Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El veinte de julio pasado inició una nueva legislatura del Congreso de Colombia, con la esperanza de que realmente tenga un papel pertinente en tiempos de covid-19. Pues, hasta el momento, como lo analiza la Misión de Observación Electoral -MOE-, en un reciente informe, el Congreso se volvió un espectador de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, no actuó como un órgano de control político y se limitó a ser un apéndice del Gobierno.

El Informe de la MOE agrega que, durante la última legislatura, el Congreso no contó con una adaptación rápida al contexto generado por el Covid-19, lo que no permitió una formulación de propuestas dirigidas a enfrentar la emergencia.

Nos recuerda este informe que, adicional al control judicial realizado por la Corte Constitucional, el Congreso de la República está llamado a realizar un control político al Gobierno nacional respecto a la declaratoria del estado de emergencia y el correcto ejercicio de las facultades excepcionales que le son otorgadas por la Constitución Política. Sin embargo, debido a las controversias generadas sobre la forma en que debía sesionar el Congreso, si eran válidas o no las sesiones virtuales o si necesariamente tenían que ser presenciales, se perdió tiempo valioso para ejercer un control dinámico y efectivo a las medidas adoptadas en el estado de excepción y no generó respuestas a la crisis desde las demandas de la ciudadanía. No hay duda que, el momento que atraviesa nuestro país requiere más que nunca del correcto funcionamiento del Congreso. Más que nunca su trabajo debe ser eficiente y eficaz, pero todo quedó reducido al formalismo y a los mecanismos metodológicos de cómo sesionar, desatendiendo lo que los ciudadanos necesitan: legislar para solucionar los problemas acuciantes de semejante pandemia.

A esto se agrega los debates sobre los acuerdos interpartistas para elegir al nuevo presidente del Congreso y de cómo en esto se favorece más las conveniencias que las calidades profesionales, políticas y éticas de los candidatos. Para el caso actual, el acuerdo interpartidista para elegir la presidencia del Congreso, promocionó el nombre de Arturo Char. Según el analista León Valencia, el señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Igualmente, la Corte Suprema adelanta una indagación. A pesar de ser un impedimento ético indiscutible su opción está en pie. Pero si esto fuera poco, añade Valencia, la organización “Trabajen Vagos” le registra, a Char, ciento cuarenta y nueve inasistencias al Congreso entre los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es decir, ¿una persona que no tomó en serio su responsabilidad como congresista, metido en deshonestas investigaciones judiciales, es quien ha sido tenido muy en cuenta para orientar las labores del Congreso? En Colombia seguimos utilizando los cargos públicos para alimentar los bolsillos propios y para desarrollar el más desvergonzado clientelismo político; mezclado con negocios legales e ilegales, que a su vez están defendidos por las armas de grupos ilegales y algunos sectores armados legales.

Necesitamos en Colombia una nueva visión y práctica del papel del Congreso como el espacio de poder que legisla, que elabora las leyes que nos gobiernan. En consecuencia, debería ser el escenario por excelencia de la participación y de la democracia de una nación. Por eso, es indispensable y estamos en mora, desde hace ya décadas, de corregir el rumbo del Congreso, ponerlo al servicio de la construcción de un país diverso e incluyente, limpiarlo de las elites clientelistas y corruptas que lo utilizan para sus beneficios egoístas.

El Papa Francisco en el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz del año pasado expresó: “Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción".

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

La dispersión de la pandemia no ha sido uniforme y viene afectando de manera diferencial a los ciudadanos de cada país latinoamericano. La misma dinámica puede observarse con respecto a las respuestas gubernamentales. Es posible detectar un amplio espectro de respuestas que iría desde la contención sostenida en la anticipación estatal, hasta el negacionismo de la pandemia de corte populista. Sin embargo, el covid-19 está poniendo a prueba de manera uniforme tanto las fragilidades como las resistencias existentes en el tejido social de América Latina y el Caribe.

Vale la pena recordar que esta crisis sanitaria se asienta sobre el terreno de múltiples protestas que venían cuestionando la gobernabilidad estatal en diferentes contextos nacionales. Así mismo, la caída de las commodities, del empleo formal e incluso sectores enteros como el turismo y el food service avisan polvorines prestos a estallar ante la desaceleración de la economía mundial y la segura recesión en los aparatos productivos latinoamericanos. Que no decir de la reorganización de las economías ilegales y de las empresas criminales, que parecen haberse enraizado con mayor virulencia en el ámbito territorial y que seguramente afianzaran la dependencia de grandes sectores de la población ante la crisis porvenir.

