergencia se impongan más allá de marzo. Para Casarin, la combinación entre caída del petróleo, el desplome de las monedas y el coronavirus, es negativo para Latinoamérica. Brasil, Chile y Colombia están entre los países más afectados por la devaluación de sus monedas durante este año. Argentina, ya en recesión, verá una recesión más profunda y los que están al borde de ella, como México, se verán arrastrados. Para Jan Hatzius, economista del banco Goldman Sachs, habrá que ver si las autoridades de salud pueden retrasar la propagación del virus a través de un aumento en las pruebas, restricciones en las reuniones masivas y cuarentenas de personas infectadas. La profundidad de la crisis dependerá de cuán lejos y rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará hasta que se encuentre la vacuna y qué tan efectivos serán los gobiernos para mitigar el daño.

Una pregunta importante es, ¿cómo afectará el virus a las personas trabajadoras en el país? Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Universidad EAI de Medellín, solo el treinta y uno punto ocho por ciento de los trabajadores informales, algo más de diez millones, podrían realizar su actividad por teletrabajo, el resto, cuatro millones doscientos mil, dejarán de percibir ingresos y si no existen políticas públicas para cubrir sus necesidades básicas, tendrán que salir de sus casas a conseguir ingresos. Todo esto deja ver el profundo problema de la informalidad del empleo en Colombia y las graves consecuencias de un modelo económico que tiene como centro solo el crecimiento de capitales, pero no la calidad de vida de las personas.

El Papa Francisco en su bendición extraordinaria Urbi et Orbe, expresó: “Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Nos encontramos asustados y perdidos. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.