Pero no todo el panorama es devastador. También es posible observar la emergencia de diferentes solidaridades vecinales, interétnicas y urbano rurales que intentan resolver el problema alimentario y las dilaciones estatales; así como atenuar, en alguna medida, desafíos estructurales como el de la desigualdad social. Y hay signos promisorios de movilizaciones populares que anuncian la revitalización de la democracia desde abajo.

Bajo el anterior contexto, la pregunta guía de la presente convocatoria de la revista Controversia será: ¿Cómo la desigualdad social ha incidido en el despliegue de la pandemia en nuestro contexto latinoamericano, qué respuestas oficiales ha suscitado y qué resistencias sociales ha generado?

Invitamos, por lo tanto, a publicar artículos y trabajos de investigación que analicen y reflexionen en torno a la expansión del Covid-19 en las diferentes naciones de América Latina y el Caribe. Así mismo, son de particular interés para esta convocatoria los cruces analíticos de la pandemia con variables interseccionales como género, interculturalidad, medio ambiente, etnicidad y movimientos sociales. También es de interés analizar el impacto de la pandemia en las economías ilegales, la ruralidad, la soberanía alimentaría y la gobernabilidad política.

Fechas:

  • Apertura: 1 de julio de 2020
  • Cierre: 15 de septiembre de 2020
  • Publicación: febrero de 2021
  • Editor del dossier: Carlos Duarte
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

El CINEP/Programa por la Paz continúa prestando su servicio con dedicación en medio de la enfermedad y crisis que nos impactan. Hemos estado en comunicación constante con las comunidades con quienes trabajamos en la región Pacífico, Sur de Córdoba, Sur de La Guajira, Cartagena de Indias, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, frontera colombo-venezolana, Sur del Tolima, Boyacá, Eje Cafetero, Putumayo, Amazonas, Bogotá y Soacha. A la par avanzamos en nuestros compromisos con cooperantes, entidades no gubernamentales, académicas y actores del sector público, por medio de encuentros virtuales. Y, aunque no somos una entidad humanitaria, estamos realizando algunas acciones en este sentido, pues las comunidades donde hacemos presencia están afectadas y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Con sentido de solidaridad, nos movilizamos y hacemos gestión de recursos para apoyar a los más vulnerables.

Como nos recuerda el profesor Jorge Giraldo Ramírez, “ante la vulnerabilidad y la fragilidad manifiesta de los seres humanos –manifiesta aún más con la pandemia que no reconoció clase social- hay que generalizar una ética basada en la consideración, la responsabilidad, y el cuidado. La consideración igual de cada persona demanda reflexión y contemplación; la responsabilidad demanda afecto y personalización; y el cuidado demanda lentitud y compasión”1.

Nos preocupan, en esta coyuntura, el riesgo de extinción de nuestros pueblos indígenas, la profundización de la desigualdad social y la fragilidad de la democracia, así como la transgresión de las garantías para la vida de líderes sociales y comunidades campesinas, y la débil implementación del Acuerdo de Paz. Por eso animamos a todos nuestros amigos y públicos a continuar juntos en nuestras causas pacíficas por una sociedad justa, sostenible y en paz. Que las vulneraciones a las y los excluidos de siempre y las que afloran en cuarentena no se vuelvan costumbre. Y que la indignación y defensa de los derechos humanos sigan siendo nuestra apuesta de vida.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz.


Giraldo R. Jorge. Consideraciones sobre la crisis. En: Pensar la Crisis. Perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros. – Medellín: Ed. Eafit, 2020.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El año pasado, los cultivos de coca y la producción de cocaína aumentaron en Colombia. Fueron doscientas doce mil hectáreas y novecientas cincuenta toneladas de cocaína, una cifra récord, según mediciones del gobierno estadounidense. Desde esta cifra el presidente Trump incitó al mandatario colombiano Iván Duque a retornar a la fumigación con glifosato, suspendida desde hace cinco años por el gobierno Santos, ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que consideró este herbicida como probablemente cancerígeno. La meta es reducir a la mitad los sembrados en tres años, incluyendo la erradicación manual forzada y un desarrollo alternativo, mil veces prometido, pero nunca bien diseñado.

¿Pero qué están viviendo hoy las comunidades cocaleras en Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Tolima, norte del Cauca, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, sur de Córdoba y del Pacífico?

El gobierno está aplicando la erradicación forzosa de los cultivos de coca, apoyado en la militarización y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, a esto se suma la presión de los grupos armados ilegales del narcotráfico y las guerrillas por el control de la producción y de las rutas del narcotráfico, lo que ha causado hechos violentos, judicialización de la movilización social y deplorables asesinatos en varias regiones.

Por otra parte, ciento treinta mil familias de estas comunidades, con la esperanza de transformar su economía, se acogieron al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), producto del Acuerdo de paz, una alternativa de erradicación voluntaria que propone un proceso de transición económica, legalización de tierras, construcción de vías, servicios públicos, fomento, asistencia técnica y bancarización agropecuaria, productos comercializables y rentabilidad. Sin embargo, el gobierno, no está cumpliendo con el desarrollo del PNIS, los procedimientos en esa dirección son lentos, no hay voluntad política ni financiación ni las estrategias para perseguir a los narcotraficantes, reales dueños del negocio, son eficientes. En su lugar, el gobierno está aplicando prioritariamente la erradicación forzada y abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato. Paradójicamente, ya está probado por años que estas estrategias son más costosas, ineficientes, impulsa la acción de los ilegales, no resuelve los profundos problemas de las comunidades y, al contrario, las hunde más en sus agobiantes problemas.

Hace un año los obispos del Pacífico y del Suroccidente del país expresaron un rotundo no a la fumigación con glifosato, al afirmar: “Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de la República de Colombia de reanudar las negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es, en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones. Invitamos al gobierno a que se exploren mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática que afecta a nuestros pueblos. Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante; reiteramos el llamado al gobierno a que se priorice la protección de la vida humana, del medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

“Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”.

Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

Como director del CINEP/Programa por la Paz, expreso un cálido saludo a las personas, organizaciones, agencias y entidades de cooperación, así como a las instituciones sociales, académicas y públicas con las que realizamos en alianza nuestra labor. Mis mejores deseos de buena salud y bienestar en medio de esta grave situación en la que necesitamos la mayor fortaleza y solidaridad.

El CINEP/PPP, durante dos meses de confinamiento, no ha parado ni un solo día de realizar sus servicios de investigación, construcción de información, acompañamiento, comunicación e incidencia, en medio de los cambios que exige el actual contexto de la pandemia.

Esta situación ha obligado a organizar planes de contingencia con nuestros Equipo de trabajo los cuales han sido consultados con los aliados locales, regionales y nacionales, y debidamente concertados con las agencias internacionales de cooperación, las redes internacionales a las que pertenecemos y las organizaciones e instituciones aliadas en el país.

Como todos sabemos, estamos aún en un tiempo de desarrollo de la enfermedad y el estado de incertidumbre tiene un alto nivel de presión, sin llegar aún al máximo de desarrollo. Aun así, sabemos y estamos acompañando, en medio de las limitaciones del aislamiento obligatorio, la dura y dolorosa situación que viven las comunidades y organizaciones sociales con las que nos relacionamos en todo el Pacífico colombiano, en el sur de Córdoba, sur de la Guajira, Sierra de Santa Marta, la frontera colombo/venezolana desde la Guajira hasta Arauca, el Putumayo, algunas comunidades indígenas de la Amazonia, campesinas del Valle del Cauca, Magdalena medio, Boyacá y urbanas en Soacha. El equipo de personas del CINEP/PPP está atento a la situación de las comunidades locales donde hacemos presencia, estamos haciendo llegar no solo nuestra voz de ánimo, sino también algunas ayudas materiales para las emergencias de alimentación y salud. Esto ha sido posible porque las agencias y entidades aliadas están comprometidas con la difícil situación que viven las comunidades, así como por el esfuerzo personal y colectivo de nuestro equipo quienes han donado parte de su salario a la campaña de solidaridad que estamos realizando.

De otra parte, nos preocupa sobremanera que, en medio de semejante situación de enfermedad, se continúe asesinando, amenazando y persiguiendo a los líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, especialmente en la zona andina del departamento del Cauca, pero igualmente en norte de Santander, Putumayo y Antioquia, por solo nombrar algunas regiones. Igualmente, estamos impulsando en diversos escenarios de redes y aportando con análisis para que el actual Gobierno y el ELN vuelvan a reiniciar las conversaciones y que propicien un diálogo que genere resultados efectivos en términos humanitarios y de paz para el país.

A todas las personas y entidades que les llega este Boletín del CINEP/PPP, aliados, locales, nacionales e internacionales, les queremos agradecer su apoyo, credibilidad y solidaridad en nuestro trabajo. Nosotros estamos atentos, con el mayor interés, a sus solicitudes e invitaciones.

Fraternalmente; Luis Guillermo Guerrero Guevara. Director general CINEP/PPP.